Los extranjeros indocumentados en Libia corren el riesgo de sufrir explotación y de ser objeto de detención arbitraria e indefinida, así como de palizas que en ocasiones equivalen a tortura, ha declarado hoy Amnistía Internacional en una nueva publicación. El informe, titulado Somos extranjeros, no tenemos ningún derecho, se basa en visitas de investigación realizadas a Libia entre mayo y septiembre de 2012, y examina la terrible situación de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en Libia. Durante los 42 años de gobierno del coronel Muamar al Gadafi, los ciudadanos extranjeros —sobre todo los procedentes del África subsahariana— vivieron con la incertidumbre de unas políticas cambiantes y el temor a las detenciones arbitrarias, la reclusión indefinida, la tortura y otros abusos. Tras el conflicto de 2011, su situación ha empeorado en medio del clima general de desgobierno, en el que hay poderosas milicias armadas que siguen actuando fuera de la ley y en el que las autoridades no atajan el racismo y la xenofobia, alimentados por la creencia generalizada entre los libios de que el depuesto régimen había recurrido a “mercenarios africanos” para aplastar la rebelión de 2011. “Es una vergüenza que los abusos que se cometían en la era Gadafi contra los extranjeros, sobre todo contra los procedentes del África subsahariana, no sólo continúen, sino que hayan empeorado. Las autoridades libias deben reconocer el alcance de los abusos a manos de las milicias e implantar medidas para proteger a todos los extranjeros de la violencia y los abusos, con independencia de su origen o condición migratoria”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “Amnistía Internacional ha advertido de forma reiterada y constante a las autoridades libias de la amenaza que representan las milicias en el país. Les pedimos de nuevo que pongan freno a estas milicias y que hagan que rindan cuentas. Además, las autoridades deben adoptar medidas concretas para atajar de frente el racismo y la xenofobia, sobre todo teniendo en cuenta la gran dependencia de Libia de la mano de obra migrante.”
Las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Libia corren el riesgo de ser detenidas y encarceladas en la calle, en los mercados, en los controles de seguridad o en sus casas. Algunas son interceptadas cuando tratan de subir a barcos para ir a Europa o cuando atraviesan el desierto o el mar.
Algunos extranjeros son detenidos por la policía libia, pero la mayoría de ellos son capturados por milicianos armados. Los miembros de las milicias que practican estas detenciones a veces son violentos y confiscan teléfonos móviles, dinero y otros objetos de valor.
Los extranjeros también son vulnerables a la extorsión económica, a la explotación y a los trabajos forzados tanto dentro como fuera de los centros de detención. Su destino depende en gran medida de la suerte y de la buena voluntad de los libios con quienes se encuentran.
Se están empleando diversos centros de detención para recluir a los extranjeros, desde centros de “detención provisional” para migrantes irregulares hasta centros de detención improvisados, como campamentos militares o hangares.
Entre mayo y septiembre de 2012, Amnistía Internacional visitó nueve centros de detención en diferentes lugares de Libia donde, en el momento de las visitas, había alrededor de 2.700 extranjeros —incluidas mujeres embarazadas, mujeres con niños de corta edad y menores no acompañados recluidos junto con adultos desconocidos— detenidos por “delitos relacionados con la migración”.
Los detenidos dijeron a Amnistía Internacional que les habían sometido a torturas y a otros malos tratos, incluidas palizas. Casi siempre se les golpea durante periodos prolongados con diversos objetos, como cables de metal, mangueras de goma, palos y tuberías de agua. Muchos mostraron cicatrices o hematomas que corroboraban sus testimonios.
En septiembre de 2012, un grupo de somalíes trató infructuosamente de fugarse del centro de detención de Khoms. Dijeron a Amnistía Internacional que, tras ser capturados de nuevo, unos hombres armados vestidos de civil les propinaron una brutal paliza.
Uno de los somalíes, Mohamed Abdallah Mohamed, de 19 años, dijo que le dieron puntapiés y lo arrastraron por el suelo, le dieron puñetazos en el ojo y le golpearon con rifles y palos. Tenía varias lesiones, especialmente en el ojo izquierdo.
Aunque había menos informes de palizas brutales a mujeres, algunas detenidas dijeron a Amnistía Internacional que las habían pegado o abofeteado durante la detención. Otras denunciaron que habían sido sometidas a tortura u a otros malos tratos en detención. Al igual que los hombres, se las castiga por “conducta conflictiva”.
Una mujer nigeriana detenida en el centro de Tweisha, en Trípoli, dijo que el 13 de septiembre la golpearon y le aplicaron descargas eléctricas. Prosiguió: “El mundo tiene que saber lo que nos está pasando [a los africanos subsaharianos] en Libia. Para los libios no somos ni siquiera humanos. Yo no he hecho nada malo. Sólo he venido aquí a trabajar. Ahora llevo meses encerrada y no sé qué me va a pasar. Aquí no hay nadie que me ayude.”
Las mujeres también son vulnerables a la violencia sexual y basada en el género mientras se encuentran en situación de detención. Ninguno de los centros donde había detenidas tenía guardias mujeres.
Pese a los riesgos, por las porosas fronteras de Libia siguen entrando extranjeros procedentes de países como Chad, Etiopía, Eritrea, Somalia y Sudán, huyendo de la guerra o de la persecución, o en busca de mejores oportunidades económicas. En los flujos migratorios mixtos de Libia se encuentran atrapadas personas con derecho a recibir protección internacional.
Las autoridades y las milicias libias no distinguen entre migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Debido a su condición irregular, las personas que necesitan protección internacional corren también riesgo de sufrir detenciones arbitrarias, reclusión indefinida y tortura y otros malos tratos. Los solicitantes de asilo y refugiados de Libia siguen en un limbo legal, pues Libia carece de un sistema de asilo vigente y se niega a firmar un memorando de entendimiento con el organismo para los refugiados de la ONU, el ACNUR.
Libia no es Estado parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni de su Protocolo de 1967.
Para las personas recluidas indefinidamente por “delitos relacionados con la migración” a la espera de ser deportadas no existe la posibilidad de recurrir contra la legalidad de su detención y de su expulsión del país. En algunos casos, los expulsados deben pagar sus propios gastos de viaje. Las autoridades libias dijeron a Amnistía Internacional que entre enero y septiembre de 2012 se ha expulsado del país a unos 4.000 extranjeros. No existen salvaguardias esenciales frente a la devolución.
A pesar de la existencia de abusos bien documentados, la Unión Europea ha reanudado el diálogo con Libia sobre cuestiones migratorias, mientras que Italia firmó en abril de 2012 un acuerdo con Libia “para restringir el flujo de migrantes”, aparentemente sin tener en cuenta la situación de los derechos humanos en este país.
