Amnistía Internacional ha pedido hoy, 28 de octubre, al gobierno japonés que asuma la plena responsabilidad por los crímenes cometidos contra las mujeres condenadas a la esclavitud sexual por sus captores japoneses –las llamadas "mujeres de solaz"– antes de la Segunda Guerra Mundial y en su transcurso. En un exhaustivo informe titulado Still Waiting After 60 years: Justice for Survivors of Japan's Military Sexual Slavery System, la organización expone el brutal trato sufrido por las “mujeres de solaz” y las excusas dadas a lo largo de los años para negar la responsabilidad de su sufrimiento. Hasta 200.000 mujeres –muchas de ellas menores de 20 años, y algunas de tan sólo 12– fueron convertidas en esclavas sexuales por el ejército japonés antes de la Segunda Guerra Mundial y en su transcurso. El informe también formula recomendaciones al gobierno japonés y a la comunidad internacional sobre cómo garantizar la justicia para las que aún sobreviven. “El gobierno japonés debe enmendar finalmente los errores de más de 60 años brindando plena reparación a las supervivientes de este terrible sistema de esclavitud sexual”, ha declarado Purna Sen, directora del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. Las supervivientes del sistema de “mujeres de solaz” son ya ancianas, y un número indeterminado de ellas ha muerto sin recibir justicia, una disculpa pública adecuada o una compensación directa del gobierno japonés. Durante años, el gobierno japonés negó sistemáticamente la responsabilidad en relación con el sistema de esclavitud sexual militar, y sólo admitió finalmente su responsabilidad cuando salieron a la luz pruebas que relacionaban directamente al gobierno japonés con esta práctica. “Las disculpas ofrecidas a quienes fueron ‘mujeres de solaz’ han sido inadecuadas, vagas e inaceptables para las supervivientes. Además, el Fondo para las Mujeres de Asia no cumple las normas internacionales de reparación, y las mujeres lo ven como una forma de comprar su silencio”, ha declarado Purna Sen. “Se trata de una cuestión actual de derechos humanos que no debe relegarse al pasado; se trata de vidas que han sido destruidas y de la constante negación de la justicia y la reparación”, ha manifestado Purna Sen. “La reparación en este caso no es sólo una obligación moral. Todo Estado que cometa crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad tales como la violación y la esclavitud sexual tiene también la obligación legal de proporcionar plena reparación y garantías de no repetición directamente a las supervivientes.” El gobierno japonés ha alegado que la violación no se consideró crimen de guerra hasta 1949, cuando se incorporó al Convenio IV de Ginebra. Amnistía Internacional arguye en su informe, no obstante, que hay amplias pruebas de que la violación en el contexto del conflicto armado era un delito en virtud del derecho internacional consuetudinario durante todo el periodo en el que el gobierno japonés mantuvo su sistema de esclavitud sexual. “Me llevaron a China cuando tenía 16 años”, ha declarado Lee Ok-sun, ciudadana surcoreana, ahora de 79 años de edad. Fue secuestrada y llevada a Yanbian, en el noreste de China, donde fue convertida en esclava sexual en una “estación de solaz”. “La edad de las chicas oscilaba entre los 14 y los 17 años, y nos obligaban a servir a entre 40 y 50 soldados al día”, ha relatado. “Era imposible servir a tantos, así que yo me negué, y me golpearon. Si una mujer se negaba le hacían cortes con un cuchillo; a algunas chicas las apuñalaron. Algunas contrajeron enfermedades y murieron [...] Fue una experiencia dolorosa. No había comida suficiente, ni tiempo suficiente para dormir, y ni siquiera podía suicidarme. Estaba desesperada por escapar.” Lee Ok-sun estuvo en China 58 años antes de poder regresar a Corea del Sur. “Queremos que nuestra experiencia se escriba para que las próximas generaciones y las personas de otros países sepan lo que nos sucedió y para que se haga justicia”, declara Lola Pilar, de Filipinas, en el informe de Amnistía Internacional. “El gobierno japonés tiene que admitir lo que hicieron los soldados japoneses. Necesitamos una disculpa y una compensación del gobierno japonés.” “Quiero justicia más que dinero”, añade la superviviente Lola Amonita, también de Filipinas. “Quiero una disculpa pública del gobierno japonés.” Información complementaria “Mujeres de solaz” es el eufemismo que se utiliza para referirse a las jóvenes de Filipinas, Tailandia, Vietnam, Malaisia, China, Corea del Norte y del Sur, Japón, Indonesia, Países Bajos y otros países o regiones ocupados por Japón a las que las tropas japonesas obligaron a servir como esclavas sexuales antes de la Segunda Guerra Mundial y durante su transcurso. Los abusos tuvieron lugar en las “estaciones de solaz” establecidas por las autoridades japonesas donde quiera que sentaban bases en el transcurso de la guerra. A las mujeres solían llevarlas a esas estaciones mediante secuestros o engaños, y a veces las compraban a sus progenitores que carecían de recursos económicos. Pese a la amplia extensión de lo que, esencialmente, era una violación institucionalizada, los Tribunales Militares Internacionales para Lejano Oriente, establecidos tras la Segunda Guerra Mundial para procesar a los criminales de guerra japoneses, ignoraron la cuestión de las “mujeres de solaz”. Sólo se llevaron a cabo procesamientos en el tribunal militar neerlandés en Indonesia, y únicamente por la esclavitud sexual de mujeres neerlandesas; los crímenes similares contra mujeres indonesias quedaron impunes. Humilladas y avergonzadas, las “mujeres de solaz” supervivientes permanecieron en silencio durante décadas hasta atreverse finalmente a hablar a principios de los años noventa, en respuesta a las persistentes negativas del gobierno japonés a reconocer su implicación en el sistema. Las supervivientes están terriblemente traumatizadas, muchas nunca se casaron y muchas no pudieron tener hijos a consecuencia de las lesiones sufridas por las repetidas violaciones o por haber contraído enfermedades de transmisión sexual. El gobierno japonés negó su responsabilidad por el sistema de “mujeres de solaz” hasta que en 1992 el profesor Yoshimi Yoshiaki descubrió pruebas que relacionaban directamente con esta práctica al gobierno de Japón. Posteriormente el gobierno japonés presentó varias disculpas oficiales, pero para las supervivientes no han sido aceptables. Además, el gobierno japonés, en respuesta a la incansable campaña de las supervivientes del sistema de esclavitud sexual y quienes las respaldan, y a las críticas internacionales, creó en 1995 el Fondo para las Mujeres de Asia. Sin embargo, las supervivientes ven este Fondo como una vía abierta por el gobierno japonés para eludir su responsabilidad legal internacional para con ellas.
Las peticiones de compensación caen en saco roto
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