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Nuevo informe de Amnistía Internacional “Si vuelvo, me mato II”

Los derechos humanos de los menores en Centros de Protección siguen sin garantizarse nueve meses después de las denuncias de Amnistía Internacional

Portada del informe "Si vuelvo, me mato ".

España se examina hoy ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU y Amnistía Internacional pide una Ley estatal que proteja los derechos de los menores

Madrid.- El sistema que vulnera los derechos humanos de los menores ingresados en Centros de Protección Terapéuticos en España está intacto nueve meses después de las denuncias de Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo y, pese a algunas mejoras puntuales, sigue habiendo serios motivos de preocupación.

Esta es la principal conclusión del Informe de Amnistía Internacional “Si vuelvo, me mato II”, que recoge la respuesta de las autoridades estatales y autonómicas desde la primera investigación de la organización sobre este tema en diciembre de 2009, así como los incumplimientos internacionales y estatales de España en materia de legislación.

Los y las menores son personas con derechos y pese a ello las autoridades han rechazado o minimizado las denuncias sobre las vulneraciones que sufren. Han justificado la ausencia de investigaciones reales de las denuncias y consideran a los menores ingresados en estos Centros como un problema creciente o incluso como una amenaza emergente para la convivencia familiar y social. Invisibles, sin voz y sin garantías, los derechos de los menores están sometidos a un régimen de excepción y arbitrariedad”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

La situación de los menores no ha mejorado
Amnistía Internacional se ha encontrado con afirmaciones por parte de la administración central sobre sus limitaciones ante competencias delegadas a las Comunidades Autónomas. Este hecho colisiona con lo establecido en la Constitución española, en artículos como el 149.1, donde se reserva como “competencia exclusiva” del Estado “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”.

La protección jurídica de los derechos humanos de los menores, en particular de aquellos “con trastornos de conducta o en situación de dificultad social”, está en peligro al no existir normas mínimas comunes compatibles con el interés superior de los menores y que puedan ser exigibles en todo el territorio español.

Amnistía Internacional denuncia la falta de información, de datos actualizados y públicos -los últimos son de 2006- e indicadores comparables en todo el Estado sobre la situación de los menores ingresados en los Centros de ProtecciónTerapéuticos.

Los ingresos de los menores en los Centros de Protección Terapéuticos se llevan a cabo sin supervisión judicial y bajo criterios dispares según la Comunidad Autónoma en que suceda.

En mayo, en Cataluña se publicó la Ley de los Derechos y las Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia  para establecer el marco de protección de los menores. El texto, que pudo ser una oportunidad para ajustar la legislación autonómica a los instrumentos internacionales, es una Ley con luces y sombras, algunas especialmente inquietantes, como contemplar el aislamiento de los menores como medida disciplinaria, algo que va en contra de la normativa internacional.  

Oportunidades perdidas
Frente a esta situación, las autoridades estatales y autonómicas han mostrado más preocupación por su propia imagen que por una revisión seria de su normativa, políticas y acciones institucionales. En sus intervenciones y declaraciones públicas, algunas autoridades autonómicas han llegado a tratar la situación denunciada como un asunto de simple alarma social.


Concretamente, las autoridades de las Comunidades Autónomas que fueron objeto de un examen más detenido en el informe de diciembre de 2009 de Amnistía Internacional -Andalucía, Cataluña y Madrid- han mantenido básicamente posturas defensivas, aceptando excepcionalmente la necesidad de abordar algunas dimensiones de la situación denunciada.

En junio de este año se llevó a cabo la reforma del Código Penal. A pesar de la recomendación de Amnistía Internacional para que en el proceso de reforma se ajustara la legislación interna a la definición de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, finalmente el Parlamento aprobó el proyecto de ley sin abordar esta cuestión, sobre la cual la organización había hecho notar que podía tener consecuencias, entre otros, sobre los menores en Centros de Protección Terapéuticos.

La organización, aunque valora la disposición mostrada por el Ministerio Fiscal en las Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía y Cataluña, considera que, por un lado, las funciones de inspección en los Centros de Protección Terapéuticos no se han desarrollado con la frecuencia prevista y no tienen características similares para garantizar la debida diligencia en la protección de los derechos de los y las menores. Además, las inquietudes expresadas por los fiscales de menores ante las autoridades correspondientes no han tenido una respuesta inmediata para modificar la situación.

Buena disposición, pero pocos hechos

Amnistía Internacional también reconoce la disposición mostrada por el Gobierno central para dialogar, pero preocupa que tras este diálogo, los avances en medidas concretas hayan sido prácticamente inexistentes durante estos meses.

En su informe de junio de 2010, el Defensor del Pueblo presentaba como “repercusiones concretas”, información sobre el cierre de algunos centros o la retirada de subvenciones. El Defensor añadía que “asimismo y de manera informal, nos han llegado informaciones sobre la mejora en la calidad de la atención dispensada a los menores en algunos centros (por ejemplo, han sido clausuradas o acondicionadas las celdas de aislamiento de algunos centros) y, en cierto modo —dato que resulta particularmente relevante— se ha roto la sensación de impunidad que existía en las actuaciones dentro de los centros”.

Amnistía Internacional no comparte estas apreciaciones, más aún si los datos se han obtenido de manera informal. La organización considera que todavía queda un largo camino por recorrer, algo que también asume el propio Defensor en su informe: “siguen llegando quejas en las que continúan denunciándose irregularidades en el sistema de protección de menores y vulneraciones de derechos de los niños ingresados en estos centros (...)”.

Denuncias en el Centro “Hogar de Galapagar”: caso abierto
El Centro “Hogar de Galapagar” en la Comunidad de Madrid se encuentra actualmente bajo investigación judicial ante presuntas irregularidades cometidas contra menores ingresasdos en él. Juan Carlos Villaescusa, presentó, a finales de 2009, una denuncia por maltrato físico, donde declaraba que en este Centro se sometía a los internos a duchas de agua fría, se les golpeaba en la cabeza y se les ataba a las camas durante toda la noche. No hay constancia de que la Comunidad de Madrid haya realizado investigaciones internas sobre este caso, ni que haya tomado medida alguna respecto a quienes se encuentran imputados.

Por su parte, el Defensor del Pueblo español mandó a dos de sus asesores a este Centro a principios de año para esclarecer las presuntas vulneraciones de los derechos de sus residentes. Tras la visita, el Defensor del Pueblo se dirigió a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para recabar más información ya que se habían encontrado signos de menores sometidos a contenciones abusivas .

Examen ante la ONU: una oportunidad para cambiar la situación
El Estado español se examina hoy ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, y debe aportar información sobre cuestiones que han motivado preocupación como es la situación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en los Centros de Protección Terapéuticos. Esta es, por tanto, una buena oportunidad para priorizar este asunto y dedicar los esfuerzos necesarios para mejorar la situación de los y las menores.

Amnistía Internacional se ha dirigido a las autoridades para que asuman su responsabilidad con respecto a la situación de los menores y para que desarrollen una ley estatal que proteja sus derechos.

Esta ley tiene que cubrir, al menos, los siguientes aspectos:

  • Garantizar derechos y garantías a favor de niños, niñas y adolescentes con trastornos de conducta o en situación de dificultad social, estén o no institucionalizados, a través de legislación estatal exigible en todo el territorio de España.
  • Asegurar que todo el sistema de protección toma como guía las normas internacionales y aplica las Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativa de cuidado de los menores.
  • Ejercer las funciones de inspección con la debida diligencia y cumplir con investigar de manera exhaustiva e imparcial las alegaciones de abusos, garantizando a quienes denuncian que no serán objeto de represalias.


Información adicional
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU lleva observando desde 2002 que existen distintos procedimientos de protección de la infancia en las 17 Comunidades Autónomas españolas y que éstos no son siempre compatibles con el interés superior del niño. Además, observa que es insuficiente el número de juzgados de familia que se ocupan de la protección de los niños que no han tenido problemas con la ley, y que los trámites judiciales progresan con gran lentitud.

Los ingresos en los Centros de Protección Terapéuticos, la permanencia, el régimen interno, el acceso a asistencia y los tratamientos en materia de salud demuestran desigualdades territoriales y permiten deficiencias y prácticas que contravienen al menos nueve artículos de la Convención de los Derechos del Niño.