La condena emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las graves violaciones de derechos humanos que siguen cometiéndose en Yemen es una buena noticia, pero toda llamada a la rendición de cuentas está condenada al fracaso si las autoridades yemeníes obtienen inmunidad frente a la investigación de los abusos. Así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional. La resolución del Consejo de Seguridad, aprobada ayer, insta a la firma y el cumplimiento de un acuerdo de traspaso de poderes basado en una iniciativa del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico que parece eximir por completo al presidente Alí Abdulá Salé y a su círculo de allegados de ser investigados o procesados. Dicha inmunidad supondría la obstrucción de la justicia con respecto a los cientos de muertes ocurridas durante varios meses de protestas en Yemen y también al cúmulo de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluidas ejecuciones extrajudiciales y tortura. “Los esfuerzos del Consejo de Seguridad de la ONU y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico para desbloquear la situación y poner fin a la difícil situación que atraviesa Yemen en la actualidad son dignos de elogio, pero no se puede conceder inmunidad al presidente Salé como premio a su renuncia”, ha señalado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. “Si a él y a otros se les concediera inmunidad jurídica, sería alta traición para las numerosas personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos bajo su mandato, que siguen reclamando reparación y el procesamiento de todos los responsables.” Amnistía Internacional ha pedido en repetidas ocasiones al Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico que elimine la cláusula de inmunidad de su propuesta de transición. En ningún caso se podrá interpretar que las alusiones del Consejo de Seguridad a dicho acuerdo otorgan inmunidad a ninguna persona, con independencia de su rango o filiación, ha manifestado la organización. Mucho antes de las protestas en favor de la reforma de este año, el gobierno de Yemen ya era responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas. Más de 200 manifestantes han perdido la vida en la campaña de represión de las protestas reformistas iniciadas en febrero, y la semana pasada continuaban los ataques a manifestantes en la capital, Saná. En su resolución, el Consejo de Seguridad insta a las autoridades yemeníes a adherirse al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y a permitir que la población de Yemen ejerza sus derechos humanos y libertades fundamentales. Parte de ello sería poner fin a los ataques contra civiles por parte de las fuerzas de seguridad, así como respetar y defender la libertad de expresión de los yemeníes y su derecho de reunión pacífica. En un informe publicado este año, Moment of Truth for Yemen (El momento de la verdad para Yemen), Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que tenga un papel más activo en las iniciativas para garantizar a la población yemení rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos sufridas.
