Palabras huecas en cuanto a derechos humanos

El gobierno tunecino está engañando al mundo al transmitir una imagen positiva de la situación de los derechos humanos en el país al tiempo que sus fuerzas de seguridad siguen perpetrando abusos de forma constante y con impunidad. Así lo ha revelado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy, 23 de junio. “El gobierno tunecino ha afirmado repetidamente que cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero eso dista mucho de la realidad. Ya es hora de que las autoridades abandonen las palabras huecas respecto a los derechos humanos y tomen medidas concretas para poner fin a los abusos”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Como primer paso, las autoridades tunecinas deben reconocer las inquietantes denuncias documentadas en este informe, deben comprometerse a investigarlas y deben llevar a los responsables ante la justicia.” El informe, titulado In the Name of Security: Routine Abuses in Tunisia (En nombre de la seguridad: abusos sistemáticos en Túnez), expone con detalle los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en cuanto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en relación con la política antiterrorista y de seguridad del gobierno. En sus esfuerzos por prevenir la formación de lo que denominan “células terroristas” en Túnez, las autoridades han llevado a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias que violan la ley tunecina, han provocado la desaparición forzada de detenidos, han utilizado la tortura y los malos tratos y han juzgado y condenado a personas en procedimientos injustos. Además, han juzgado a civiles ante tribunales militares sin presentar apenas pruebas que fundamentaran los cargos. Las autoridades están utilizando la amplia definición de terrorismo que ofrece la Ley Antiterrorista de Túnez para criminalizar actividades de oposición legítimas y pacíficas. Aunque en los últimos años se han introducido reformas legales con el fin de brindar una mejor protección a las personas detenidas, las fuerzas de seguridad tunecinas burlan sistemáticamente las leyes, que no sirven de salvaguardia adecuada contra la tortura, los juicios injustos y otros abusos graves contra los derechos humanos.   Ramzi el Aifi, Ousama Abbadi y Mahdi Ben Elhaj Ali eran tres de los acusados del caso Soliman. Sus abogados denunciaron que unos guardias de la prisión de Mornaguia los habían atado y les habían propinado patadas y puñetazos el 16 de octubre de 2007, al parecer porque se habían puesto en huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de reclusión. Abbadi sufrió una lesión grave en un ojo y una herida abierta y profunda en la pierna, y cuando su abogado lo vio el 20 de octubre de 2007 iba en silla de ruedas, incapaz de caminar. Ramzi el Aifi dijo a su abogado que lo habían atado con una cuerda, lo habían golpeado y le habían introducido un palo por el ano. No se tiene noticia de que las autoridades tunecinas hayan iniciado investigación alguna sobre estos abusos, y los presuntos responsables no han comparecido ante la justicia. Ramzi el Aifi y Ousama Abbadi fueron condenados a cadena perpetua, aunque la condena de Abbadi se redujo a 30 años de prisión en apelación. Mahdi Ben Elhaj Ali fue condenado a 12 años de prisión, reducidos a 8 en apelación. La mayoría de los abusos contra los derechos humanos los cometen fuerzas del Departamento de Seguridad del Estado, que utilizan la tortura con una impunidad prácticamente total. Al no investigar las denuncias de tortura, la Fiscalía y su personal, al igual que los jueces, que suelen carecer de independencia, ayudan en la práctica a encubrir casos en los que los detenidos permanecen recluidos en régimen de incomunicación durante periodos prolongados en contra de lo establecido por la propia ley de Túnez, y casos de torturas a detenidos que violan tanto el derecho tunecino como el internacional. Con su silencio e inacción, los fiscales y jueces se convierten en cómplices de los abusos. “Las autoridades tunecinas tienen la obligación de proteger a la población y combatir el terrorismo, pero al hacerlo deben cumplir con las obligaciones establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui. “Deben garantizar que las disposiciones antiterroristas y afines no facilitan los abusos contra los derechos humanos y que, en la práctica, el Departamento de Seguridad del Estado y otras fuerzas de seguridad respetan en todo momento el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.” Pese a este historial de abusos, varios gobiernos árabes y europeos y el gobierno estadounidense han devuelto a personas a las que consideraban sospechosas de terrorismo a Túnez, donde han sido sometidas a detención y reclusión arbitraria, tortura, malos tratos y juicios flagrantemente injustos. Houssine Tarkhani fue devuelto por Francia a Túnez el 3 de junio de 2007, y a su llegada al país fue detenido. Permaneció recluido en secreto en el Departamento de Seguridad del Estado de la ciudad de Túnez durante nueve días, en contra de lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos, y tres días más de lo que permite la ley tunecina para la detención preventiva. Durante ese tiempo, a Houssine Tarkhani, según su abogado, lo golpearon con un palo por todo el cuerpo, le aplicaron descargas eléctricas y lo insultaron y amenazaron de muerte. Cuando pidió que le permitieran leer el informe policial –cosa que le denegaron–, le propinaron nuevas palizas. Durante su detención preventiva no se informó de su detención a ninguno de sus familiares directos, conforme establece la ley tunecina. Su familia sólo tuvo conocimiento de su paradero cuando compareció ante un juez de instrucción el 12 de junio de 2007. Su primera comparecencia ante el juez se produjo sin la presencia de abogados, pues a éstos no se les permitió acceder a él hasta el 19 de junio de 2007, cuando lo vieron en la prisión de Mornaguia. La petición de su abogado de que se le realizara un examen para detectar señales de tortura no recibió respuesta. “En lugar de devolver a Túnez a ciudadanos de este país que a su llegada pueden ser objeto de tortura y juicios injustos, los gobiernos extranjeros deben instar al gobierno tunecino a que tome medidas concretas para promover una reforma de los derechos humanos”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.