Las detenciones en régimen de incomunicación, los juicios injustos y las torturas y malos tratos son la cara oculta del conflicto de Darfur

Mientras que la crisis humanitaria de Darfur ha acaparado la atención internacional, el fracaso del sistema de leyes que está detrás de la crisis de derechos humanos ha pasado en gran medida inadvertido, afirma Amnistía Internacional hoy 8 de junio de 2004 en un memorándum dirigido al gobierno sudanés y a la recién nombrada Comisión de Investigación de Sudán. A la inmensa mayoría de las personas privadas de libertad en Darfur y detenidas fuera de Darfur en relación con el conflicto no les comunican los motivos de su detención ni les permiten contactar con abogados, familiares o personal médico. Se les niega el derecho a comparecer sin demora ante un juez u otra autoridad judicial, a impugnar la legalidad de su detención y a recibir un trato humano. La tortura es una práctica generalizada. “No se puede ignorar el fracaso del sistema de justicia. La injusticia no es una mera consecuencia del conflicto sino una de sus causas. Los abusos, igual que los combates, empeorarán si no se adoptan medidas preventivas de inmediato”, ha advertido Amnistía Internacional. “Una de las razones de que se hayan cometido abusos tan espantosos y generalizados en Darfur es que todos los miembros de las milicias janjawid que han matado, violado, saqueado y obligado a desplazarse a personas desde abril de 2003 gozan de impunidad absoluta —señala la organización—. La ausencia de rendición de cuentas por estos crímenes espantosos es una tragedia, no sólo para los varios miles de personas que han padecido los abusos, sino para la integridad del sistema de justicia de Sudán.” “Los miembros de las milicias janjawid sospechosos de haber cometido gravísimos abusos contra los derechos humanos continúan en libertad mientras que los presuntos simpatizantes de la oposición armada permanecen recluidos en régimen de incomunicación sin ser juzgados”, ha señalado Amnistía Internacional. Entre los detenidos hay abogados, periodistas, defensores de los derechos humanos y estudiantes; muchos de ellos son presos de conciencia al haber sido privados de su libertad exclusivamente por expresar sus opiniones sin recurrir a la violencia ni propugnar su uso. Saleh Mahmoud Osman , conocido abogado de derechos humanos de Nyala, se encuentra recluido sin cargos ni juicio desde el 1 de febrero de 2004, la mayor parte del tiempo en la prisión de Kober. El doctor Mudawi Ibrahim Adam, director de una organización de derechos humanos con delegaciones en Darfur, se declaró en huelga de hambre a las cinco semanas de ser detenido en Jartum —el 28 de diciembre de 2003— para exigir su excarcelación si no lo juzgaban. Posteriormente fue acusado de cinco delitos, entre ellos algunos que comportan la pena de muerte. Entre las “pruebas” en su contra está la de poseer documentos públicos de Amnistía Internacional. El proceso contra él sigue abierto. “La detención de quienes expresan su opinión, defienden los derechos humanos o trabajan para encontrar una solución a la crisis reprime la libertad de expresión en Sudán y dificulta toda labor encaminada a buscar una solución por parte de la sociedad civil sudanesa”, ha afirmado Amnistía Internacional. Cada vez son más frecuentes y numerosos los informes sobre tortura. El doctor Ali Ahmed Daoud , cirujano veterinario, y Ali Hussein Dossa , miembro de la Asamblea del Estado de Darfur Meridional, fueron detenidos en Nyala el 15 de marzo, junto a una veintena de personas del grupo étnico fur, en el curso de una reunión que celebraban en el domicilio de Ali Dossa en la que al parecer debatían la idea de hacer presión contra los ataques de los janjawid . La paliza que les propinaron a ambos con palos y cables fue tal que hubo que llamar a un médico. Continúan privados de libertad en la prisión de Kober sin cargos ni juicio. La mayoría de los detenidos se encuentran en centros de detención de los servicios de seguridad o de inteligencia, a menudo en condiciones muy penosas. A un detenido de Tina, en la frontera con Chad, lo trasladaron en avión al centro de información militar ubicado en Al Fasher, donde permaneció recluido cuatro meses. Esta persona contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “En ningún momento me acusaron de delito alguno y nunca pude ver a nadie, ni familiares ni abogados. Me golpeaban con frecuencia. También me aplicaban descargas eléctricas para obligarme a decir cosas. Sólo nos daban una taza de agua al día y la comida era escasa y muy mala. Estaba junto a otros 25 en una celda donde no había un solo inodoro. Tres personas murieron en el centro de detención mientras estuve allí [...]”. La detención en régimen de incomunicación en los centros de las distintas fuerzas de seguridad presenta condiciones que propician la tortura y la “desaparición”. En el citado memorándum de Amnistía Internacional se solicita la abolición de los artículos 31 y 33 de la Ley de las Fuerzas de Seguridad Nacional, que permite a éstas recluir a personas sin cargos en régimen de incomunicación y les procura inmunidad frente al procesamiento. “Reconocemos que los gobiernos tienen la obligación de tomar medidas para proteger a sus ciudadanos de los grupos armados, pero deben hacerlo en consonancia con las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos”, señala Amnistía Internacional. “Las personas detenidas únicamente por expresar sus opiniones deben ser excarceladas de forma inmediata e incondicional” afirma la organización. Los demás detenidos deben ser juzgados sin demora ante tribunales ordinarios por delitos reconocibles, con las garantías procesales que exigen las normas internacionales y sin recurrir a la pena de muerte. “De no hacerse así, también ellos deberían ser puestos en libertad”. El 8 de mayo de 2004, el gobierno sudanés creó una Comisión de Investigación, presidida por el ex presidente del Tribunal Supremo Daf * allah al Hajj Yusuf, con el cometido de investigar “presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por grupos armados en Darfur” y las causas de esos abusos, así como de establecer los hechos en relación con los daños humanos y materiales. “El gobierno de Sudán debe ampliar el mandato de la Comisión de Investigación a fin de garantizar que incluye la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades del gobierno —afirma Amnistía Internacional—. Además, la Comisión debe estar facultada para visitar todos los centros de detención e informar públicamente sobre toda violación de derechos humanos que descubra.” Información general En el 2001, ante un problema acuciante de seguridad que incluía ataques entre grupos étnicos y un aumento del bandidaje, el gobierno sudanés estableció tribunales especiales en los estados de Darfur Septentrional, Occidental y Meridional tras declarar el estado de excepción en la región. Los juicios ante estos tribunales especiales adolecen de numerosos defectos. La actuación de miembros de las fuerzas de seguridad como jueces pone en tela de juicio la independencia del poder judicial. Además, los juicios celebrados ante estos tribunales son sumarios, y se han dictado sentencias de muerte tras juicios de apenas una hora de duración. El conflicto en Darfur se ha intensificado desde febrero de 2003, cuando el Ejército de Liberación de Sudán y más tarde el Movimiento Justicia e Igualdad se alzaron en armas contra el gobierno. Se quejaban de la falta de protección a los grupos étnicos campesinos por parte del gobierno frente a los ataques de las milicias nómadas y la marginación y el subdesarrollo de la región. El gobierno de Sudán dio entonces rienda suelta a las milicias nómadas denominadas janjawid para que atacaran los poblados de numerosos grupos étnicos dedicados a la agricultura, como los fur, los masalit y los zaghawa. Actualmente los janjawid reciben apoyo y financiación del gobierno, llevan uniforme y continúan matando, violando y secuestrando a civiles. Alrededor de un millón de personas han huido de los poblados que han sido incendiados y se han refugiado en diversas localidades de Darfur, mientras que más de 120.000 han cruzado la frontera hacia Chad.