La justicia debe empezar por la apertura de investigaciones sobre las torturas

Londres.- Con motivo de los juicios contra manifestantes saharahuis que comienzan esta semana en El Aaiún, hoy 22 de junio Amnistía Internacional ha pedido al gobierno marroquí que garantice la investigación exhaustiva e imparcial de todos los informes sobre torturas y malos tratos a detenidos en relación con los disturbios recientes en el Sáhara Occidental, y que todos los acusados son juzgados con las debidas garantías. Amnistía Internacional ha asegurado que le preocupaban sobremanera los informes sobre torturas y uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad marroquí al dispersar a manifestantes saharauis en el curso de las manifestaciones celebradas en El Aaiún y varias ciudades más de Marruecos y el Sáhara Occidental a finales de mayo y principios de junio. Las protestas empezaron pacíficamente, según observadores independientes, pero degeneraron en violencia en El Aaiún el 24 de mayo y los dos días siguientes, cuando, según informes, los manifestantes quemaron banderas marroquíes y lanzaron piedras y cócteles molotov mientras las fuerzas de seguridad empleaban contundentes tácticas armadas para dispersarlos. Por un lado, fuentes no oficiales aseguran que las fuerzas de seguridad marroquíes hicieron uso excesivo de la fuerza, arremetiendo contra manifestantes pacíficos, golpeándolos con porras e hiriendo a más de un centenar. Varias decenas de personas requirieron tratamiento hospitalario; según informes, después de haber recibido tratamiento en el hospital público de la localidad se les denegó el certificado médico correspondiente. Por su parte, las autoridades acusan a los manifestantes de desencadenar la violencia y afirman que una decena de miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante las protestas de El Aaiún y varios más en una manifestación organizada en Rabat por estudiantes saharauis el 27 de mayo de 2005. Parece ser que el detonante de esta última oleada de disturbios en el Sáhara Occidental, territorio que Marruecos se anexionó en 1975 en una controvertida decisión, fue el traslado de un preso saharaui, Ahmed Haddi, de El Aaiún a Agadir, 550 kilómetros al norte en Marruecos, el 21 de mayo de 2005, así como las denuncias de que había sido maltratado. Ahmed Haddi había sido encarcelado en el 2003 por tráfico de drogas e insultos a la monarquía, aparentemente en función de una confesión previa al juicio que, según denunciaba, se había obtenido mediante tortura; de acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, esta alegación no se ha investigado. Cuando miembros de la familia Haddi y activistas locales protestaron por su traslado, los informes indican que las fuerzas de seguridad los dispersaron violentamente, lo que provocó nuevas manifestaciones a lo largo de varios días. Entre el 24 y el 26 de mayo, cientos de manifestantes se echaron a la calle en El Aaiún para denunciar lo que consideraban una actuación policial indebida y reivindicar la independencia del Sáhara Occidental. Algunos portaban banderas de la República Árabe Democrática Saharaui, el Estado proclamado por el Frente Polisario. A finales de mayo y principios de junio las protestas se extendieron a otras ciudades del Sáhara Occidental, como Smara y Dakhla, y fueron acompañadas de manifestaciones de estudiantes saharauis en ciudades marroquíes como Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech y Rabat. Más de un centenar de individuos fueron detenidos en el curso de las manifestaciones o en relación con ellas. Alrededor de 90 quedaron en libertad sin cargos después de permanecer entre varias horas y varios días privados de libertad; pero unos 25, algunos de cuyos juicios comienzan esta semana, fueron acusados de conspiración criminal, alteración del orden público, daños contra la propiedad pública y otros delitos. Muchos de los detenidos aseguran haber sido torturados o maltratados, ya fuera con el objeto de que firmaran una confesión, para disuadirles de continuar con las protestas o como castigo por reivindicar la independencia del Sáhara Occidental respecto a Marruecos. Estos fueron algunos de los métodos presuntamente utilizados con los detenidos: golpearlos con porras, darles patadas y denunciarlos por "traidores" a Marruecos; dejarlos suspendidos en posturas dolorosas, tapándoles la boca y la nariz con trapos sucios para producirles semiasfixia; y orinar sobre ellos y amenazarlos con la introducción de objetos por el ano. Amnistía Internacional ha señalado que es fundamental la investigación urgente y rigurosa de estas denuncias por parte de las autoridades marroquíes, y que todo funcionario público que resulte culpable de haber ordenado, utilizado o consentido la tortura sea identificado y llevado ante los tribunales. Tras los disturbios, las autoridades marroquíes impidieron a un grupo de parlamentarios españoles y otras personas que intentaban investigar los hechos que visitara el Sáhara Occidental. Igualmente Amnistía Internacional considera preocupantes los informes sobre actos de agresión, acoso, intimidación y, en algunos casos, detención durante un breve periodo perpetrados por funcionarios públicos contra defensores de los derechos humanos y periodistas locales. La organización ha pedido a las autoridades marroquíes que preste atención a estas denuncias y respeten el derecho de los defensores locales de los derechos humanos a informar sobre lo sucedido. Información complementaria Amnistía Internacional ha investigado los informes recibidos sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante y después de otras manifestaciones con carga política convocadas en los últimos años en El Aaiún y en Smara. Ha dado a conocer denuncias parecidas sobre el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y la aplicación de tortura o malos tratos a las personas acusadas de dirigir o instigar los actos violentos. Si bien las autoridades han dado un paso importante al responder pormenorizadamente a los motivos de preocupación planteados por Amnistía Internacional, normalmente han justificado la falta de investigaciones por la ausencia de denuncias formales, a pesar de los reiterados informes y denuncias de las presuntas víctimas, sus familiares y abogados, así como de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos. En virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Marruecos tiene el deber de garantizar que todas las denuncias de tortura se investigan con prontitud, imparcialidad, independencia y exhaustividad, y que se procesa a sus autores. La obligación del Estado de investigar las denuncias se aplica siempre que sea razonable suponer que se ha infligido tortura o malos tratos, aunque no exista una denuncia formal por parte de la presunta víctima. Según el Comité contra la Tortura de la ONU, esa investigación debe hacerse "sin que tenga mayor relevancia el origen de la sospecha", partiendo incluso de información suministrada por organizaciones no gubernamentales. El Comité contra la Tortura aclaraba así la obligación del Estado en este sentido: "[...] basta la simple alegación por parte de la víctima para que surja la obligación del Estado de examinarla pronta e imparcialmente".