(Washington, D.C.) – Las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos sufren índices desproporcionadamente elevados de violación y violencia sexual, pero el gobierno federal ha creado importantes barreras que dificultan el acceso a la justicia, sostiene Amnistía Internacional en un informe que la organización ha hecho público hoy, 24 de abril de 2007. Las cifras del Departamento de Justicia indican que las mujeres indígenas tienen 2,5 veces más probabilidades de ser violadas o sufrir agresiones sexuales que las mujeres de Estados Unidos en general. Más de una de cada tres mujeres indígenas serán violadas en el transcurso de su vida.
El gobierno de Estados Unidos ha creado un complejo laberinto de jurisdicciones tribales, estatales y federales que a menudo permite a los responsables de violaciones actuar con impunidad, y en algunos casos crea de hecho vacíos jurisdiccionales que alientan las agresiones. Es necesario establecer el lugar donde se cometió el delito y la identidad del responsable para determinar qué autoridades tienen jurisdicción, y en este proceso se pierde un tiempo decisivo. Estas deficiencias propician investigaciones inadecuadas o falta de respuesta.
Otras complicaciones son la falta de profesionales de medicina legal para casos de agresión sexual debidamente capacitados en las instalaciones del Servicio Indígena de Salud que se ocupen de los exámenes forenses y la posibilidad de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley manejen de forma incorrecta las pruebas cuando utilizan materiales para la recogida de pruebas en casos de violación. El resultado es que en muchos casos las mujeres indígenas: - no reciben una respuesta oportuna de la policía, en el supuesto de que reciban respuesta,
- pueden no ser sometidas a exámenes médicos forenses,
- pueden ver que sus casos no llegan a ser objeto de procesamiento.
“Los elevados índices de violencia sexual que experimentan las mujeres indígenas en Estados Unidos se agravan debido a fallos en todos los niveles del sistema de justicia. Amnistía Internacional manifiesta su solidaridad con las demandas de las mujeres indígenas para que el gobierno de Estados Unidos les proporcione la protección y la justicia que merecen”, ha declarado Kate Gilmore, secretaria general adjunta ejecutiva de Amnistía Internacional.
“Las mujeres indígenas sufren un trato brutal en una proporción alarmante, y es lamentable que el gobierno de Estados Unidos, supuesto defensor de los derechos de la mujer, esté contribuyendo al problema”, ha afirmado Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Es vergonzoso que tales abusos incluso existan en nuestros días. Si no se toman medidas inmediatas, una situación que ya es terrible e indignante para las mujeres podría quedar aún más fuera de control. Ha llegado la hora de poner fin a estos abusos contra los derechos humanos que se vienen cometiendo sin trabas desde la fundación de este país.”
El informe de Amnistía Internacional, Laberinto de injusticia: Falta de protección de las mujeres indígenas frente a la violencia sexual en Estados Unidos, advierte que las cifras oficiales, por muy inquietantes que sean, subestiman gravemente el problema porque muchas mujeres tienen demasiado miedo de la inacción para denunciar sus casos. Según una trabajadora de apoyo de Oklahoma, de los 77 casos de agresión sexual o violencia doméstica en los que estaba trabajando y que afectaban a mujeres indígenas, sólo tres víctimas denunciaron sus casos a la policía.
El gobierno de Estados Unidos ha menoscabado la autoridad de los sistemas de justicia tribal para responder ante los delitos de violencia sexual al no facilitarles de forma sistemática fondos en cantidad suficiente. La legislación federal limita a un año de privación de libertad la pena que los tribunales tribales pueden imponer por cada delito y prohíbe a los tribunales tribales juzgar a los sospechosos no indígenas, aun cuando datos recogidos por el Departamento de Justicia indican que al menos el 86 por ciento de los responsables son hombres no indígenas.
Además, las investigaciones de Amnistía Internacional indican que en los ámbitos estatal y federal no se da curso a casos de violencia sexual contra mujeres indígenas en los que están implicados presuntos autores no indígenas. Un ex fiscal federal manifestó a Amnistía Internacional: “Es difícil tramitar las causas en que hay una víctima indígena y un presunto autor no indígena”. Una vez desestimado un caso en el ámbito estatal o federal, las supervivientes de violación no disponen de otros recursos en virtud de la legislación penal.
"Cuando los ancianos dicen, ‘demasiadas de nuestras mujeres y niñas han sido violadas’, sabemos que debemos reunirnos para superar la oscuridad y poner fin al silencio. Lo que no reconocemos, lo llevamos con nosotros", ha afirmado Denise Morris, directora ejecutiva y presidenta del Centro Indígena de Justicia de Alaska, que intervino en la presentación del informe de Amnistía Internacional. "El gobierno de Estados Unidos tiene le responsabilidad legal y moral de proporcionar recursos a las organizaciones indígenas para que puedan comenzar a desarrollar soluciones y promover la curación y el bienestar en el ámbito de la comunidad."
El informe se centra básicamente en tres regiones que plantean desafíos jurisdiccionales diferenciados: Oklahoma, Alaska y la Reserva Sioux de Standing Rock (Dakota del Norte y Dakota del Sur). El informe revela que cualesquiera que sean el lugar o el marco legal, el resultado es el mismo: la negación de justicia a muchas mujeres indígenas que han sufrido violencia sexual.
Además de la mejora de los niveles de capacitación, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades federales, estatales y locales a adoptar otras medidas concretas para reducir la violencia sexual y aumentar los servicios para las mujeres indígenas que son violadas:
- El Congreso de Estados Unidos debe financiar y aplicar plenamente la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres, y en particular el Título Tribal (Título IX), el primer intento en el marco de la Ley de combatir la violencia contra las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos. Esto incluye un estudio nacional de base sobre la violencia sexual contra las mujeres indígenas, un estudio sobre la incidencia de lesiones derivadas de actos de violencia sexual contra mujeres indígenas y un Registro Tribal en el que consten los responsables de delitos sexuales y las órdenes de protección. - El Congreso de Estados Unidos debe aumentar la financiación asignada al Servicio Indígena de Salud y las instalaciones contratadas por el Servicio. Tales sumas de dinero deben utilizarse para incrementar el número de profesionales de medicina legal para casos de agresión sexual, con el fin de que las supervivientes puedan someterse a exámenes médicos forenses oportunos, sin costes, después de sufrir una agresión sexual. Además, el Servicio Indígena de Salud debe garantizar la existencia de protocolos adecuados para el tratamiento de las supervivientes de violencia sexual.
- El Congreso de Estados Unidos debe reconocer la jurisdicción de las autoridades tribales sobre todas las personas que cometan delitos en tierras tribales. El gobierno federal debe facilitar los fondos necesarios para las fuerzas de policía de los poblados indígenas de Alaska y de los territorios indígenas del resto de Estados Unidos, prestando especial atención a la mejora de la cobertura en las zonas rurales y a la financiación y los recursos que permitan a las autoridades tribales desarrollar y mantener tribunales tribales.
- El gobierno federal y los gobiernos de los estados deben consultar a las naciones tribales, y a las mujeres indígenas en especial, y cooperar con ellas para establecer planes de acción efectivos encaminados a poner fin a la violencia sexual contra las mujeres indígenas.
Amnistía Internacional seguirá haciendo campaña en Estados Unidos, en asociación con las mujeres indígenas de Alaska y del resto del país, para hacer frente a los graves abusos contra los derechos humanos que se documentan en este informe. El nuevo texto forma parte de la Campaña para Combatir la Violencia contra las Mujeres que Amnistía Internacional lleva a cabo en todo el mundo.
