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Los gobiernos se comprometen a promover la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos en las políticas de desarrollo

La Comisión de Población y Desarrollo, en su 47º periodo de sesiones, reafirmó los compromisos contenidos en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y acordó acelerar los esfuerzos para abordar las lagunas y retos en su ejecución.

La Comisión subrayó también la importancia de integrar las cuestiones relativas a la población y el desarrollo en la agenda del desarrollo post 2015.

El documento final del periodo de sesiones, adoptado por consenso de los Estados miembros de la ONU, reitera algunos logros clave del Programa de Acción, como la reafirmación de que la salud sexual y reproductiva, y los derechos reproductivos son fundamentales para la justicia social y un desarrollo sostenible, y el reconocimiento de la necesidad de abordar las persistentes desigualdades y la discriminación basada en motivos de cualquier tipo para mejorar el desarrollo.

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por el hecho de que la Comisión haya instado a los Estados miembros a que garanticen el respeto, la protección, la promoción y el disfrute de todos los derechos humanos, incluidas la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Igualmente importante es que la Comisión haya reconocido el impacto negativo de la violencia de género generalizada en la capacidad de las mujeres y niñas para beneficiarse del desarrollo.

Amnistía Internacional elogia también a la Comisión por reconocer algunas lagunas y retos esenciales en la ejecución del Programa de Acción. Entre ellos figuran la necesidad de un acceso equitativo y universal a unos servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, integrados y globales, y la necesidad de abordar las leyes y prácticas discriminatorias.

Además, la Comisión reconoció los derechos y necesidades de las poblaciones marginadas, como las personas migrantes, las ancianas, las personas con discapacidades, las poblaciones de ascendencia africana, los pueblos indígenas y los jóvenes (incluido su derecho a una educación integral basada en datos empíricos sobre la sexualidad humana).

Sin embargo, expresamos nuestra decepción por el hecho de que, a pesar de la referencia a abordar la discriminación basada en motivos de cualquier tipo, la Comisión rehuyó abordar la discriminación y la violencia generalizadas y sistémicas que sufren personas y grupos por su orientación sexual e identidad de género reales o percibidas, y no reconoció los derechos sexuales de todas las personas.

Además, el documento final carece del compromiso de abordar expresamente el impacto de formas de discriminación múltiples y transversales.

Cabe destacar, sin embargo, que durante todo el periodo de sesiones de la Comisión, muchos gobiernos de diferentes regiones expresaron un apoyo sin precedentes a la necesidad de reconocer los derechos sexuales y de poner fin a todas las formas de discriminación y violencia basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Hubo llamamientos similares en muchas de las revisiones regionales que precedieron al periodo de sesiones de la Comisión.

No obstante, la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones, así como los esfuerzos del Vaticano y de algunos Estados miembros, permitieron que estos importantes derechos, reconocidos por los órganos de derechos humanos de la ONU como obligaciones de los Estados desde la adopción del Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, quedaran excluidos del documento final del 47º periodo de sesiones de la Comisión.

Amnistía Internacional acoge con beneplácito el llamamiento de la Comisión a todos los gobiernos a que den prioridad a servicios clave, como los servicios de planificación familiar. la atención prenatal y posnatal, el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, y unos servicios de calidad para el tratamiento de las complicaciones derivadas del aborto.

Sin embargo, preocupan las condiciones ligadas a la provisión de algunos de estos servicios, como el hecho de garantizar un aborto accesible y sin riesgos únicamente cuando el aborto no es contrario a la ley. También preocupa el apoyo a las restricciones impuestas por valores culturales y religiosos en la provisión de servicios de salud a adolescentes. Se ha demostrado que estas condiciones son barreras al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que desembocan en violaciones graves de derechos humanos. Además, son incompatibles con las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos.

Amnistía Internacional recuerda a los Estados miembros que tienen la obligación de garantizar que las personas pueden disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos, incluidos el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud y el derecho a no ser discriminado. No se pueden utilizar las referencias a la cultura, la religión y la tradición para justificar la discriminación y otras violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción el énfasis en la supervisión y la rendición de cuentas, sobre todo la recogida de datos desglosados por sexo, edad, discapacidad y otros factores. También elogiamos el énfasis en la importancia de la participación de los jóvenes en la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de las estrategias que tienen impacto en sus vidas. Sin embargo, la organización lamenta que el párrafo sobre la participación no se haya ampliado para incluir la participación de todas las personas, especialmente de los grupos marginados, como los jóvenes LGBTI.

Esta resolución llega en un momento crucial para el futuro de la agenda de desarrollo sostenible. Este consenso político sobre la importancia de los derechos humanos y la igualdad de género en la formulación y ejecución de las políticas de desarrollo y sobre población debe reflejarse y seguirse promoviendo en el proceso post 2015.

Información complementaria

El Programa de Acción fue adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo de 1994. Es un documento histórico acordado por consenso por 179 gobiernos que representaban todas las regiones del mundo.

El Programa de Acción reconoció los derechos reproductivos como derechos humanos y declaró que los principios de la igualdad de género, la igualdad y el empoderamiento de la mujer eran cruciales para unas estrategias de población y desarrollo efectivas. También estableció las normas sobre salud sexual y reproductiva y viene orientando las prioridades de gobiernos y donantes desde entonces.

El 47º periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU tenía encomendado evaluar el estado de la ejecución del Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en los últimos 20 años. Se celebró del 7 al 11 de abril de 2014 en Nueva York.

Después de una semana de intensas negociaciones, los Estados miembros adoptaron por consenso un documento final en el que se comprometen a aumentar los esfuerzos para implementar el Plan de Acción de la Conferencia después de 2014 y promover la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos en las políticas de desarrollo, incluida la agenda de desarrollo post 2015.

Amnistía Internacional se unió a otras organizaciones en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, incluidos los puntos fundamentales expuestos en nuestra declaración escrita, disponible aquí: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.9/2014/NGO/16&referer=/english/&Lang=S

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