Los principales actores deben obrar ya con determinación para garantizar que se hace justicia en Darfur

Londres.- Mientras el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) informa al Consejo de Seguridad, Amnistía Internacional pide que los principales actores lleven a cabo una acción concertada y eficaz para garantizar el procesamiento eficaz de delitos tipificados por el derecho internacional cometidos en el pasado o en la actualidad en Darfur (Sudán) y que se saldaron con el homicidio de más de 85.000 civiles, la violación de miles de mujeres y el desplazamiento de más de dos millones de personas. Estos actos son crímenes de guerra y, como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, también son crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional acoge con satisfacción los progresos en las investigaciones de la fiscalía sobre los crímenes cometidos en Darfur que el fiscal de la CPI presenta en su informe de hoy. Sin embargo, este informe deja claro que no hay una cooperación plena y eficaz por parte del gobierno de Sudán. Es preciso terminar inmediatamente con la impunidad en Sudán para frenar el recrudecimiento de la crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional insta al gobierno de Sudán a que aumente su cooperación con el fiscal y pide al Consejo de Seguridad y a la Unión Africana que den pasos adicionales. El gobierno de Sudán debe proporcionar al fiscal acceso inmediato, ilimitado y seguro a todas las zonas del país, permitirle acceder a todos los documentos solicitados, facilitarle sin demora entrevistas con todas las personas deseadas ¾incluidas las detenidas por el gobierno¾ y tomar medidas eficaces para evitar represalias contra quienes ayuden a las investigaciones de la fiscalía. La información de que dispone Amnistía Internacional indica que aún hay problemas en todas estas áreas. Los pasos dados por el gobierno para procesar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad son totalmente insuficientes y no cumplen las normas exigidas por el Estatuto de Roma para estos procesamientos a nivel nacional. Varias disposiciones legales nacionales brindan impunidad procesal a los miembros de las fuerzas armadas y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como la enmienda de la Orden Presidencial Provisional a la Ley sobre las Fuerzas Armadas de agosto de 2005 y las disposiciones de amnistía del Decreto de Amnistía Presidencial de 11 de junio de 2006 para quienes acepten el Acuerdo de Paz de Darfur. Las disposiciones legales que promulgan amnistías que prohíben las investigaciones y el procesamiento de delitos tipificados por el derecho internacional deben ser derogadas. El gobierno de Sudán debe mejorar las medidas para garantizar que los delitos tipificados por el derecho internacional cometidos en Darfur se procesan según las normas exigidas por el Estatuto de Roma de la CPI. Los tribunales ordinarios y los tribunales penales especializados que operan en Darfur no cumplen estas normas. Los Tribunales Especiales sobre los Sucesos de Darfur, creados por el gobierno para los tres estados de Darfur, aparentemente como sustitutos de la Corte Penal Internacional, han juzgado sobre todo a personas acusadas de delitos ordinarios  no relacionados con los crímenes tipificados por el derecho internacional cometidos en Darfur. Sólo consta que se hayan ocupado de un caso de ataques contra la población civil: el homicidio de 28 civiles en Tama (Darfur). En este caso no se acusó a nadie de las muertes, y sólo se condenó en mayo de 2006 a tres hombres a penas de tres años de cárcel como máximo por robo de mercancías. Teniendo en cuenta que el fiscal de la CPI sólo podrá juzgar un reducido número de los casos más graves entre muchos miles de presuntos autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur, Amnistía Internacional pide al gobierno de Sudán y a otros gobiernos que investiguen y procesen, según las normas internacionales, otros crímenes de guerra y de lesa humanidad no enjuiciados por el fiscal de la CPI y que se aseguren de que las víctimas y sus familias pueden pedir y conseguir reparación. A Amnistía Internacional le preocupa también que no debe haber impunidad para los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se han extendido de Darfur al este de Chad, donde, desde septiembre de 2005, los ataques contra poblaciones perpetrados por los yanyawid de Sudán y sus aliados locales han provocado el desplazamiento de más de 90.000 integrantes de grupos étnicos objetivo de dichos ataques, al menos 1.000 homicidios ilegítimos de civiles y decenas de violaciones. Amnistía Internacional insta al fiscal de la CPI a que amplíe sus investigaciones sobre crímenes tipificados por el derecho internacional iniciadas en Darfur, pero terminadas al otro lado de la frontera, en el este de Chad, como parte de la información al Consejo de Seguridad de la situación en Darfur. Amnistía Internacional insta al fiscal de la CPI a que pida autorización, en virtud del Estatuto de Roma, para investigar otros crímenes tipificados por el derecho internacional cometidos en el este de Chad y en la República Centroafricana si ambos países, que ahora son Parte en el Estatuto de Roma, no le remiten sin demora estas situaciones. Amnistía Internacional insta al Consejo de Seguridad a que mantenga bajo estrecha observación la situación de los derechos humanos en Darfur, el este de Chad y la República Centroafricana para asegurarse de que se toman todas las medidas necesarias, incluidas las de apoyo económico, a fin de garantizar que ningún delito tipificado por el derecho internacional queda impune. Por último, a Amnistía Internacional le preocupa la falta de cooperación eficaz de la Unión Africana, especialmente que siga sin firmar un Memorando de Entendimiento con la CPI. Amnistía Internacional insta a la Unión Africana a proporcionar sin demora ayuda eficaz a la CPI en la investigación y el procesamiento de delitos tipificados por el derecho internacional cometidos en Darfur y a firmar un Memorando de Entendimiento con la CPI. Amnistía Internacional pide a la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS) que facilite información exhaustiva sobre cualquier asunto relacionado con crímenes bajo la jurisdicción de la Corte y que se comprometa a buscar, detener y entregar a toda persona objeto de una orden de detención de ésta.