Londres.- En un nuevo informe publicado hoy Amnistía Internacional desvela la situación de las mujeres que se ven obligadas a vivir, a criar a sus hijos y a luchar por la justicia en las barriadas pobres de las ciudades de Brasil. “Para las mujeres de los barrios marginados de Brasil la realidad es catastrófica –ha manifestado Tim Cahill, investigador sobre Brasil de Amnistía Internacional–. Son víctimas ocultas de la violencia criminal y policial que asuela sus comunidades desde hace decenios.” El Estado brasileño prácticamente brilla por su ausencia en las comunidades marginadas, por lo que en muchos casos el único contacto que tiene la gente con el gobierno son las incursiones policiales militarizadas que se producen esporádicamente. Aunque el gobierno federal ha puesto en marcha un nuevo proyecto que promete ocuparse de tantos años de negligencia que han contribuido a que exista esa realidad, apenas se ha hecho nada por analizar y abordar las necesidades específicas de las mujeres que viven en esas comunidades. “En vez de brindarles protección, la policía suele someter a las mujeres a cacheos ilegales, que realizan agentes varones, así como a un lenguaje insultante y discriminatorio y a intimidaciones, especialmente si intentan interceder ante ella para proteger a algún pariente”, ha explicado Tim Cahill. Las mujeres que luchan por conseguir justicia para sus hijos o esposos acaban en primera línea de fuego, expuestas a sufrir nuevas amenazas y hostigamiento de la policía. “Sin la presencia del Estado, en la mayoría de las barriadas pobres, los señores de la droga y los jefes de las bandas son la ley. Dispensan castigos y protección y utilizan a las mujeres como trofeos o como objetos de intercambio en sus negociaciones”, ha señalado Tim Cahill. Utilizadas como “camellos” o como señuelos por las bandas de narcotraficantes, las mujeres son consideradas objetos de usar y tirar tanto por los delincuentes como por los agentes de policía corruptos. Amnistía Internacional conoce casos de mujeres a las que han afeitado la cabeza por haber sido infieles y han obligado a brindar favores sexuales para pagar deudas. Un creciente número de mujeres acaban en el superpoblado e insalubre sistema de prisiones de Brasil, sometidas a abusos físicos y psicológicos, incluida, en algunos casos, la violación.
Los efectos de la delincuencia y la violencia se hacen sentir en la comunidad entera, menoscabando considerablemente la prestación de servicios básicos, como la atención de la salud y la educación. Si en una comunidad, las clínicas están dentro del territorio de una banda rival, las mujeres pueden verse obligadas a recorrer kilómetros para ir al médico. Los servicios de maternidad, las guarderías y las escuelas pueden estar mucho tiempo cerrados debido a operaciones de la policía o a la violencia criminal. Los trabajadores de la salud y los profesores no se atreven a veces a trabajar en estas barriadas asoladas por la delincuencia. Las mujeres de las comunidades pobres soportan una tensión increíble. Una de ellas contó: “Vivo dopada. Tomo diazepam de ése para dormir. Porque si estoy lúcida no puedo dormir. Dopada, agarro mi hija, me tiro en el suelo para protegerme de los disparos y duermo toda la noche. Si mi hija pierde la muñeca, ya puede llorar toda la noche, porque en cuanto dan la ocho no salgo de casa para nada”. “El Estado viola los derechos de estas mujeres de tres maneras –ha afirmado Tim Cahill–. Apoya prácticas de mantenimiento del orden público que son causa de homicidios, perpetúa un sistema en el que el acceso a la justicia es sumamente difícil, si no imposible, y condena a las mujeres a pasar grandes apuros.” El Estado brasileño ha tomado iniciativas positivas, como reforzar la protección de las mujeres que sufren violencia doméstica mediante la introducción de la ley de Maria da Penha –que todavía no se aplica en su totalidad–. A fin de abordar la violencia contra las mujeres, hacen falta con urgencia medidas a largo plazo y de largo alcance, dirigidas a mejorar la vida de las mujeres de las comunidades marginadas. Amnistía Internacional pide al gobierno federal brasileño que, como primer paso, integre las necesidades de las mujeres en el nuevo plan de seguridad pública, el Programa Nacional de Seguridad Pública con la Ciudadanía (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASCI). Información complementaria El informe de Amnistía Internacional está basado en entrevistas realizadas a mujeres en seis estados –Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo y Rio Grande do Sul– entre 2006 y 2007. El informe, Nosotras recogemos los platos rotos – La experiencia de la violencia urbana para las mujeres de Brasil, está disponible en http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR19/001/2008/es
