Londres.- Un nuevo memorándum del subsecretario de Defensa estadounidense, Gordon England, dando instrucciones a los funcionarios del Departamento de Defensa para que se aseguren de que todo su personal cumple lo establecido en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra es un paso bienvenido en la dirección adecuada. Sin embargo, sólo es un paso.
Hace menos de un mes, Amnistía Internacional pidió al presidente George W. Bush que retirara o reescribiera de forma sustancial su memorándum del 7 de febrero de 2002, en el que se dejaba de lado el artículo 3 común (http://web.amnesty.org/library/Index/ ENGAMR510932006). En la práctica, el memorándum del subsecretario England del 7 de julio de 2006 constituye al menos una anulación parcial de la política mantenida durante cuatro años y medio por el gobierno estadounidense de negar a los detenidos bajo su custodia en la "guerra contra el terror" la protección que brinda el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra.
Las instrucciones del subsecretario abarcan sólo a los detenidos bajo custodia del Departamento de Defensa, lo que exime una vez más de su cumplimiento a otras agencias como la CIA, presuntamente responsable de detenciones secretas, entregas ilegales y torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la "guerra contra el terror".
Está claro que la decisión de aplicar el artículo 3 común a los detenidos bajo custodia militar es sólo un paso parcial. También deben aplicarse protecciones completas en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el caso de todos los demás detenidos, independientemente de dónde permanezcan recluidos y bajo la custodia de qué agencia.
La resolución Hamdan vs. Rumsfeld dictada el 29 de junio por la Corte Suprema de Estados Unidos, que ha sido la causante del memorándum del subsecretario, socavó uno de los principios generales de la "guerra contra el terror" estadounidense al fallar a favor de la aplicabilidad del artículo 3 común. El caso en cuestión se refería al detenido yemení Salim Ahmed Hamdan, uno de los varios detenidos de Guantánamo que se enfrenta a juicio ante las comisiones militares creadas por el presidente Bush en virtud de una orden militar que firmó el 13 de noviembre de 2001. Amnistía Internacional ha instado al gobierno estadounidense a no tratar de resucitar las comisiones militares bajo otras formas o por otros medios, por ejemplo mediante la autorización del Congreso.
Lo que el gobierno de Estados Unidos ha pasado por alto hasta el momento es la referencia incluida en la resolución mayoritaria sobre la causa Hamdan respecto al derecho a un juicio justo consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Suprema hizo referencia a las normas sobre juicios justos mencionadas en este tratado calificándolas de "protecciones básicas", algo con lo que Amnistía Internacional está de acuerdo. La organización insta una vez más al gobierno estadounidense a aplicar estas protecciones.
Amnistía Internacional reitera que todas las personas recluidas en Guantánamo deben ser juzgadas sin demora en juicios justos ante tribunales estadounidenses o ser puestas en libertad con todas las protecciones. El centro de detención de Guantánamo debe cerrarse, y todas las demás detenciones deben cumplir plenamente el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Deben terminar todas las detenciones secretas, y todos los detenidos deben tener acceso a su familia, a asistencia letrada y a una revisión judicial de la legalidad de su detención, y deben ser puestos en libertad si no van a ser juzgados en un proceso justo.
En la "guerra contra el terror", el gobierno estadounidense no sólo ha tratado de eludir las protecciones de los Convenios de Ginebra, sino también las establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos, que incluye la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Estados Unidos ratificó el PIDCP en 1992 y la Convención contra la Tortura dos años después.
En Ginebra, en mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura rechazó la noción estadounidense de que la Convención contra la Tortura no se aplicaba a detenidos bajo custodia de Estados Unidos fuera de territorio estadounidense. La semana que viene, Estados Unidos comparecerá ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Amnistía Internacional y otras organizaciones han enviado al Comité documentos que incluyen la preocupación por el hecho de que Estados Unidos no ha aplicado el PIDCP fuera de su territorio, como el propio Comité había dicho anteriormente que debía hacer.
No cabe duda de que ha llegado el momento de que Estados Unidos introduzca un cambio mayor en su política. La actitud de rechazo del gobierno ante el derecho y las normas internacionales ha venido seguida de graves abusos y ha causado un gran daño a la credibilidad de Estados Unidos en materia de derechos humanos.
Información complementaria
El artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra refleja el derecho internacional consuetudinario. La Corte Internacional de Justicia ha determinado que sus disposiciones constituyen "un criterio mínimo que se suma a las normas más elaboradas que también deben aplicarse en los conflictos internacionales". Ya en 1949, la Corte calificó sus protecciones de "consideraciones elementales de humanidad". El artículo 3 común sostiene que los juicios sólo pueden celebrarse "ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados". Asimismo, prohíbe la tortura y el trato cruel, humillante y degradante.
Existen indicios de que el rechazo por parte del gobierno estadounidense de las protecciones establecidas por los Convenios de Ginebra puede haber sido un posible intento de eximir a los agentes estadounidenses de ser procesados por crímenes de guerra en virtud del derecho estadounidense. A partir de ahí, las violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en la "guerra contra el terror" han sido sistémicas. Durante más de dos años, Amnistía Internacional ha estado pidiendo que se estableciera una comisión de investigación completa sobre todos los aspectos de las políticas y prácticas de detención e interrogatorio aplicadas en la "guerra contra el terror" estadounidense, incluidas las "entregas extraordinarias" y las detenciones secretas.
En un reciente memorándum al gobierno estadounidense, Amnistía Internacional ha subrayado como cuestión de máxima importancia, no sólo en el contexto de la "guerra contra el terror", la necesidad de que el gobierno estadounidense garantice que, cuando las autoridades hablan del compromiso de Estados Unidos para con un trato humano, lo que quieren decir cumple al menos el derecho y las normas internacionales. Está claro que éste no ha sido el caso hasta el momento. Las autoridades estadounidenses han autorizado y aprobado técnicas de interrogatorio y condiciones de detención que violan las normas internacionales, y al mismo tiempo han afirmado estar comprometidas a tratar a los detenidos con humanidad.
Si desean más información, consulten Memorandum to the US Government on the report of the UN Committee Against Torture and the question of closing Guantánamo, del 23 de junio de 2006, web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510932006
