Madrid.- El próximo 18 de diciembre se cumplirán 15 años desde que Naciones Unidas aprobó una Convención para proteger los derechos humanos de los trabajadores migrantes y de sus familias. Amnistía Internacional cree que es un instrumento importante para prevenir y eliminar los abusos que sufren todas las personas migrantes tanto en situación regular como irregular, fija unas normas internacionales para un trato justo y sin abusos, para todas las personas con independencia de su situación administrativa y recuerda que los derechos humanos no saben de "papeles". Individuos y sociedades se han movido siempre en búsqueda de protección y de mejores condiciones sociales, económicas o culturales, esto es, de una vida más digna. Tal y como hicieron muchos españoles no hace tanto tiempo. Por todo ello, y especialmente en este día, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades públicas que los migrantes no son simple mano de obra: son personas con derechos humanos. Sin embargo, la realidad cotidiana de muchas personas migrantes es desoladora. Muchas veces sufren discriminación y abusos en su viaje, en las fronteras o en la sociedad a las que emigran. En España, Amnistía Internacional valora positivamente la regularización extraordinaria que realizó el gobierno con motivo de la modificación del reglamento de Extranjería, ya que contribuyó a paliar parcialmente la invisibilidad en la que se encontraban miles de personas. Las personas inmigrantes, en especial los que se encuentran en situación administrativa irregular, sufren abusos contra sus derechos humanos por actos de discriminación racial o xenófoba, casos de malos tratos a manos de particulares o agentes del Estado, por leyes que les convierten en ciudadanos de segunda categoría y nos les reconocen derechos como el de reunión, asociación, manifestación y huelga u obstaculizan su acceso al derecho a la salud, la educación o la asistencia jurídica gratuita cuando son víctimas de un delito. Las mujeres inmigrantes indocumentadas, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos encuentran importantes obstáculos para acceder a la protección policial o judicial, a las redes de acogida o a ayudas. Los menores inmigrantes no acompañados son devueltos en ocasiones a sus países de origen sin que se garantice el respeto a la Convención de los Derechos del Niño. Las personas migrantes también sufren violaciones de derechos humanos como consecuencia de los convenios entre Estados que vulneran garantías reconocidas internacionalmente, donde a muchos migrantes se les niega sin más la entrada, incluso cuando esa denegación los expone a abusos contra los derechos humanos. Así ocurrió entre los meses de agosto y octubre en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla y en Marruecos cuando centenares de inmigrantes vieron peligrar sus vidas. Muchos huían de conflictos y de violaciones de derechos humanos, otros lo hacían buscando unas condiciones de vida digna o de reunirse con sus familias. Tales graves acontecimientos tuvieron como resultado al menos 11 personas fallecidas y otras muchas heridas, se produjeron expulsiones ilegales a través de la valla fronteriza y la expulsión colectiva e irregular de 73 subsaharianos a Marruecos. Las personas inmigrantes, más allá de los papeles que así lo acrediten, son seres humanos con derechos que deben ser respetados y garantizados. Lo sucedido en la Frontera Sur de España ha mostrado un grave desprecio hacia estos derechos. Cuando las violaciones a los mismos permanecen impunes y son ignorados, se discrimina a seres humanos en razón de su procedencia o de su situación administrativa y suceden hechos tan graves como los que hemos presenciado. Para que los derechos a no sufrir tortura, malos tratos, discriminación, actos racistas o xenófobos, y la prohibición de expulsiones colectivas no dependan de papeles o situaciones administrativas, y para garantizar que los derechos de las personas migrantes sean respetados y garantizados, Amnistía Internacional pide a todos los Estados, especialmente a los de los países de destino, que firmen y ratifiquen ya la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familias de la ONU. En España, el PSOE presentó, cuando estaba en la oposición, una Proposición no de Ley con fecha de 10 de noviembre de 2003 instando al gobierno a que firmase y ratificase la Convención. Ahora que se encuentra en el gobierno tiene la oportunidad de hacer realidad esa petición. Información general La legislación española no está protegiendo suficientemente los derechos de estas personas frente a la discriminación y los abusos que sufren en su viaje, en las fronteras o en la sociedad a la que migran. Sin embargo, sus derechos están reconocidos y garantizados por tratados internacionales que establecen que las personas migrantes no son sólo mano de obra, sino ante todo personas que tienen derechos sin que quepa discriminación alguna. La Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, sitúa los derechos humanos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares en el centro del fenómeno de la migración y subraya el principio fundamental de no discriminación en relación con ello. También declara que ningún trabajador migratorio ni sus familiares serán sometidos a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; que tampoco sufrirán esclavitud ni servidumbre ni serán objeto de medidas de expulsión colectiva. Diversos organismos internacionales como la Relatora de Naciones Unidas sobre trabajadores migrantes, ha solicitado a España que firme y ratifique la Convención. La Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, aprobada en 1990 entró en vigor el 1 de julio de 2003. En la actualidad ha sido ratificada por 34 Estados. Esta Convención además de incluir la obligación de informes periódicos, permite la presentación de quejas individuales al Comité de Trabajadores Migrantes de la ONU.
Los migrantes no son simple mano de obra, son personas con derechos humanos
- Sucesivos gobiernos llevan 15 años sin ratificar la convencion de la ONU sobre trabajadores migrantes
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