Madrid.- El 19 de julio se cumplieron dos años desde la fecha en que el Estado español tenía que haber adaptado su legislación a la Directiva de la Unión Europea 43/00 sobre igualdad de trato por origen racial o étnico y casi cuatro años desde la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el racismo. Ambos instrumentos internacionales obligan a España y el resto de países de la Unión Europea a adoptar medidas adecuadas y efectivas para la lucha contra el racismo. Sin embargo, poco se ha hecho. No se ha puesto en marcha un plan estatal contra el racismo y la xenofobia, a pesar del aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas como los gitanos. Tampoco se han creado el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato ni el Observatorio contra el racismo previstos, desde hace más de un año, en la legislación española. A pesar de su importancia, el gobierno anterior incumplió el plazo de trasposición de la directiva 43/00 y meses después, la hizo a través de una enmienda a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado para el 2004, sin contar con las organizaciones que trabajan en ese campo. Dicha norma no recogía de forma adecuada las medidas previstas en la directiva y, en la actualidad, sigue sin desarrollo reglamentario. El nuevo Gobierno tampoco ha hecho nada al respecto. Amnistía Internacional y SOS Racismo quieren recordar al Estado español su obligación de articular las medidas legislativas y políticas adecuadas para luchar contra el racismo en todos los ámbitos de la sociedad: en el lugar de trabajo, en el acceso a la sanidad, educación, la justicia, prestaciones sociales, vivienda, locales de entretenimiento así como medidas para hacer frente a los casos de tortura de índole racista por parte de particulares y agentes del Estado. Información general Amnistía Internacional y SOS Racismo así como otras organizaciones llevan tiempo denunciando el incremento de casos de racismo y xenofobia contra la población inmigrante o gitana en todos los ámbitos de la sociedad y pidiendo a las autoridades españolas la elaboración de un plan estatal y la adaptación de la directiva 43/00. Dicha directiva obliga a crear al menos un organismo especializado en la lucha contra el racismo, a adoptar medidas de protección a las víctimas de actos xenófobos y racistas así como establece la inversión de la carga de la prueba en todos los ámbitos jurisdiccionales salvo el penal y la necesaria participación de las organizaciones que trabajan en ese ámbito en la elaboración y puesta en marcha de las políticas de lucha contra el racismo. En este sentido, en abril del 2004, numerosas organizaciones se reunieron para elaborar recomendaciones sobre el contenido de dicho plan y políticas.
La lucha contra el racismo sigue sin ser una prioridad
- No se ha puesto en marcha un Plan Estatal de lucha integral ni los organismos especializados
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