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La población más desprotegida y pobre del mundo paga el precio de la guerra contra el terror

(Londres). El 2005 ha sido un año de contradicciones en el que los signos de esperanza para los derechos humanos se han visto menoscabados por el engaño y las promesas incumplidas de las grandes potencias, según ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 23 de mayo, con motivo de la publicación de su informe anual. Durante su intervención en la presentación del Informe 2006 de Amnistía Internacional, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha afirmado que el programa de seguridad de los poderosos y privilegiados ha secuestrado las energías y la atención del mundo apartándolas de las graves crisis de derechos humanos que tienen lugar en otros lugares. “Hubo gobiernos que, tanto colectiva como individualmente, paralizaron instituciones internacionales y malgastaron recursos públicos en pos de mezquinos intereses de seguridad, sacrificaron principios en nombre de la ‘guerra contra el terror’ y no se dieron por enterados de las violaciones generalizadas de derechos humanos. Como consecuencia de ello, el mundo ha pagado un alto precio en términos de erosión de los principios fundamentales y también en la forma de un daño enorme a la vida y los medios de vida de la gente corriente”, ha manifestado la señora Khan. “La atención intermitente y la actuación endeble de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana distaron mucho –y penosamente– de ajustarse a las necesidades que planteaba la situación en Darfur”, ha asegurado Irene Khan en relación con un conflicto que se ha cobrado miles de vidas, que ha causado millones de desplazamientos y en el que todas las partes en conflicto siguen cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Irak se sumió en una espiral de violencia sectaria en 2005. La señora Khan ha advertido: “Cuando los poderosos son demasiado arrogantes para reevaluar y reformar sus estrategias, el precio más alto lo pagan las personas más pobres y desprotegidas, que en este caso son los ciudadanos y ciudadanas corrientes de Irak”. El problema de Israel y los Territorios Ocupados se retiró de la agenda internacional en 2005, lo que intensificó la penuria y desesperación de los palestinos y los temores de la población israelí.

Los ataques de los grupos armados en 2005 alcanzaron nuevas cotas de brutalidad e intensidad y se cobraron un gran número de vidas humanas. “El “terrorismo” de los grupos armados no tiene excusa, es inaceptable. Sus autores deben ser obligados a comparecer ante la justicia, pero en un proceso con garantías, no a través de torturas o detención secreta. Por desgracia, la brutalidad creciente de estos actos en todo el mundo el año pasado no es si no otro amargo recordatorio de que la ‘guerra contra el terror’ ha fracasado y seguirá fracasando hasta que se conceda prioridad a los derechos humanos y a la seguridad de las personas por encima de mezquinos intereses nacionales de seguridad”, ha afirmado Irene Khan. “Sin embargo, en 2005 también hubo claras señales de esperanza en contraposición a la desesperación.”

  El año pasado pudimos presenciar una de las mayores movilizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la pobreza y a favor de los derechos económicos y sociales. La cumbre de la ONU, en la cual se examinaron los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, puso de manifiesto el estrepitoso fracaso de los gobiernos a la hora de lograr una actuación acorde a las promesas contraídas. Por ejemplo, dijeron defender los derechos humanos de las mujeres pero no cumplieron los objetivos internacionales de igualdad de acceso a la educación para las niñas. En 2005, el movimiento en favor de la justicia se apuntó otro tanto con los primeros autos de procesamiento dictados por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Uganda. En Latinoamérica se quebró la inmunidad de anteriores jefes de Estado con el arresto domiciliario impuesto a Augusto Pinochet y la orden de detención internacional cursada contra Alberto Fujimori. Gobiernos de grandes potencias tuvieron que rendir cuentas ante sus tribunales e instituciones públicas. El tribunal de máxima instancia en el Reino Unido rechazó un plan del gobierno británico para utilizar confesiones obtenidas mediante tortura. El Consejo de Europa y el Parlamento Europeo abrieron sendas investigaciones sobre la participación europea en las “entregas extraordinarias” dirigidas por Estados Unidos, y también sobre el traslado ilegítimo de detenidos a países donde corrían peligro de ser torturados o sufrir otros abusos. Fue saliendo a la luz un dato tras otro que revelaba en qué medida los gobiernos europeos habían colaborado con Estados Unidos en los delitos, contraviniendo la prohibición absoluta de tortura y malos tratos y delegando las tareas de tortura mediante la transferencia de detenidos a Estados como Egipto, Jordania, Marruecos, Arabia Saudí y Siria, en los que se sabe que se practica la tortura. “Resulta lamentable que algunos gobiernos hayan tratado de buscar nuevas formas de eludir sus obligaciones en lugar de aceptar y considerar positivos los esfuerzos de tribunales y cámaras legislativas para restablecer el respeto de los principios fundamentales de derechos humanos”, ha manifestado la señora Khan. El Reino Unido solicitó “garantías diplomáticas” –o garantías documentales– para devolver a personas a países donde corrían peligro de ser torturadas. En Estados Unidos se aprobó legislación que reafirmaba la prohibición de la tortura y los malos tratos con la oposición del presidente, George Bush; pero a continuación se procedió a imponer duras restricciones sobre el derecho de las personas detenidas en Guantánamo a que un tribunal federal examine el trato que reciben. “Con la misma contundencia que condenamos los atentados “terroristas” contra la población civil, debemos oponernos al argumento esgrimido por los gobiernos de que es posible combatir el terror mediante la tortura. Semejante argumento es engañoso, peligroso y erróneo: no se puede apagar un fuego con gasolina”, ha manifestado Irene Khan. “El doble discurso y la doble moral de las grandes potencias son peligrosos porque debilitan la capacidad de la comunidad internacional para enfrentarse a situaciones problemáticas de derechos humanos como las de Darfur, Chechenia, Colombia, Afganistán, Irán, Uzbekistán y Corea del Norte. Permiten que los autores de abusos en estos y otros países actúen con impunidad.” “Cuando el gobierno británico guarda silencio respecto a la reclusión arbitraria y los malos tratos en Guantánamo, cuando Estados Unidos hace caso omiso de la prohibición absoluta de la tortura, o cuando los gobiernos europeos enmudecen respecto a su historial en materia de entregas extraordinarias, racismo o refugiados, están menoscabando su propia autoridad moral para liderar la defensa de los derechos humanos en otros lugares del mundo.” “Fue un año en que la ONU perdió demasiado tiempo en debatir sobre la reforma y la composición de sus instituciones clave y en cambio no prestó atención a la actuación de dos de sus miembros principales, China y Rusia, que han permitido sistemáticamente que sus propios intereses políticos y económicos prevalezcan sobre los problemas de derechos humanos en el ámbito nacional o internacional.” “Aquellos en quienes recae la responsabilidad principal de salvaguardar la seguridad mundial en el Consejo de Seguridad de la ONU demostraron en 2005 que eran los más dispuestos a paralizar el Consejo e impedir que adoptara medidas efectivas en materia de derechos humanos. “Los gobiernos de las grandes potencias están jugando un peligroso juego con los derechos humanos. El historial de conflictos prolongados y abusos crecientes contra los derechos humanos está ahí, a la vista de todo el mundo.” El año 2005 fue el comienzo de un cambio de disposición en la opinión pública. “Esta presión incipiente debe emplearse con eficacia para transformar en acción la falta de responsabilidad internacional”, ha pedido la señora Khan. Estas son las peticiones clave de Amnistía Internacional en 2006: · A las Naciones Unidas (ONU) y a la Unión Africana, que aborden el conflicto de Darfur y pongan fin a los abusos contra los derechos humanos que se cometen allí; · A la ONU, que negocie la aprobación de un Tratado sobre el Comercio de Armas que regule el comercio de armas pequeñas para que no sea posible emplearlas en la comisión de abusos contra los derechos humanos; · Al gobierno de Estados Unidos, que cierre el campo de detención de Guantánamo y revele el nombre y la localización de todas las personas detenidas en otros lugares como parte de la “guerra contra el terror”; · Al nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que insista en la igualdad de criterios de respeto a los derechos humanos por parte de todos los gobiernos, ya sea en Darfur o en Guantánamo, en Chechenia o en China. “La autoridad política y moral de los gobiernos será progresivamente juzgada en función de su posición respecto a los derechos humanos dentro y fuera de su país. Más que nunca, el mundo necesita que los países con poder e influencia en el ámbito internacional –los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como aquellos que aspiran a formar parte de él– se comporten con responsabilidad y respeto por los derechos humanos. Los gobiernos no pueden seguir jugando con los derechos humanos”, ha manifestado Irene Khan.

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