Ocasión perdida para una política exterior de derechos humanos

Madrid.- Amnistía Internacional se ha dirigido hoy por carta urgente al presidente José Luis Rodríguez Zapatero para expresarle la preocupación de la organización en relación con la política exterior española hacia Colombia. Durante la reciente visita a este país del presidente del Gobierno español, y según las informaciones aparecidas en la prensa, no se ha tratado con la relevancia que merecen las preocupaciones sobre la continuada crisis de derechos humanos a la que se enfrenta Colombia desde hace décadas. Para Amnistía Internacional se trata de una ocasión perdida de desarrollar una política exterior comprometida con los derechos humanos. La organización considera que el Gobierno español debería desarrollar un papel mucho más relevante y comprometido con la defensa de los derechos humanos, exigiendo al Gobierno colombiano que ponga en marcha las recomendaciones de Naciones Unidas y no respaldando las políticas del Gobierno colombiano contrarias a esas mismas recomendaciones. En opinión de Amnistía Internacional, el Gobierno español ignora en sus relaciones con Colombia la sistemática violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de todas las partes armadas en el conflicto colombiano, esto es, la fuerza pública colombiana, los grupos paramilitares respaldados por el Ejército y los grupos armados de oposición. Aunque en los últimos años algunos indicadores de la violencia política han descendido, como el secuestro y los homicidios, la situación de los derechos humanos en Colombia se mantiene muy crítica, afectando con especial rigor a la población civil. Los civiles continúan sufriendo de manera desproporcionada el conflicto armado, mientras que algunas de las políticas del Gobierno  colombiano empujan aún más a los civiles dentro del conflicto, como la creación de un ejército de soldados campesinos o el establecimiento de una red de informantes civiles. Mujeres y niñas han sido violadas, asesinadas, "desaparecidas" y mutiladas a manos de todas las partes en conflicto, con el fin de aterrorizar a la población civil o por venganza entre los actores armados. Al mismo tiempo, los defensores de los derechos humanos y los activistas sociales siguen siendo perseguidos, amenazados y, en ocasiones, asesinados. Prueba de ello es la reciente masacre ocurrida en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En febrero de 2005, ocho miembros de la comunidad, incluidos mujeres y niños de corta edad, murieron a manos de hombres armados que, según los informes, se identificaron como miembros del ejército colombiano. Amnistía Internacional considera que el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas sigue siendo la condición imprescindible para que se produzcan avances en la protección y el respeto de los derechos humanos en Colombia, y por tanto para mantener la asistencia internacional a ese país. En este sentido, el Gobierno español debe tener en consideración la proposición No de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados en junio de 2004, promovida por el Partido Socialista, en la que se le insta, entre otras cuestiones, a comprometer al Gobierno colombiano en el cumplimiento de las 27 recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.