Madrid/Barcelona.-Las ONG de la campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón) han reiterado su oposición a la venta decinco corbetas del tipo Avante 2200 para la armada saudí que fabricaría la empresa española Navantia. Durante la próxima visita del Rey Felipe VI a Arabia Saudí del 14 al 16 de enero se podría facilitar la firma del contrato entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de estos barcos de guerra, equipados con cañones de diverso calibre, misiles, torpedos y que pueden transportar un helicóptero de combate. Las ONG advierten al Gobierno que, de realizarse esta operación, España podría convertirse en cómplice de la comisión de atrocidadesen el conflicto de Yemen, debido al riesgo manifiesto de que las corbetas puedan utilizarse para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo naval -que impide el acceso de la ayuda humanitaria- al que Arabia Saudí somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, violaciones todas ellas graves del derecho internacional. Según la ONU, hasta finales de 2016 el conflicto de Yemen ha provocado la muerte a más de 7.000 personas, la mitad de ellas civiles, y heridas a más de 38.000. Para Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, “Cualquier posible venta de armas a Arabia Saudí que pueda usarse en Yemen es ilegal porque viola la legislación española e internacional sobre comercio de armas”. Beltrán reclama al Gobierno que “no autorice ventas de armas a este país mientras exista un riesgo sustancial de que puedan emplearse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional o ser objeto de desvío”. Jose María Vera, director de Oxfam Intermón destaca la “catástrofe humanitaria provocada por la guerra en Yemen, donde más de 21 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval de Yemen”. La coalición encabezada por Arabia Saudí ha bombardeado escuelas, hospitales, mercados y mezquitas y ha reconocido haber usado municiones de racimo en un conflicto en el que todas las partes han cometido graves violaciones y abusos que deberían ser investigados como presuntos crímenes de guerra. Mario Rodríguez, director de Greenpeace, denunció que “en la última década España ha vendido armas a Arabia Saudí, que es el segundo importador mundial de armas entre 2011 y 2015, por valor de casi 1.400 millones de Euros”. Pide al gobierno que investigue “si las municiones, granadas de mortero, bombas, torpedos, cohetes, misiles, aviones y vehículos blindados españoles exportadas a Arabia Saudí se han utilizado para matar civiles inocentes en Yemen” y recuerda las denuncias sobre la presencia en manos de los rebeldes huzíes en Yemen de granadas Alhambra y lanzagranadas C90-CR fabricados por la empresa española Instalaza. Según Jordi Armadans, director de FundiPau, “el debate no puede reducirse a puestos de trabajo a costa de la vida de civiles inocentes yemeníes” y reclama al Gobierno y al Parlamento “valentía y visión a largo plazo para afrontar un debate serio sobre las consecuencias de las exportaciones de armas y un compromiso real con la paz y el respeto al derecho internacional”. También pide que adopten medidas para mejorar el control y la transparencia del comercio de armas para garantizar que España cumple sus obligaciones según el derecho internacional y la legislación española y europea, que prohíben la venta de armas para cometer atrocidades. En enero de 2016, las cuatro ONG ya se dirigieron a Navantia y al entonces Presidente del Gobierno en funciones para manifestarles su oposición a esta operación, que es ilegal en virtud del derecho español e internacional. También en noviembre de 2016, antes del fallido viaje del Rey a Arabia Saudí, enviaron una carta con sus preocupaciones al monarca y al Gobierno español. Según el artículo 8.1. de la Ley española sobre comercio de armas, las autorizaciones de exportación de armas serán denegadas “cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz (…) exacerbar tensiones o conflictos (…)ser utilizados con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”. Por su parte, el artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas –ratificado por España en 2013- prohíbe la venta de armas si, en el momento de autorizar la operación, como es este caso, el Estado tiene conocimiento de que las armas “podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra u otros crímenes de guerra”.
