Londres.- Para que las conversaciones de Annapolis que se iniciarán la próxima semana avancen hacia una solución justa y duradera al largo conflicto palestino-israelí, los compromisos de paz deben ir acompañados de medidas claras y concretas que pongan fin y corrijan los graves abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario que continúan destruyendo vidas en ambos bandos.
En concreto, las partes que participan en las conversaciones deberán establecer parámetros mensurables que, junto con un mecanismo de aplicación claramente definido y un régimen de medidas que puedan hacerse cumplir, garanticen que el gobierno israelí y la Autoridad Nacional Palestina cumplen con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y que se respetan los derechos fundamentales de la población palestina y de la israelí.
Para ello, y a fin de evitar que se repitan los errores del pasado, las partes deben acordar el despliegue de observadores internacionales de derechos humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, responsables de observar e informar públicamente sobre el cumplimiento y la vulneración de los compromisos contraídos por cada una de las partes en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario.
Los miembros del Cuarteto (Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y Rusia) y los países de Oriente Medio que participan en las negociaciones tienen la obligación, como Estados Parte en los Convenios de Ginebra y otros tratados internacionales de derechos humanos, de garantizar que se respeta el derecho internacional. Deben utilizar estas prerrogativas para impulsar el cambio, e insistir en que tanto el gobierno israelí como la Autoridad Nacional Palestina cumplan los compromisos contraídos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Los temas más acuciantes a resolver son los que afectan diariamente a los derechos humanos de millones de palestinos e israelíes, exacerbando la espiral de violencia e impidiendo que se avance en otros frentes. Estas cuestiones deben afrontarse de forma prioritaria si se desea avanzar a la hora de poner las bases para lograr una solución duradera a esta crisis que ya dura décadas. En concreto:
- Tanto las fuerzas israelíes como los grupos armados palestinos deben poner fin de inmediato a los homicidios ilegítimos y todos los demás ataques contra la población civil, y el gobierno israelí y la Autoridad Nacional Palestina deben poner a disposición judicial a todos los perpetradores de tales abusos, no importa su rango y jerarquía ni su filiación o apoyo políticos.
- El gobierno israelí debe levantar sin demora el actual régimen de bloqueos y restricciones a la libertad de circulación de personas y mercancías en los Territorios Palestinos Ocupados, cuyo efecto ha sido paralizar la economía palestina y negar cualquier apariencia de vida normal a los 3,5 millones de habitantes palestinos.
- El gobierno israelí también debe levantar de inmediato el bloqueo que ha impuesto en la Franja de Gaza y que ha exacerbado una crisis humanitaria, causando pobreza extrema y generalizada y dependencia de la ayuda alimentaria, además de la muerte de personas que necesitan atención médica no disponible en la Franja de Gaza.
- Las autoridades israelíes deben detener la construcción o expansión de asentamientos israelíes y otras infraestructuras relacionadas en los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Oriental –y el 80 por ciento de los 700 kilómetros de la valla/muro construidos en la Cisjordania ocupada–, así como comenzar los preparativos para reubicar en Israel a los colonos israelíes de los Territorios Palestinos Ocupados. Si es precisa una valla/muro para proteger la seguridad de Israel, ésta debe estar en la frontera entre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, no dentro de éstos.
- Las autoridades israelíes deben dejar de destruir viviendas y tierras palestinas en los Territorios Palestinos Ocupados, cancelar las órdenes de demolición pendientes y transferir la responsabilidad de las normativas de planificación y edificación en los Territorios Palestinos Ocupados, actualmente en manos del ejército israelí, a las comunidades palestinas locales.
- Las autoridades israelíes deben poner en libertad a los palestinos detenidos arbitrariamente, en particular las más de 800 personas en detención administrativa recluidas sin cargos ni juicio, y deben revisar los casos de unos 300 menores palestinos que han sido juzgados o están en espera de juicio ante tribunales militares israelíes sin beneficiarse de los procedimientos concebidos para proteger a los menores, vulnerando así las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Homicidios de civiles Los civiles desarmados han pagado un alto precio por los reiterados fracasos de las partes en conflicto y de la comunidad internacional a la hora de resolver el conflicto israelí-palestino. Desde el fracaso del proceso de Oslo y el estallido de la Intifada palestina, hace siete años, las fuerzas israelíes han matado a unos 4.300 palestinos, 850 de ellos menores, y los grupos armados palestinos han matado a unos 1.100 israelíes, 120 de ellos menores. Además, decenas de miles de personas han resultado heridas, muchas de ellas mutiladas de por vida. La mayoría de las víctimas en ambos bandos han sido civiles desarmados no implicados en el conflicto que fueron víctimas de homicidio ilegítimo.
Desde el plan de paz de 2003 conocido como “hoja de ruta” –el último acuerdo entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina apoyado internacionalmente, que nunca llegó a aplicarse–, han perdido la vida más de 2.200 palestinos y más de 300 israelíes.
Si bien en los últimos años se ha producido un significativo y positivo descenso en el número de víctimas israelíes, el número de palestinos muertos por las fuerzas israelíes ha seguido siendo muy elevado. Sólo este año, las fuerzas israelíes han matado a cerca de 300 palestinos, decenas de ellos menores, y los grupos armados palestinos han matado a 11 israelíes. En ambos bandos los autores pudieron actuar con impunidad: ni el gobierno israelí ni la Autoridad Nacional Palestina se han mostrado seriamente inclinados a hacer responder de sus actos a los perpetradores de abusos, lo cual exacerba aún más la violencia. Asentamientos y “puestos de avanzada” El Cuarteto debe exigir al gobierno israelí que ponga fin a la apropiación ilícita de las tierras y los recursos naturales palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados alegando razones de “seguridad” y para ampliar asentamientos israelíes ilegales. En la “hoja de ruta”, el gobierno israelí se comprometía a congelar toda actividad de asentamiento, incluida la expansión para el denominado “crecimiento natural”, y a desmantelar todos los “puestos de avanzada” establecidos desde 2001, pero está claro que no lo ha hecho. Muy al contrario, decenas de estos “puestos de avanzada” se han ampliado, así como unos 150 asentamientos oficialmente reconocidos por el gobierno israelí en Cisjordania. Si bien la retirada de unos 8.000 colonos israelíes de la Franja de Gaza en 2005 fue un paso positivo, se vio contrarrestado por un incremento mayor del número de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada. Controles de seguridad y bloqueos El gobierno israelí no ha cumplido el compromiso contraído el mes pasado con la administración estadounidense, con vistas a la reunión de Annapolis, de eliminar algunos de los 560 controles de seguridad y bloqueos del ejército que impiden el movimiento de los palestinos entre ciudades y pueblos de Cisjordania, y de permitir el acceso a sus tierras de los agricultores palestinos que ahora lo tienen cortado por la construcción de la valla/muro. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH) informó la semana pasada que el ejército israelí había levantado sólo dos de los 24 bloqueos que había acordado eliminar, y que sólo el 18 por ciento de los 30.000 palestinos que habían quedado separados de sus tierras por la valla/muro habían podido conseguir permisos del ejército israelí para acceder a ellas. Gaza Al mismo tiempo, el endurecimiento por parte de Israel del bloqueo en la Franja de Gaza sigue teniendo consecuencias devastadoras para el millón y medio de habitantes de esta zona. Excepto contadas excepciones, sigue impidiéndose a los enfermos en estado crítico que salgan de Gaza, donde no disponen del tratamiento médico que necesitan, a consecuencia de lo cual varias personas han muerto. La Organización Mundial de la Salud informó este mes que faltan varios medicamentos esenciales y ha aumentado el deterioro de la salud de los habitantes de Gaza, donde los hospitales también se ven afectados por la escasez de alimentos, incluidos los productos lácteos y la carne. Los organismos internacionales de ayuda han expresado su preocupación por las restricciones israelíes a la circulación de mercancías con destino a la Franja de Gaza, que está interfiriendo gravemente con su capacidad de cubrir las necesidades humanitarias de la población, el 80 por ciento de la cual depende ya de la ayuda internacional.
La comunidad internacional debe seguir insistiendo en que la Autoridad Nacional Palestina y la administración de Gaza, de hecho en manos de Hamás, tomen medidas de inmediato para que los grupos armados palestinos de la Franja de Gaza dejen de lanzar cohetes “Qassam” de fabricación casera contra Israel.
La comunidad internacional debe asimismo exigir el levantamiento inmediato del bloqueo arbitrario y desproporcionado de Gaza por Israel, que constituye una forma de castigo colectivo a los habitantes palestinos, incluidos cientos de miles de menores y demás personas que no tienen responsabilidad alguna en la violencia y que viven en una atroz situación de pobreza impuesta.
