Madrid.- Amnistía Internacional denuncia la falta de implicación del Estado español en la protección de los derechos de la infancia ante el mercado de videojuegos con contenidos no recomendados para menores y especialmente en aquellos clasificados para mayores de 18 años que desarrollan temáticas que banalizan las violaciones de derechos humanos. Para la organización, el Gobierno español incumple sus compromisos internacionales en materia de protección de los derechos de la infancia al permitir esta situación.
Esta es la principal conclusión del informe que hoy presenta Amnistía Internacional, “España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego”. La protección de los derechos de la infancia está en manos de la voluntariedad de las empresas que comercializan los videojuegos.“
Los canales de acceso y los puntos de venta en el Estado español no disponen de medidas para controlar el acceso de los menores a los videojuegos. Su venta se reduce a una recomendación por parte de las empresas productoras que asumen el deber de proteger al menor de forma “voluntaria” con un código de autorregulación. No hay ninguna ley que regule los puntos de venta de videojuegos, a diferencia de otros estados como Alemania” asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
La organización ha estudiado las medidas existentes en España para controlar el acceso de los menores a los videojuegos, cuyo contenido pueda ser perjudicial para su desarrollo, y destaca que ni la legislación autonómica en materia de protección del menor, ni el código de autorregulación de la propia industria -a través del sistema de clasificación por edad PEGI (Sistema Paneuropeo de Información sobre Juegos) -, garantizan el cumplimiento de la responsabilidad de proteger a los menores adquirida por el Estado español con la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales.“
Amnistía Internacional hace hincapié en el deber que tiene el Estado español de proteger los derechos de la infancia, así como de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, estableciendo las medidas oportunas para eliminar cualquier forma de discriminación, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos. No puede eludir ese deber en los videojuegos y menos dejarlo en manos de la voluntariedad de las empresas” afirma Esteban Beltrán.
La principal recomendación de este informe es la creación de un marco legislativo estatal para la regulación de todo lo relativo a la producción, distribución, venta, publicidad y promoción de los videojuegos, entendiéndolos como un producto más en el mercado que requiere de toda la información y medidas necesarias para un consumo responsable y protector de los derechos de la infancia.
Vacío legal en Internet y móvil Además, la organización señala su preocupación por el vacío de regulación en Internet y en la telefonía móvil, dos canales para la descarga de videojuegos cada vez más atractivos y accesibles para los menores. En otros países, como Francia o Reino Unido, sí existe regulación para al menos alguno de estos canales.
Ausencia de Legislación estatal Amnistía Internacional ya denunció en informes anteriores sobre esta materia que el Estado español no cuenta con una legislación específica para regular el acceso de los menores a los videojuegos no recomendados para su edad. Pese a la obligación del Estado de desarrollar medidas ante cualquier situación que ponga de manifiesto la especial vulnerabilidad de los menores como, por ejemplo, en su condición de usuario y consumidor de productos como los videojuegos, toda la legislación desarrollada al respecto se limita al marco de las comunidades autónomas.
La organización ha valorado positivamente la creación de un Grupo de Trabajo Interministerial por parte del Gobierno español para la elaboración de un informe sobre la situación de la regulación y control de los videojuegos a nivel estatal, pero de momento no ha recibido ninguna respuesta del Gobierno sobre la valoración de este informe y las iniciativas previstas para abordar este asunto.
Falta de aplicación de la legislación autonómica La legislación autonómica, como ya denunciaba Amnistía Internacional en su último informe sobre este tema, “Con la violencia hacia las mujeres no se juega”, adolece de falta de concreción en muchos casos, y de cumplimiento o de información, en otros.
De las 17 comunidades autónomas, ya en el pasado informe se denunciaba que seis poseen una legislación ambigua sobre la protección del menor en el acceso a videojuegos con contenidos perjudiciales, y dos comunidades autónomas, Baleares y el País Vasco, carecían de legislación al respecto. En este sentido, Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la aprobación por el Parlamento vasco de la Ley sobre Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Sin embargo, como se denunció hace un año, la organización ha comprobado que siguen sin desarrollarse reglamentos para la aplicación de estas leyes, como tampoco se han activado mecanismos de seguimiento que garanticen su correcta aplicación.
Regulación confusa, insuficiente y voluntaria Hoy, la única regulación estatal de los videojuegos son los mecanismos dispuestos por el sector del software de entretenimiento a través de un código de autorregulación, al que se adhieren las empresas de forma voluntaria. Amnistía Internacional advierte de la aplicación parcial del Código PEGI en España, de acuerdo con los compromisos recogidos en el Código de Conducta de la Industria Europea del Software Interactivo, y las consiguientes lagunas de regulación. Todo ello permiten que los derechos de los menores y los derechos humanos queden reducidos a un ejercicio voluntario de “buenas prácticas” por parte de las empresas.
“La clasificación de los videojuegos es poco rigurosa, voluntaria, confusa y no existen garantías reales para que los menores no accedan a contenidos que pueden perjudicarles. Las pegatinas no informan de forma clara de los contenidos del producto” continúa Beltrán.
Amnistía Internacional solicita a las autoridades españolas que los videojuegos sean tratados como un producto de mercado que incluya toda la información necesaria sobre sus contenidos, así como la referencia a un organismo encargado de atender a las reclamaciones del consumidor.
Además, los iconos de información que poseen los videojuegos son insuficientes para tener un conocimiento aproximado del contenido del producto. Amnistía Internacional ha comprobado que la mayoría de los videojuegos que se venden en comercios sólo tienen la etiqueta de categoría de edad; no siempre aparece acompañada de la etiqueta sobre los criterios que determinan esta clasificación; y cuando lo hace, se trata de dibujos cuya correcta interpretación no es fácil. La ausencia de texto informativo en la propia carátula del videojuego se une a la inexistencia en los puntos de venta de carteles informativos sobre la existencia del Código PEGI, sus objetivos o sus criterios de clasificación.
La organización ha constatado que en plena campaña navideña los puntos de venta de afluencia masiva no disponen ni de carteles, ni de folletos informativos sobre el Código PEGI para garantizar una mínima información a todos los consumidores y usuarios de videojuegos.
Publicidad y promoción en revistas especializadas A pesar de la Ley General de la Publicidad, el análisis de revistas de videojuegos especializadas pone de manifiesto que estas publicaciones, al alcance de todos los públicos, en primer lugar incumplen el código de autorregulación PEGI; y en segundo pueden herir la sensibilidad del menor con una publicidad y un desarrollo de noticias que normaliza y banaliza los abusos contra los derechos humanos.
Asimismo, las revistas especializadas regalan con su compra “DEMOS” que ofrecen la oportunidad de jugar pantallas sueltas de videojuegos clasificados para mayores de edad. Las vías de disponibilidad para los menores de estos juegos son múltiples y sin control alguno.
