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Las autoridades deben rendir cuentas por la violación de los derechos de las personas migrantes

"No sois más que negros. No hagáis preguntas."

C. M., de Malí, dijo a Amnistía Internacional que así lo había increpado un agente de la ley en una comisaría de Melilla, España

"Es una prisión, no un centro. No nos dejan salir y está sucio, no lo limpian. Somos 17 y sólo hay una pastilla de jabón. Por la noche no comemos más que un cuenco pequeño de leche y unos dátiles. Normalmente sólo comemos a la una del mediodía y a las seis de la tarde. Es porque están ustedes (Amnistía Internacional) aquí por lo que ahora nos están alimentando.”

A. L., de Malí, en un centro de detención de Tánger, Marruecos.

Madrid, España.- Durante su visita de 10 días a España y Marruecos –visita que ha incluido las localidades de Ceuta, Melilla, Oujda, Nador y Tánger–, la delegación de Amnistía Internacional ha encontrado numerosas irregularidades en el trato impartido a personas migrantes, entre las que se encuentran posibles solicitantes de asilo. La delegación ha reunido testimonios de personas que huían de la pobreza y la represión, en su mayoría de África Central y Occidental, y que intentaban entrar en las ciudades de Ceuta y Melilla, ya fuera por mar o escalando la valla coronada por alambre de espinos y de cuchillas que las rodea.

En vista de las graves y repetidas violaciones de derechos humanos detectadas por la organización tanto en Melilla y Ceuta como en Marruecos, Amnistía Internacional insta a los gobiernos de España y Marruecos a poner fin de inmediato a todas las expulsiones y devoluciones de migrantes y solicitantes de asilo de origen subsahariano.

En las últimas semanas, según han reconocido las autoridades de España y Marruecos, decenas de personas resultaron heridas y al menos 11 murieron cuando, al tratar de entrar en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, se encontraron con la resistencia de agentes de la ley de ambos países. Amnistía Internacional está investigando otros casos dudosos. Centenares de personas más, entre ellas posibles solicitantes de asilo, han sido detenidas por las autoridades marroquíes y puestas bajo custodia o expulsadas del país.

"Las pruebas que hemos reunido demuestran que los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron fuerza de manera desproporcionada, incluidas armas letales. Hirieron y mataron a personas que trataban de cruzar la valla. A muchas de las personas gravemente heridas que consiguieron entrar en territorio español las empujaron de vuelta al otro lado de la valla sin formalidad legal alguna y sin asistencia médica”, ha declarado Javier Zúñiga, director de la delegación de Amnistía Internacional y consejero de los Programas Regionales del Secretariado Internacional de la organización, en Londres.

Los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, garantizados por la ley española, no se han respetado entre las dos vallas, ni siquiera cuando las personas en cuestión estaban bajo la custodia efectiva de funcionarios españoles encargados de hacer cumplir la ley.

El doctor Francisco Etxebarría, forense español y miembro de la delegación de Amnistía Internacional, pudo examinar a personas heridas y estudió testimonios fotográficos y de otro tipo que, según afirmó, indicaban enérgicamente que se había hecho un uso indebido de las medidas y el material de antidisturbios. También afirmó que era evidente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley carecían de formación sobre cómo hacer frente a las circunstancias específicas que se dan cuando la gente trata de cruzar en masa las vallas que rodean Ceuta y Melilla.

Dadas la gravedad y la frecuencia de las lesiones sufridas por las personas que han tratado de cruzar las vallas, Amnistía Internacional insta a las autoridades de ambos países a establecer y aplicar un protocolo específico sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que actúan en esta zona. Las disposiciones de este protocolo deben hacerse públicas.

Amnistía Internacional insta asimismo a las autoridades de ambos países a garantizar que las investigaciones sobre los hechos antes citados son exhaustivas, inmediatas, independientes e imparciales, y que los resultados se hacen públicos. El peso de la prueba, de conformidad con las normas internacionales, debe recaer en las autoridades de ambos países, y no en las víctimas o en las organizaciones no gubernamentales que trabajan en su favor.

Los gobiernos tanto de España como de Marruecos han asegurado a Amnistía Internacional que sus respectivas autoridades judiciales estaban investigando las muertes de las personas cuyos cadáveres se habían encontrado en su lado de la frontera. Sin embargo, Amnistía Internacional ha observado que las autoridades de ambos países trataron de culpar al otro país de las muertes, o al menos intentaron negar que sus fuerzas de seguridad fueran responsables penalmente. En el caso de al menos cuatro muertes ocurridas en la frontera entre Ceuta y Marruecos el 29 de septiembre de 2005, los dos gobiernos dijeron a Amnistía Internacional que el otro país era responsable de todas ellas.

"España y Marruecos deben investigar de forma independiente todas las muertes y lesiones ocurridas en el contexto de estos hechos, incluidas las ocurridas en las vallas de Ceuta y Melilla o en sus cercanías, así como otras que puedan haber ocurrido a consecuencia de malos tratos contra personas migrantes y solicitantes de asilo expulsadas de la zona por las fuerzas marroquíes. Deben hacerse públicos todos los resultados de estas investigaciones y debe hacerse rendir cuentas a todos los funcionarios de los que se concluya que han hecho uso de fuerza innecesaria o excesiva”, ha manifestado Javier Zúñiga.

“A menos que se aborde la cultura de la impunidad y la negación de las evidencias, más personas resultarán heridas de gravedad, morirán o serán expulsadas de forma ilegal y clandestina.”

Para impedir nuevas violaciones de derechos humanos, todas las cámaras de vigilancia situadas en las vallas deben ser puestas bajo control judicial y supervisadas sistemáticamente con el fin de detectar posibles violaciones de derechos humanos. Toda persona contra la que existan sospechas razonables de que ha sido responsable de esas violaciones debe ser procesada, de acuerdo con las normas internacionales.

Amnistía Internacional también ha reunido información de primera mano sobre los centenares de migrantes –entre los que, según los informes, se encuentran decenas de solicitantes de asilo– de países de África Central y Occidental que en los últimos días y semanas fueron aprehendidos por las fuerzas de seguridad marroquíes y detenidos, primero en comisarías o gendarmerías y luego en bases militares. La organización ha recibido numerosos informes que indican que a los recluidos no se les informó de la posible duración de su detención ni se les concedió su derecho a un abogado o a apelar contra su detención.

La delegación de Amnistía Internacional reunió pruebas que confirmaban los informes según los cuales centenares de migrantes, incluidos posibles solicitantes de asilo, fueron trasladados en autobuses, camiones y otros vehículos a regiones desérticas remotas cercanas a la frontera con Argelia, y les ordenaron que cruzaran a pie la frontera hacia localidades argelinas. Personas de países de África Central y Occidental dijeron a Amnistía Internacional que las habían dejado allí sin comida y agua, o con provisiones insuficientes. Una de ellas describió cómo un hombre con el que viajaba murió de agotamiento cuando su grupo cruzaba el desierto de vuelta a Marruecos.

En su reunión con las autoridades marroquíes, Amnistía Internacional manifestó su profunda preocupación por el número de informes que había recibido sobre migrantes y solicitantes de asilo a quienes las fuerzas de seguridad marroquíes habían golpeado en el momento de la detención y habían confiscado o destruido los documentos expedidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La reciente misión técnica de la Comisión Europea a Marruecos concluyó que “existen dudas sobre si Marruecos puede ofrecer en la práctica protección efectiva a todas las personas que buscan protección en su territorio”.

“Las personas refugiadas tienen derechos claramente establecidos. Tanto España como Marruecos deben cumplir las obligaciones que en virtud de las normas internacionales han contraído respecto a la protección de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. Deben proporcionarles información sobre sus derechos, incluidos el de acceder a asistencia letrada, pedir asilo y apelar contra una denegación del asilo, así como a acceder a los procedimientos y salvaguardias administrativos y judiciales relacionados con esta cuestión”, ha declarado Javier Zúñiga.

“Las autoridades españolas y marroquíes deben permitir, en particular, que el ACNUR desempeñe su papel completo en la protección de los solicitantes de asilo, y deben respetar los documentos personales expedidos por el ACNUR para estas personas.”

La respuesta de la Unión Europea (UE) ante esta reciente crisis se ha centrado casi exclusivamente en el control de la inmigración ilegal. El informe de la reciente misión técnica de la UE reconoce la falta de protección adecuada para los refugiados en Marruecos. Sin embargo, las recomendaciones de la UE son absolutamente inadecuadas en lo que se refiere a garantizar el nivel de protección a las personas refugiadas que los países de la UE están obligados a ofrecer en virtud del derecho internacional, y también en lo que se refiere a poner fin a la explotación laboral de las personas migrantes indocumentadas y a ayudar a los países más pobres a abordar las causas que originan la migración irregular.

Amnistía Internacional siente especial preocupación por las recomendaciones formuladas por la Unión Europea para aumentar los controles de la migración en países como la República Democrática del Congo o Costa de Marfil, donde se cometen abusos masivos contra los derechos humanos. Está asimismo claro que el enfoque adoptado por la UE no garantiza la seguridad y la dignidad de las personas migrantes que puedan no ser consideradas refugiados en virtud de los criterios de los Convenios de Ginebra, pero cuyos derechos humanos merecen no obstante ser protegidos.

“Europa debe buscar soluciones colectivas a un problema al que ha contribuido a agravar, soluciones que garanticen que no se mata o hiere a personas en las fronteras con la UE, y que quienes desean solicitar asilo pueden hacerlo libremente”, ha declarado Javier Zúñiga.

Casos

- J.P., un hombre de entre 20 y 30 años, huyó de la pobreza extrema de Camerún hace más de un año. Llegó hasta Marruecos a través de Nigeria, Níger y Argelia, y de allí pasó a Melilla. La primera vez que entró en el enclave español, se dirigió a la Comisaría donde los migrantes pueden registrarse y conseguir asistencia letrada. Sin embargo, fue expulsado inmediatamente a Marruecos. La segunda vez que consiguió entrar en Melilla, la Guardia Civil española lo golpeó y le disparó balas de goma desde unos dos metros de distancia antes de expulsarlo. La tercera vez asaltó la valla que rodea el enclave junto con otros migrantes, pero fue expulsado de nuevo a Marruecos, donde las autoridades marroquíes lo expulsaron a su vez a una zona en la frontera entre Marruecos y Argelia, cerca de la localidad de Oujda. Mientras estuvieron en ese terreno desértico, los migrantes sufrieron robos y golpes a manos de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos. En este momento, J.P. se encuentra oculto en Oujda mientras planea regresar a Melilla e intentar, una vez más, entrar en ella.

- X e Y (iniciales ficticias) son otros de los 500 africanos occidentales detenidos en campamentos militares en el norte de Marruecos. Seis o siete hombres comparten cada tienda mientras se producen nuevas llegadas cada día. Les dan comida y agua, pero no hay asistencia médica disponible. Los dos afirman que no han tenido acceso a asistencia letrada ni han sido informados de los motivos o la duración de su detención. Aseguran estar dispuestos a ser repatriados, pero piden que los liberen de inmediato.

- T.S., de 23 años, huyó de su Costa de Marfil natal en 2003 después de que unos hombres armados mataran a su padre y su hermano en su propia casa. Recibió la condición de refugiado en el vecino Malí en junio de 2004. Tras varios meses en ese país, viajó por tierra a Argelia y de allí a la capital de Marruecos, Rabat. Una semana después fue detenido en un asalto policial a la casa en la que alquilaba una habitación, y fue conducido junto con decenas de migrantes de África Occidental a la frontera con Argelia, donde les dijeron que entraran a pie en este país. La policía se negó a reconocer su condición de refugiado. En Argelia, el grupo con el que se encontraba fue interceptado y registrado por el ejército argelino, que les dijo que regresaran a Marruecos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Casablanca confirmó la condición de refugiado de T.S. en noviembre de 2004. Al no poder encontrar trabajo, T.S. trató de saltar la valla de Melilla el 9 de septiembre de 2005, junto con un grupo de unas 30 personas, pero, según afirma, él fue el único que consiguió entrar en el enclave español. El 19 de septiembre de 2005 pidió asilo. En estos momentos se encuentra en un centro para migrantes y solicitantes de asilo administrado por las autoridades españolas.

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