Teresa, de 59 años, abandonó a su marido después de 38 años de insultos, palizas y relaciones sexuales forzadas. Está convencida de que, si le denuncia, su situación empeorará. No confía en que las instituciones públicas la protejan. En el momento de entrevistarse con Amnistía Internacional, llevaba nueve meses encerrada en su domicilio con las persianas bajadas para hacerle creer que se había ido de la ciudad. La historia de Teresa en absoluto es excepcional. El número de mujeres muertas como consecuencia de la violencia de género a manos de su compañero o ex compañero ha seguido creciendo desde el 2001, según las estadísticas oficiales. En el 2004, 72 mujeres perdieron la vida a manos de su pareja o ex pareja. Siete de ellas contaban con medidas de protección. Las sobrevivientes de la violencia en el ámbito familiar se encuentran con importantes obstáculos para obtener ayuda, protección y justicia, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, Más allá del papel. Hacer realidad la protección y la justicia ante la violencia de género. Las estadísticas oficiales revelan que más del 95 por ciento de las mujeres que sufren malos tratos no presenta denuncia. Aquellas que sí lo denuncian, en muchos casos deben soportar una actitud de indiferencia o interrogatorios faltos de todo tacto que las desaniman a seguir adelante. “El Estado español tiene la obligación de impedir la violencia, investigar los abusos, castigar a los responsables e indemnizar a las víctimas, y debe hacerlo sin demora y empleando medios adecuados”, afirma María Naredo, responsable del área de Mujeres de la Sección Española de Amnistía Internacional. Aunque Amnistía Internacional acoge positivamente la nueva ley integral contra la violencia de género, a la organización le preocupa que sigan siendo las víctimas quienes tienen la responsabilidad de poner en marcha las medidas de protección, y que sólo se preste ayuda integral a las que presentan denuncia oficial. “Esta ley no es más que un marco de trabajo, un punto de partida para aliviar los obstáculos con los que se encuentran las mujeres y que ellas mismas han manifestado —afirma María Naredo—. El gobierno español debe adoptar medidas eficaces para que los derechos de todas las mujeres se hagan realidad.” A partir de los testimonios de mujeres que han sobrevivido a la violencia en el hogar, la organización encontró indicios de prejuicio y discriminación en la respuesta de las instituciones públicas. Un motivo concreto de preocupación es la falta de protección a las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables, como las inmigrantes sin papeles, las gitanas, las discapacitadas y las mujeres con problemas psicológicos o de adicción. Las inmigrantes indocumentadas tienen especiales dificultades a la hora de solicitar ayuda, a pesar del reconocimiento expreso de que tienen derecho a recibir la misma protección que otras mujeres. En algunas comunidades autónomas, se les exige estar empadronadas para acceder a centros de acogida; en otras no se les permite el acceso y son derivadas a centros de atención general a inmigrantes. Para recibir ayuda económica, a las mujeres que cuentan con una orden de protección se les exige ser demandantes de empleo; sin embargo, las inmigrantes sin papeles no pueden hacerlo debido a su situación administrativa. El Comité de la ONU que vigila la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) alertaba al gobierno español sobre las dimensiones del problema de la violencia contra las mujeres y sobre el aumento del número de homicidios. Ha puesto de relieve la falta de protección a los grupos vulnerables, entre ellos las inmigrantes indocumentadas, y ha expresado preocupación por la falta de coordinación entre el gobierno central y las diversas regiones en la asistencia a las víctimas de la violencia. El informe, presentado por Amnistía Internacional, contiene un conjunto de recomendaciones al gobierno español, entre ellas:
- Aplicación en todo el país de unos estándares mínimos de respuesta a la violencia de género;
- Acciones eficaces que posibiliten la detección temprana de la violencia en el ámbito familiar, y la asistencia sanitaria a las víctimas, con la formación y los medios necesarios para los profesionales médicos, que garanticen su efectividad;
- Reforma y evaluación de las medidas existentes, con la participación de las sobrevivientes y los grupos de mujeres.
