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Los exportadores de armas deben impedir que el material de vigilancia se convierta en instrumento de represión

Los gobiernos de los principales países exportadores de armas deben abordar de inmediato la alarmante proliferación de las tecnologías de vigilancia en Estados represivos, afirman Amnistía Internacional y otras destacadas organizaciones internacionales de derechos humanos y derechos digitales en una carta abierta publicada hoy.

La carta se ha enviado a 41 de los mayores exportadores de armas que se reúnen a puerta cerrada los días 2 y 3 de diciembre con motivo del llamado Acuerdo de Wassenaar. En ella se subraya que aumentan los ataques selectivos contra defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados y otras personas cuando los programas espía (spyware), programas maliciosos (malware) y otros instrumentos de vigilancia caen en manos de gobiernos que cometen violaciones sistemáticas de derechos humanos.

“Las tecnologías de vigilancia no son simplemente instrumentos inofensivos. Si caen en malas manos, suelen utilizarse como instrumentos de represión. Las pruebas siguen demostrando el alcance de este comercio de carácter secreto que pone a incontables personas a merced de gobiernos que cometen abusos contra los derechos humanos”, se afirma en la carta.

“Este comercio a menudo da lugar a una vigilancia ilegal de la que suelen derivarse otras violaciones de derechos humanos, como intromisión en la intimidad, detención y reclusión arbitrarias, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, amordazamiento de la libertad de expresión, impedimentos a la participación política y represión de la disidencia dentro y fuera de Internet.”

Los gobiernos deben negarse a conceder licencias de exportación de material de vigilancia a países donde ese material probablemente se destine a cometer abusos, y colaborar con las ONG en la elaboración de un marco jurídico internacional que incluya controles precisos y efectivos sobre el comercio de estos instrumentos.

 

Información complementaria

La carta fue enviada por un grupo de organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, y que este año han puesto en marcha conjuntamente la Coalición contra las Exportaciones de Vigilancia Ilegal (CAUSE).