La terrible sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que podría dar lugar a que el país se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, privaría, si el gobierno la respalda, de toda esperanza de justicia a cientos de miles de sobrevivientes de abusos contra los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional. “Con esta última sentencia, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha confirmado su falta de independencia e imparcialidad y ha demostrado su sesgo político al defender intereses particulares”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional. “El privar a las personas de la oportunidad de hallar justicia en el extranjero cuando se les niega en su país no sólo resulta indignante, sino que supone además un inquietante paso atrás en el fortalecimiento del Estado de derecho en el país.” La sentencia se ha producido tan sólo dos semanas después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara en contra de la decisión judicial de la República Dominicana que privaba discriminatoriamente de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que viven en el país. “En lugar de montar una pataleta por la sentencia de un tribunal internacional con la que no están de acuerdo, las autoridades dominicanas deberían centrar su energía en garantizar la protección de los derechos de todas las personas que viven en el país. El primer paso debe ser cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas. Si el presidente sanciona esta resolución, cientos de miles de víctimas de discriminación, homicidios policiales y otras violaciones de derechos humanos se quedarán sin vía jurídica alguna con la que reclamar justicia cuando no encuentren remedio en su país. “Esta decisión muestra el total desinterés de la República Dominicana por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y sienta un precedente increíblemente peligroso para la protección de los derechos humanos de todas las personas en el país, especialmente las más vulnerables. El presidente Medina tiene ahora la oportunidad y la obligación de demostrar su liderazgo y garantizar que el Estado cumple sus obligaciones internacionales”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas. El tribunal regional ordenó a la República Dominicana que revocara una sentencia dictada en septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional del país que privaba de manera retroactiva y arbitraria de su nacionalidad dominicana a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, y las dejaba sin acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la atención médica y la educación. Amnistía Internacional insta a las autoridades de la República Dominicana a respetar sus obligaciones internacionales e implementar en su totalidad la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
