Londres.- Las mujeres afganas corren a diario peligro de ser secuestradas y violadas por individuos armados, son obligadas a contraer matrimonio y se convierten en artículos de intercambio en la resolución de disputas y deudas. Sufren discriminación por parte de todos los segmentos de la sociedad y también de las autoridades del Estado. La violencia contra ellas está ampliamente aceptada en la comunidad y no se aborda adecuadamente en las instancias más altas del gobierno y el poder judicial. Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades sobre las denuncias de ataques violentos, violaciones, asesinatos o suicidios de mujeres no son habituales ni sistemáticas y muy pocas dan lugar a procesamientos. Amnistía Internacional ha manifestado: "Los códigos sociales, invocados en nombre de la tradición y la religión, se utilizan como justificación para negar a las mujeres la capacidad de disfrutar de sus derechos fundamentales. Las presuntas transgresiones de estos códigos han conducido al encarcelamiento e incluso el homicidio de algunas mujeres. Algunas autoridades tratan como delincuentes a las mujeres que huyen para escapar de estas situaciones, y las encarcelan". Afganistán está en proceso de reconstrucción tras muchos años de conflicto, pero centenares de mujeres y niñas siguen sufriendo abusos a manos de sus esposos, padres y hermanos, de individuos armados, de sistemas de justicia paralelos y de instituciones del propio Estado como la policía y el sistema judicial. Se ha informado de un aumento de los matrimonios forzados, y algunas mujeres se han suicidado, incluso inmolándose, para escapar de ello. "Esposos, hermanos y padres siguen siendo los principales responsables de la violencia en el hogar, pero el control social y el poder que ejercen se ven reforzados tanto por las autoridades estatales como por los sistemas informales de justicia", ha subrayado Amnistía Internacional. "Queremos hacer hincapié en que las autoridades afganas tienen el deber de abstenerse de cometer violaciones de derechos humanos, y tienen la obligación de proteger a las mujeres frente a la violencia, no sólo la ejercida por los agentes del Estado, sino también la ejercida por individuos particulares y grupos. La reforma del sistema de justicia penal es fundamental para la protección de todas las mujeres afganas, y es responsabilidad del Estado proporcionar salvaguardias legales." En virtud de las normas internacionales de derechos humanos, Afganistán debe ejercer la diligencia debida para garantizar los derechos de las mujeres, incluidos sus derechos a la igualdad, la vida, la libertad y la seguridad, así como el derecho a no sufrir discriminación ni tortura o trato cruel, inhumano o degradante. El informe de Amnistía Internacional destaca el hecho de que las autoridades afganas no respetan, protegen ni hacen realidad los derechos de mujeres y niñas. También subraya que el Estado debe asumir la responsabilidad y garantizar que tanto las mujeres como los hombres de Afganistán disfrutan del derecho a vivir sin violencia. La organización pide al gobierno afgano, como mínimo esencial para poner fin a las constantes de discriminación y violencia en el país, que, entre otras cosas:
- condene de forma pública e inequívoca todo acto de violencia contra mujeres y niñas, incluida la que se ejerce en la familia y mediante decisiones de sistemas informales, así como la perpetrada por agentes del Estado;
- siga reforzando la reforma del sistema de justicia penal, lo que incluye una formación exhaustiva del personal judicial y policial para que cumpla las normas que promueven y protegen los derechos de las mujeres;
- no invoque consideraciones de costumbre, tradición o religión para eludir su obligación de eliminar la violencia contra las mujeres;
- modifique o derogue las leyes (como el Código Penal), normas, costumbres y prácticas existentes que constituyen discriminación contra las mujeres en cuestiones familiares o que permiten dicha discriminación.
