Londres.- Kuretê Lopes, anciana guaraní-kaiowá de 69 años, es la última víctima de la violencia relacionada con la tierra que asuela el estado de Mato Grosso do Sul. Kuretê Lopes murió al dispararle en el pecho un guardia de seguridad durante el desalojo de las tierras de una hacienda que los guaraní-kaiowá consideran ancestrales.
La muerte de Kuretê Lopes se inscribe en un panorama de violencia e intimidación contra los pueblos indígenas que luchan por el derecho constitucional a sus tierras ancestrales en Mato Grosso do Sul, estado que se ha convertido en el epicentro de los abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas.
El viernes 5 de enero, un grupo formado por unos 50 indígenas guaraní-kaiowá ocuparon tierras que reclaman como ancestrales en la hacienda de Madama, en la región de Kurusu Mba de Mato Grosso do Sul. Según los informes, a primeras horas de la mañana del 9 de enero, unos 40 hombres armados de una empresa de seguridad privada entraron en la hacienda en un convoy de camiones para sacar a los indígenas. Durante el desalojo, Kuretê Lopes fue abatida a tiros y Valdecir Ximenez, de 22 años, recibió tres disparos en la pierna. A todos los guaraní-kaiowá, incluido Valdecir Ximenez, los obligaron a subir a los camiones y a un autobús y los sacaron de la hacienda. También se llevaron el cadáver de Kuretê Lopes. Los dejaron en la cuneta de una autopista, cerca de su poblado indígena de Taquapery. Los guaraní-kaiowá luchan ahora por el derecho a que el cuerpo de Kuretê Lopes sea enterrado donde fue asesinada, según la costumbre guaraní.
Se teme que los hombres que mataron a Kuretê Lopes trabajen para la misma empresa de seguridad cuyos privada empleados mataron a tiros a otro miembro de la comunidad guaraní-kaiowá, Dorvalino Rocha, de 39 años, una semana después de un desalojo violento en diciembre de 2005.
Amnistía Internacional pide a las autoridades federales que investiguen minuciosamente la muerte de Kuretê Lopes. También es urgente que se endurezcan los controles a las empresas de seguridad privadas, desde hace tiempo implicadas en la violencia y la intimidación contra los pueblos indígenas de todo Brasil.
Las autoridades brasileñas deben establecer normas claras y estrategias concretas para resolver los persistentes problemas de derechos humanos que afectan a la población indígena de Brasil. A menos que se produzca una intervención decisiva del gobierno federal para acelerar el proceso de demarcación de las tierras, proteger a los pueblos indígenas del estado y resolver pacíficamente los conflictos por la tierra, Mato Grosso do Sul seguirá siendo sinónimo de violencia contra los pueblos indígenas.
Información complementaria A pesar de ser uno de los pueblos indígenas más numerosos de Brasil, los guaraní-kaiowá se encuentran entre los que tienen una de las proporciones más pequeñas de tierra por persona. La mayoría de ellos viven en 27 territorios reconocidos oficialmente en el sur del estado de Mato Grosso do Sul, en bolsas rurales de pobreza rodeadas por grandes plantaciones de soja y caña de azúcar y reservas urbanas superpobladas, castigadas por la malnutrición, las enfermedades, las condiciones de vida miserables, los suicidios, la violencia y el alcoholismo. Desde la década de los noventa, los guaraní-kaiowá intentan invertir el proceso de desposeimiento y empobrecimiento que han sufrido durante siglos. Una serie de líderes indígenas han perdido la vida en ocupaciones pacíficas de tierras ancestrales, como sucedió con Marcos Veron, golpeado hasta morir por peones y pistoleros a sueldo en enero de 2003. En diciembre de 2005, un guardia de seguridad contratado por terratenientes locales disparó en el pecho a Dorvalino Rocha, de 39 años, tras un desalojo violento.
