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La persecución de los activistas chechenos debe terminar

El líder checheno, Ramzan Kadyrov (a la izquierda) © ELENA FITKULINA / AFP / Getty Images

Las autoridades rusas deben tomar medidas para poner fin a la campaña de intimidación y hostigamiento contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Chechenia, han dicho Amnistía Internacional y Human Rights Watch hoy tras el incendio de las oficinas de un grupo de derechos humanos local. También deben ofrecer una verdadera protección a todos los activistas que reciben amenazas por realizar su labor.

La noche del 13 de diciembre, las oficinas de Grupo Móvil Conjunto, organización de derechos humanos que trabaja con organizaciones no gubernamentales de otras zonas de Rusia, quedaron destrozadas por un incendio, presuntamente provocado, en la capital de Chechenia, Grozni.

“Estos actos de intimidación forman parte de la actual campaña de represión de la libertad de expresión en la región. El dirigente checheno Ramzan Kadyrov parece estar librando una campaña personal contra Grupo Móvil Conjunto y su líder, Igor Kalyapin”, ha dicho Anna Neistat, directora general de Investigación en Amnistía Internacional.

El mismo 13 de diciembre, horas antes, en una manifestación contra los grupos armados que operan en la zona, se vieron pancartas en las que se tildaba a la ONG de “simpatizante del terrorismo” y ese mismo día unos enmascarados armados siguieron a miembros del grupo en un automóvil al parecer propiedad de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley chechenos.

El 14 de diciembre, la policía irrumpió en el apartamento que el Grupo Móvil Conjunto tiene alquilado en Grozni y, sin dar explicaciones ni enseñar orden de registro alguna a los dos miembros del personal de la organización que se encontraban allí, los agentes saquearon el lugar, confiscaron teléfonos móviles, varias cámaras fotográficas, ordenadores portátiles y otro material electrónico. También cachearon a los dos miembros del personal de la ONG y registraron su automóvil. Ambos, Sergei Babinets y Dmitry Dimitriev, pasaron varias horas bajo custodia policial y luego quedaron en libertad sin cargos.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido a las autoridades rusas que investiguen el presunto incendio provocado, garanticen protección para el personal de Grupo Móvil Conjunto y cumplan el compromiso de Rusia de fomentar un clima de trabajo normal para los defensores y defensoras de los derechos humanos.

“No es la primera vez que las autoridades chechenas desatan una campaña de hostigamiento contra quienes trabajan para proteger los derechos humanos en Chechenia”, ha dicho Hugh Williamson, director de Human Rights Watch para Europa y Asia Central. “Los últimos actos contra los defensores de los derechos humanos sugieren que en esta ocasión están llevándola a un nuevo nivel de abusos”.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido a las autoridades rusas que investiguen minuciosamente sin demora los ataques y las amenazas y hagan rendir cuentas a sus responsables.

 

Información complementaria

El 4 de diciembre, 11 miembros de un grupo armado atacaron a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el centro de Grozni. En el combate que se desencadenó posteriormente murieron los 11, junto con 14 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y al menos un civil. Al día siguiente, el presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, afirmó que las familias de los miembros del grupo armado serían expulsadas de Chechenia y que sus casas serían demolidas. Días después, hombres no identificados prendieron fuego en cinco localidades al menos a nueve casas, que quedaron destruidas. No se ha hecho ningún intento de investigar estos incidentes.

El 9 de diciembre, Kalyapin, presidente del Grupo Móvil Conjunto, pidió a las autoridades rusas que investigaran si las declaraciones de Kadyrov sobre la expulsión de las familias de los insurgentes y la destrucción de sus viviendas constituía un delito común en aplicación del artículo 286 del Código Penal ruso (“Abuso de autoridad”). Al día siguiente, a través de las redes sociales, Kadyrov afirmó que “un tal Kalyapin” estaba ayudando a los insurgentes en Chechenia, incluso económicamente.

El 11 de diciembre, varios destacados defensores de los derechos humanos dieron una conferencia de prensa conjunta en Moscú para poner de relieve la práctica ilegítima del castigo colectivo en Chechenia. Kalyapin, uno de los asistentes, fue atacado durante el acto por varios hombres, que lo insultaron y le arrojaron huevos. Posteriormente, Kalyapin ha estado recibiendo amenazas por teléfono y por SMS durante varios días.