La
negativa de las autoridades paraguayas a proporcionar un aborto seguro a una niña de 10 años violada podría tener consecuencias devastadoras para la salud de la pequeña y sumaría injusticia a la tragedia, según ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La organización pide al gobierno que intervenga para
garantizar que la niña obtiene todo el tratamiento médico que necesite, incluida la interrupción de este embarazo. En Paraguay, el aborto sólo se permite cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corre peligro. En cualquier otra circunstancia, incluso cuando el embarazo es resultado de violación o incesto o cuando el feto sufre una malformación grave, el aborto no está permitido. Esta restrictiva ley de aborto es contraria al derecho internacional. “El
impacto físico y psicológico de obligar a esta niña a continuar con un embarazo producto de una violación y peligroso constituye tortura y otros malos tratos conforme a la Convención contra Tortura de Naciones Unidas. Las autoridades paraguayas no pueden limitarse a observar cómo esta niña violada por su padrastro es obligada a soportar una agonía y un tormento aún mayores”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional. “El obligar a esta niña a llevar su embarazo a término, contra su voluntad, podría tener consecuencias devastadoras para su salud.”
La niña, quedó embarazada tras ser violada por su padrastro. Al llegar al hospital quejándose de dolor de estómago, se confirmó que estaba embarazada de 21 semanas. Ayer, 28 de abril, la madre de la niña pidió al hospital que se le practicara un aborto a su hija. Sin embargo, las informaciones más recientes sugieren que
los deseos de la madre y la niña se están ignorando y que la niña ha sido enviada a un hogar de niñas madres. La madre se encuentra actualmente bajo custodia, imputada de incumplimiento del deber de cuidado y de complicidad en abusos sexuales. Expertos de todo el mundo, incluida la Organización Mundial de la Salud, coinciden en que el embarazo supone riesgos específicos para las niñas, cuyos cuerpos aún no están totalmente desarrollados. Tras el examen practicado a la niña, el director del hospital reconoció públicamente que el embarazo de la pequeña suponía un alto riesgo para ella. Unos días después, el Ministerio Público ordenó que la niña fuera ingresada en un hospital diferente, el Hospital de la Cruz Roja, para ser puesta en observación. “Paraguay debe cumplir con las responsabilidades que ha contraído en virtud del derecho internacional. El mundo está observando a las autoridades del país, pidiéndoles que apoyen a la niña y que proporcionen acceso a tratamiento que puede salvar la vida tanto a esta pequeña como a muchas otras niñas y mujeres iguales que ella. Resulta desolador pensar en el terrible suplicio que esta niña de 10 años ha padecido ya.
Obligarla a continuar con este embarazo no deseado constituiría una violación adicional de sus derechos y sólo serviría para prolongar el horror”, ha manifestado Guadalupe Marengo.
Información adicional:
En marzo de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pidió a Paraguay que revisara y
modificara su legislación sobre el aborto para garantizar su compatibilidad con otros derechos, como el derecho a la salud y a la vida. Amnistía Internacional ha emitido una acción urgente y sus activistas han escrito cartas al ministro de Salud Pública y Bienestar y al fiscal general pidiéndoles que intervengan para proteger a la niña y garantizar sus derechos humanos.
