Los derechos humanos no pueden esperar más

Madrid.- Con motivo del debate sobre el Estado de la Nación que se celebrará los días 30 y 31 de mayo, la Sección Española de Amnistía Internacional pide al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero que anuncie la presentación urgente de un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, que establezca un calendario para su puesta en marcha, y que dicho plan concrete las medidas a tomar por parte del ejecutivo español a la hora de dar respuesta a los principales retos de derechos humanos a los que se enfrenta España, tanto dentro como fuera de sus fronteras. La adopción de un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos fue una promesa electoral del partido en el Gobierno y un compromiso expresado tanto por parte del Presidente Rodríguez Zapatero, como por parte de la Vicepresidenta del Gobierno en repetidas ocasiones. Aunque Amnistía Internacional ha podido saber que se está trabajando en dicho plan, por ahora no se conoce ni el contenido del mismo, ni el calendario para su puesta en marcha, ni el mecanismo para su adopción. Para Amnistía Internacional, el Plan debería incluir metas en política exterior e interior, ser público y con mecanismos de evaluación periódica por parte del Parlamento y la sociedad civil, vincular a todas las instituciones del Estados, y abordar los problemas de derechos humanos en España desde una óptica de respeto al derecho internacional. Por ello, la organización considera que el plan debe incluir las siguientes prioridades en política interior, y política exterior. Política exterior - Dar un lugar destacado y público a los derechos humanos, por encima de los intereses económicos, políticos o de cualquier otra índole, en la agenda de las relaciones bilaterales de España con países de su área de influencia como Colombia, Marruecos, Guinea Ecuatorial, o con las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, entre otros. - Incluir los mecanismos necesarios para responder rápidamente ante crisis de derechos humanos, como por ejemplo, la que está ocurriendo en Darfur (Sudán). - Impulsar activamente la adopción de nuevos instrumentos internacionales, estableciendo un calendario preciso para firmar y ratificar, entre otros, la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y de los Miembros de su familia, el Convenio de Naciones Unidas sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, o el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Política interior - Inmigración y asilo. El Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos debe enfocar la llegada de inmigrantes a España desde una perspectiva de derechos humanos, reconociendo la vulnerabilidad de los inmigrantes, especialmente de los que se encuentran en situación irregular, e incluir medidas para prevenir, perseguir y sancionar cualquier abuso, eliminar la discriminación y facilitar la integración. En el contexto actual de la llegada continuada de inmigrantes a la Frontera Sur española, el Plan debe garantizar que se respeten los derechos de los inmigrantes y de los solicitantes de asilo, tanto en las condiciones de acogida, como en el derecho a asistencia letrada y de intérprete, así como a la facilitación de un proceso de asilo justo y satisfactorio. Amnistía Internacional ha denunciado cómo la política de control de flujos migratorios está poniendo en peligro de extinción el derecho de asilo en España. El número de solicitudes de asilo disminuye año tras año. En el 2001, el número de solicitudes se situó en 9.491, 5.544 en el 2004; y 5.254 en el 2005, de las cuales sólo 260 personas terminaron consiguiendo el estatuto de refugiado. Las medidas acordadas recientemente entre el Ejecutivo español y la Unión Europea para reforzar la vigilancia en la costa española y africana para interceptar a personas en alta mar, o los acuerdos de readmisión con los países del África Subsahariana, no eximen al Estado español de cumplir con la legislación internacional de derechos humanos y de protección de los refugiados. España tiene que garantizar a las personas migrantes el principio de no-devolución a países donde puedan sufrir violaciones de derechos humanos, el acceso al asilo, las salvaguardas en los procesos de expulsión, y la asistencia letrada y de intérprete también para aquellas personas interceptadas en alta mar. - Tortura y malos tratos. Dentro de su política de gestos, el Gobierno español ha firmado el Protocolo Opcional a la Convención contra la Tortura, pero no ha puesto en marcha las recomendaciones para España del Relator Especial para la Tortura de Naciones Unidas; entre ellas, la grabación de los interrogatorios en régimen de incomunicación como medida tanto para proteger a los detenidos, como a los agentes de falsas acusaciones de torturas. Para Amnistía Internacional el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos debe incluir medidas concretas para evitar la práctica de tortura y malos tratos, como la creación de una Comisión independiente para investigar las denuncias de torturas y malos tratos inflingidos por funcionarios públicos a ciudadanos tanto españoles como extranjeros. - Reparación a las víctimas. Detrás de cada abuso o violación de los derechos humanos existe una víctima. Los Estados tienen la obligación de poner en marcha una investigación rápida e imparcial, que proteja a las víctimas y les garantice el derecho a la verdad, justicia y reparación, tal y como reconocen las normas internacionales de derechos humanos. Un derecho que debe garantizarse para todas las víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos, ya sean víctimas de "terrorismo", de tortura o malos tratos, de violencia de género, o de la Guerra Civil y el franquismo.