(Kiev) La ex primera ministra ucraniana encarcelada hoy por abuso de su cargo debe ser puesta en libertad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Yulia Timoshenko ha sido condenada por un tribunal de Kiev a siete años de prisión y a inhabilitación para ejercer cargos públicos durante tres años por firmar en enero de 2009, cuando era primera ministra, un acuerdo de suministro de gas con Rusia por valor de varios millones de dólares.
“El procesamiento de Yulia Timoshenko es de motivación política. Los cargos contra ella no son delitos reconocibles internacionalmente, sino intentos de criminalizar decisiones que tomó en el transcurso de su trabajo”, ha manifestado John Dalhuisen, director adjunto del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Las malas decisiones políticas de ese tipo –si es eso lo que fue– deben ser castigadas por los votantes, no por los tribunales. Su condena por estos cargos es ilegítima y Yulia Timoshenko debe ser puesta en libertad de inmediato.”
Yulia Timoshenko, destacada dirigente de la oposición, ocupó el cargo de primera ministra desde enero hasta septiembre de 2005 y de nuevo, desde diciembre de 2007 hasta marzo de 2010.
Desde junio, ha sido juzgada por abuso de su cargo por firmar el contrato entre Naftogaz Ucrania (la empresa estatal de hidrocarburos de Ucrania) y el gigante ruso de energía Gazprom.
Por aquel entonces, Gazprom había incrementado el precio del gas en un 40 por ciento, y Ucrania se encontraba sometida a presión para resolver el punto muerto en el que se encontraba y obtener suministro para cubrir las necesidades nacionales.
Timoshenko aceptó un acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin que, según la acusación, costó al Estado unas pérdidas de 194,6 millones de dólares estadounidenses.
La acusación afirma asimismo que Timoshenko actuó sin obtener la aprobación del Consejo de Ministros.
“El juicio contra Yulia Timoshenko pone de manifiesto los problemas sistémicos de la justicia en Ucrania y la manera en la que se ha llevado a cabo arroja dudas sobre la independencia del poder judicial”, ha manifestado John Dalhuisen.
Hay otras dos causas pendientes contra Yulia Timoshenko.
El 30 de diciembre de 2010 fue acusada de abuso de su cargo por la recepción de 180 millones de euros por la venta de una cuota de gases invernadero a una empresa japonesa.
También ha sido acusada de retrasar la firma de una orden, en diciembre de 2009, para el despacho aduanero de 1000 automóviles Opel Combo. Al parecer, el retraso provocó una pérdida presupuestaria de 4,6 millones de dólares.
“Yulia Timoshenko debe quedar en libertad, y todos los cargos contra ella deben ser retirados”, ha manifestado John Dalhuisen.
