La luz verde del Senado a la expropiación de las tierras ancestrales de los Sawhoyamaxa, es un paso decisivo para que esta comunidad indígena pueda empezar a reconstruir su vida. “Es un gran logro de la comunidad y un reconocimiento a su valiente lucha. La expropiación permitiría poner fin a las violaciones de derechos humanos que han padecido los Sawhoyamaxa durante los últimos 20 años”, dijo María José Eva, investigadora de Amnistía Internacional sobre Paraguay.
La decisión del Senado permite avanzar hacia el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 ordenó a Paraguay que devolviera a los Sawhoyamaxa sus tierras ancestrales.
Esta comunidad, formada por 146 familias del pueblo Enxet, lleva luchando más de 20 años por poder volver a su tierra en el oriente de la región del Chaco. Durante este tiempo han aguantado duras condiciones de vida en un reducido terreno al lado de una carretera muy transitada y sin acceso a un suministro regular de alimentos, agua y otros servicios básicos.
En marzo del año pasado, tras el fracaso de las negociaciones de compra entre el propietario privado de sus tierras y el Estado, la comunidad ocupó parte de su territorio ancestral y continuó con sus reclamaciones desde dentro de sus tierras.
El gobierno decidió entonces elaborar el proyecto de ley de expropiación de 14.404 hectáreas de tierra en el territorio Sawhoyamaxa e indemnizar a su propietario. Este es el proyecto que el Senado ha aprobado. El proyecto de ley debe ser todavía debatido y aprobado por los miembros de la Cámara de Diputados y promulgado por la Presidencia de la República.
“Esperamos que, al igual que han hecho los senadores, los diputados paraguayos decidan pronto en favor de los derechos de los Sawhoyamaxa y la ley sea inmediatamente promulgada para que entre en vigor lo más pronto posible. El sufrimiento infringido a la comunidad durante más de 20 años debe terminar de una vez”, dijo María José Eva.
