Londres.- Amnistía Internacional pide una vez más a las autoridades griegas que proporcionen a las personas que se quedan sin hogar a consecuencia de los desalojos forzosos un alojamiento alternativo adecuado, de conformidad con las obligaciones internacionales que incumben a Grecia.
Según los informes, el último desalojo forzoso comenzó la mañana del 20 de julio y terminó el 21 de julio de 2009. La policía griega desalojó a alrededor de un centenar de personas que vivían en la antigua sede del Tribunal de Apelación de Atenas y no se les ofreció alojamiento alternativo ni antes ni después del desalojo. Los informes señalan también que los migrantes que todavía vivían en el edificio en desuso no recibieron la debida notificación de que la policía se disponía a desalojarlos de forma inminente.
Unas 600 personas, entre ellas migrantes irregulares y posibles solicitantes de asilo, llevaban viviendo los tres últimos años en el edificio en desuso de la calle Sokratous en unas condiciones deplorables, sin agua, electricidad ni servicios de saneamiento adecuados. En los dos últimos meses, las autoridades griegas intentaron desalojarlas del edificio. Los 600 residentes se negaron a marcharse, alegando que no tenían otro lugar donde vivir. En el momento del desalojo se había reducido a un centenar el número de personas que todavía vivían allí, pues la policía había puesto en marcha operaciones de barrido en el centro de Atenas en las que se detuvo a muchos de los residentes de la antigua sede del Tribunal por no poseer documentos acreditativos de su derecho a permanecer en Grecia.
Según los informes, la policía sólo detuvo a unas pocas de las personas desalojadas, pues la mayoría habían abandonado el edificio la noche anterior y se habían dispersado por el centro de Atenas. Organizaciones no gubernamentales locales han expresado su temor de que muchas de las personas desalojadas hayan sido detenidas posteriormente en operaciones de barrido efectuadas en el centro de Atenas el 20 y 21 de julio, y de que quienes carezcan de documentos que acrediten su derecho de residencia en Grecia probablemente sean recluidos y expulsados.
El 9 de mayo de 2009, cinco migrantes resultaron heridos después de que un grupo de extrema derecha intentara irrumpir en la antigua sede del Tribunal. Varios activistas de derechos humanos sufrieron heridas leves durante el ataque. Según los informes, aunque la policía estaba presente, no hizo nada para impedir los ataques ni proteger a las personas agredidas.
El 12 de julio de 2009, unas 300 personas migrantes y solicitantes de asilo habían sido desalojadas de sus viviendas improvisadas en Patras. En esa ocasión, Amnistía Internacional expresó preocupación por el centenar de personas que se habían quedado sin hogar a consecuencia de los desalojos, y que vivían en el campo, cerca de Patras, sin cobijo, acceso a agua, servicios de saneamiento o asistencia médica. Al parecer, entre las personas que se quedaron a la intemperie había un número reducido de menores de edad no acompañados.
El derecho internacional prohíbe los desalojos forzosos. Nadie debe ser desalojado sin un aviso adecuado, consulta previa, el debido proceso jurídico (incluido el acceso a remedios legales) y alojamiento alternativo adecuado. Los desalojos forzosos vulneran diversos tratados y normas internacionales y regionales de derechos humanos que prevén el derecho a una vivienda adecuada, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que Grecia es Estado Parte.
Los desalojos sólo pueden llevarse a cabo como último recurso, una vez que se han agotado todas las demás alternativas factibles, y únicamente cuando se han aplicado todas las salvaguardias procesales adecuadas. Debe garantizarse la protección de todas las personas, con independencia de su condición jurídica, frente a los desalojos forzosos.
A través de la campaña Exige Dignidad, lanzada en mayo de 2009, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de todo el mundo que tomen las medidas necesarias, incluida la adopción de leyes y políticas acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, para prohibir e impedir los desalojos forzosos.
