La creciente red de intermediarios y transportistas del comercio de armas fomenta los homicidios, las violaciones y la tortura

Londres/Madrid.- Según un informe que publican hoy, 10 de mayo de 206, Amnistía Internacional y TransArms, es preciso reforzar con urgencia las medidas, totalmente ineficaces y anticuadas, de control de las armas para impedir que la creciente red de intermediarios, empresas logísticas y transportistas que intervienen en el comercio de armas exacerbe los abusos masivos contra los derechos humanos en el mundo. El informe muestra que por medio de operaciones cada vez más complejas de corretaje y transporte se despachan ya centenares de miles de toneladas de armas en el mundo, un porcentaje creciente de las cuales van a parar a países en desarrollo, donde alimentan algunos de los conflictos más brutales que existen. Titulado "Servicio rápido: El corretaje y el transporte de armas, una amenaza para los derechos humanos", el informe pone de manifiesto las actividades de intermediarios y transportistas de armas de los Balcanes, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Israel, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Ucrania. Asimismo muestra que, gracias a esta red, a los grandes proveedores de armas les resulta más fácil llegar a los países en desarrollo, que dan cuenta ya de más de dos tercios de las importaciones de defensa del mundo, cuando en la década de 1990 esta proporción era de algo más de la mitad. "Los intermediarios y transportistas de armas han ayudado a enviar muchas de las armas utilizadas en los homicidios, violaciones y desplazamientos de civiles que se están cometiendo en Sudán y la República Democrática del Congo –ha manifestado Brian Wood, director de investigación sobre el comercio de armas y material de seguridad de Amnistía Internacional–. Sin embargo, los controles aduaneros suelen ser poco estrictos, e incluso ahora sólo alrededor de 35 Estados se han molestado en promulgar leyes sobre el corretaje de armas, por lo que es casi inevitable que se produzcan nuevas catástrofes de derechos humanos". El informe de Amnistía Internacional muestra que muchas operaciones de corretaje y transporte de armas son una actividad no regulada, de carácter reservado y de la que no se rinden cuentas, y para ilustrarlo expone una serie de casos, entre ellos los siguientes: ¿Armas "evaporadas" en Irak? Según informes, entre julio de 2004 y junio de 2005, centenares de miles de armas y millones de piezas de munición de los arsenales de la guerra de Bosnia-Herzegovina fueron exportadas clandestinamente bajo los auspicios del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Para los envíos, dirigidos supuestamente a Irak, se utilizaron una red de intermediarios y contratistas de transporte privados, incluidas empresas supuestamente involucradas en operaciones de contrabando en el pasado. Por sí solas, estas entregas de armas a las fuerzas de seguridad iraquíes en ese momento constituían una amenaza para los derechos humanos, pero además, según funcionarios europeos, algunas de las armas con destino Irak "se han evaporado". Ni las autoridades estadounidenses ni las compañías o intermediarios privados que participaron en el envío de armas desde Bosnia a Irak en agosto de 2004 pueden confirmar que las armas que salieron de Bosnia llegaron finalmente a su destino. Los intermediarios hablan de caos y falta de control y registros en Irak. ¿Dónde están esas armas? Armando a los paramilitares colombianos En mayo de 2005, dos soldados estadounidenses y varias personas colombianas, incluido un oficial retirado, fueron detenidos en el Departamento de Tolima (Colombia), tras una redada en la que se confiscaron 30.000 piezas de munición. Según la policía colombiana, la munición tenía como destinatario a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar colombiana responsable de graves violaciones de los derechos humanos, que supuestamente está comprometida en un proceso de desmovilización dirigido por el Gobierno colombiano. Los dos soldados norteamericanos fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos y devueltos a su país, en aplicación de un acuerdo de inmunidad para los soldados estadounidenses firmado por ambos países. Según la información disponible, no se ha abierto una investigación judicial contra los dos soldados ni se ha llevado a cabo ningún esfuerzo para tratar de aclarar cualquier responsabilidad en la cadena de mando. ¿Qué pasa cuando los funcionarios públicos actúan como intermediarios ilegales o están involucrados en operaciones de tráfico ilegal de armas? El caso Karin Cat, ¿preparando una invasión? En febrero de 2003 el barco de carga Karin Cat, cuyo propietario es un ciudadano danés, se hundió en el mar Mediterráneo, a medio camino entre Malta y Creta. Había salido del puerto de Amberes (Bélgica) con destino al de Doha (Qatar), una de los principales ejes militares de Estados Unidos para la invasión de Irak. Estaba previsto que llegase a su destino el 6 de marzo de 2003. En el momento de anunciar el hundimiento, el propietario declaró que el barco transportaba equipamiento para la industria del gas. Sin embargo, la investigación abierta por las autoridades marítimas danesas reveló que además de la carga declarada, el barco transportaba 158 toneladas de munición, además de tecnología militar. Según la investigación, tras partir de Bélgica con la carga de equipamiento industrial, el Karin Cat estuvo amarrado en puertos en el Reino Unido, Francia e Italia donde recogió carga militar, supuestamente para las fuerzas armadas de Omán. Sin embargo, el secretismo y las irregularidades con las que estas armas se recogieron en varios puertos europeos, genera muchas dudas sobre que el destino final de las mismas fuese Omán, unas semanas antes del comienzo de la operación "Libertad iraquí", el 19 de marzo de ese año. ¿Sirvieron estas armas para preparar la invasión de Irak? El caso Minin o los riesgos de desvío e impunidad En agosto de 2000, Leonid Minin, de nacionalidad israelí nacido en Ucrania, conocido por sus actividades de tráfico ilegal, fue detenido en un hotel cerca de Milán (Italia). En su habitación, la policía encontró diamantes no declarados, enormes cantidades de dinero y miles de documentos en varios idiomas sobre transacciones de petróleo, madera y armas con Liberia, país sujeto a un embargo de armas de la ONU desde 1992 y a un embargo de exportación de diamantes desde 2001. Un fiscal de Milán presentó contra él cargos por 2 envíos de armas supuestamente destinadas a los ministerios de defensa de Burkina Faso y Costa de Marfil, respectivamente, pero dirigidas en último término a Liberia y a Sierra Leona, países ambos sometidos a embargos de la ONU. A pesar de los documentos encontrados en su poder, en 2002 la corte de casación italiana sentenció que los tribunales italianos carecían de jurisdicción para juzgar las actividades internacionales de tráfico de armas de Minin, ya que las armas en cuestión no habían pasado por territorio italiano. Fue condenado a una multa de 40,000 euros por posesión ilegal de diamantes. A pesar de esto, el Gobierno italiano no ha tomado medidas para corregir los vacíos legales que quedaron patentes con el caso Minin. En España, tampoco sería posible juzgar a un residente en España responsable de violar embargos de la ONU o de traficar con armas en el caso de que éstas no pasasen por territorio español. Aún más, a pesar de que el caso Minin y otras investigaciones pusieron de relieve que Burkina Faso era el camino para las armas que llegaban a los rebeldes de Costa de Marfil, en 2004 España y Eslovaquia autorizaron la venta de armas y munición a aquel país. En el informe se destacan también diversos casos en los que se han contratado los servicios de contratistas privados implicados en envíos ilegales de armas para apoyar misiones de mantenimiento de la paz de la ONU y envíos de ayuda humanitaria a costa de los contribuyentes. "Es evidente que el mosaico de regulaciones existente no puede en absoluto seguir el ritmo de crecimiento en cantidad y alcance de los intermediarios, empresas logísticas y transportistas internacionales. Esta red puede garantizar que los envíos de armas de una parte a otra del mundo lleguen puntualmente, pero con demasiada frecuencia sirve para facilitar el homicidio, violación, tortura y desplazamiento de centenares de miles de personas", ha manifestado Sergio Finardi, de TransArms. Recomendaciones de Amnistía Internacional En su informe, Amnistía Internacional formula también una serie de recomendaciones en favor de medidas enérgicas y aplicadas estrictamente para el control de las armas, basadas en leyes internacionales coherentes, entre ellas: - Establecer de inmediato leyes, regulaciones y procedimientos administrativos nacionales para impedir que las actividades de los intermediarios, empresas logísticas y transportistas de armas faciliten la comisión de violaciones graves de derechos humanos. - Elaborar un protocolo internacional para regular las actividades de los intermediarios y transportistas de armas de acuerdo con un conjunto común de normas éticas expuestas en un tratado internacional sobre el comercio de armas. - Tipificar las violaciones de los embargos de armas de la ONU como delito en todos los Estados y, en el caso de las violaciones graves, como delito de jurisdicción universal. - Aumentar la ayuda de los donantes internacionales para mejorar el control aduanero y de otros organismos encargados de hacer cumplir la ley de los movimientos de cargamentos. España: Control insuficiente Durante los años 1991-2002, España estuvo entre los 80 países que exportaron armas, munición y componentes a países africanos en conflicto armado, entre ellos Argelia, Angola, Camerún, República Centroafricana, Etiopía, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Sierra Leona. En los últimos años, además, España ha exportado una gran cantidad de munición a países subsaharianos, sin que existan garantías sobre el uso final o el riesgo de desvío de dicha munición. Por ejemplo, se han exportado cientos de millones de cartuchos a Ghana, un país con menos de 20 millones de habitantes. España es uno de los 35 países de la comunidad internacional que tienen algún tipo de regulación sobre el control de las actividades de corretaje o intermediación de armas. Sin embargo, la mayoría de estas regulaciones son poco eficaces, bien sea porque la definición de "actividades de intermediación" es muy limitada o porque no contemplan la extraterritorialidad en su aplicación. En el caso de España, la revisión en 2004 del "Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnología de doble uso" (Real Decreto 1782/2004), introdujo la creación de un registro de intermediarios y control de las operaciones de intermediación en el comercio de armas. Sin embargo, este registro no es público y el control de la intermediación no permite un aplicación extraterritorial de la norma española. Es decir, sólo está sometida a control la actividad de intermediarios, empresas o individuos, que se encuentren en territorio español, pero no la de nacionales españoles que operen desde el extranjero. Peticiones de Amnistía Internacional al Gobierno Español En diciembre de 2005, el Congreso de los Diputados aprobó, con el apoyo de todos los Grupos parlamentarios, una Proposición No de Ley en la que se insta al Gobierno a elaborar una ley que regule el comercio de armas en España, mejorando la regulación actual y convirtiendo en obligatorios los compromisos parlamentarios en esta materia que se han ido adoptando en la última década. Uno de los aspectos que, en opinión de AI, deberá regular la nueva Ley es la actividad de los intermediarios de armas. Por ello Amnistía Internacional pide al Gobierno español que la futura Ley de Comercio de Armas: - Prevea un registro de intermediarios de carácter público, de manera que se pueda garantizar un verdadero escrutinio y control de estas actividades tan sensibles. - Prevea la aplicación extraterritorial de las medidas de control y sancionadoras de las actividades de intermediación, para que puedan ser aplicadas a nacionales españoles que operen desde otros territorios. - Incluya en la definición de "actividades de intermediación" no sólo las actividades de compra venta, sino las actividades relacionadas con el transporte y las operaciones financieras que forman parte de esa actividad. - Además el Gobierno español debe impulsar un protocolo internacional para regular las actividades de los intermediarios y transportistas de armas de acuerdo con un conjunto común de normas éticas expuestas en un tratado internacional sobre el comercio de armas. Más información El resumen ejecutivo del informe Servicio rápido está disponible en: http://web.amnesty.org/library/index/eslact300072006 El texto completo del informe Servicio rápido está disponible en: http://web.amnesty.org/library/index/engact300082006 Amnistía Internacional coordina, junto con Oxfam International y la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA), la campaña "Armas bajo control", con objeto de reducir la proliferación de las armas y su uso indebido en más de un centenar de países. Más información en www.armasbajocontrol.org TransArms es un pequeño grupo independiente de investigación, centrado en la logística del comercio internacional de armas.