Estados Unidos, Rusia y varios países de la Unión Europea suministraron ingentes cantidades de armas a gobiernos represivos de Oriente Medio y Norte de África antes de los levantamientos de este año, pese a tener pruebas de que existía un riesgo considerable de que fueran utilizadas para cometer graves violaciones de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy. En Arms Transfers To The Middle East And North Africa: Lessons For An Effective Arms Trade Treaty se analizan transferencias de armas a Bahréin, Egipto, Libia, Siria y Yemen realizadas desde 2005. "Estas conclusiones ponen de relieve el pésimo funcionamiento de los controles de exportación de armamento vigentes, con todos sus vacíos, y subrayan la necesidad de adoptar un tratado efectivo sobre el comercio de armas que tenga plenamente en cuenta la necesidad de respetar y defender los derechos humanos” afirmó Helen Hughes, investigadora principal de Amnistía Internacional sobre el comercio de armas en la elaboración de este informe. Los gobiernos que ahora manifiestan su solidaridad con la población de todo Oriente Medio y Norte de África son los mismos que hasta hace muy poco suministraron las armas, muniones y otro material policial y militar que luego se utilizaron para matar, herir y detener arbitrariamente a miles de manifestantes pacíficos en Estados como Túnez y Egipto, y que incluso ahora están empleando las fuerzas de seguridad de Siria y Yemen. Los principales proveedores de armas a los cinco países examinados en el informe son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Estados Unidos, Francia, Italia, República Checa, Reino Unido y Rusia. Al menos 10 países han suministrado ayuda militar o permitido las exportaciones de armamento, munición y material relacionado a Yemen, donde unos 200 manifestantes han perdido la vida en 2011. Entre ellos están Alemania, Bulgaria, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Turquía y Ucrania. A pesar de la continua y brutal represión de los manifestantes, la comunidad internacional no ha adoptado medidas contundentes para impedir las transferencias de armas a Yemen. Obtener datos sobre armamento destinado a Siria es difícil ya que muy pocos gobiernos facilitan datos oficiales sobre sus transacciones comerciales de armas con el gobierno sirio. Pero es sabido que el principal proveedor de armas de Siria es la Federación Rusa: alrededor de un 10 por ciento de sus exportaciones de armamento se destinan a Siria. Rusia no publica un informe anual sobre sus exportaciones de armas, por lo que no es posible cuantificar sus transferencias de armamento a la región. India autorizó el suministro de vehículos blindados a Siria, mientras que Francia le vendió munición entre 2005 y 2009. Amnistía Internacional ha identificado 10 Estados cuyos gobiernos han concedido licencias de suministro de armas, munición y equipo conexo al régimen libio del coronel Gadafi desde 2005, entre ellos Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Reino Unido y Rusia. Durante el conflicto, las fuerzas de Gadafi han cometido crímenes de guerra y abusos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Este año Amnistía Internacional encontró submunición de racimo y proyectiles de mortero MAT-120 de fabricación española, autorizados para su venta en 2007, en Misrata cuando la ciudad estaba siendo bombardeada por las fuerzas de Gadafi. Este material está prohibido por la Convención sobre Municiones en Racimo, que España firmó menos de un año después de suministrar las submuniciones a Libia. Gran parte del armamento pesado que el equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró en Libia parece estar fabricado en la extinta Unión Soviética –en Rusia u otros lugares–, especialmente los cohetes Grad, que por su naturaleza tienen efectos indiscriminados y fueron ampliamente utilizados por ambos bandos durante el conflicto. También se encontró munición fabricada en otros países: minas antitanque Tipo 72 de China, fusibles para cohetes de Bulgaria y cartuchos de artillería de 155 mm de Italia. Al menos 20 Estados han vendido y suministrado a Egipto armas pequeñas, munición, gas lacrimógeno y agentes antidisturbios, así como otros materiales. Su principal proveedor es Estados Unidos, con un suministro anual de 1.300 millones de dólares estadounidenses. Otros son Austria, Bélgica, Bulgaria, Italia y Suiza. Tanto en Egipto como en Bahréin, las fuerzas de seguridad recurrieron con frecuencia al uso de escopetas, con demoledores resultados. Amnistía Internacional reconoció que la comunidad internacional había dado algunos pasos este año para que se restrinjan las transferencias internacionales de armas a Bahréin, Egipto, Libia, Siria y Yemen. Pero también señaló que los controles de exportación de armas vigentes no habían impedido las transferencias de armamento en los años precedentes. “Los embargos de armas suelen adoptarse en los casos de crisis de derechos humanos en los que ‘ya es demasiado tarde’” señaló Helen Hughes. “Lo que el mundo necesita es una evaluación rigurosa de cada transferencia de armas propuesta, para que el gobierno pueda poner la luz roja cuando exista un peligro considerable de que esas armas se utilicen para cometer o facilitar la comisión de violaciones graves de derechos humanos.” “Esta proactiva ‘regla de oro’ ya figura en el borrador de la ONU para las conversaciones sobre un tratado para el comercio de armas, que se reanudarán en sede de la ONU en febrero. Si los principales proveedores de armas no adoptan la regla de oro ni abandonan su imprudente enfoque de ‘actuar como siempre’, avivando las crisis de derechos humanos como hemos visto este año en toda la región de Oriente Medio y Norte de África, contribuirán innecesariamente a destrozar vidas y a socavar la seguridad mundial.”
El caso de España Por lo que se refiere a España, en los últimos cinco años nuestro país ha realizado diversas exportaciones de armas de las que hay pruebas que existe un riesgo considerable de que han podido ser utilizadas en graves violaciones de los derechos humanos en Egipto y Libia. A Egipto se exportaron, entre 2005 y 2010, armas por valor de 2.910.733 € que podrían haber sido utilizadas en la represión de las protestas populares que llevaron al derrocamiento de Mubarak y que han seguido produciéndose tras la caída del antiguo presidente. En concreto, el informe de Amnistía Internacional cita que España ha realizado exportaciones a Egipto de vehículos blindados (cuyas ventas a Egipto totalizan 1.955.639 €), municiones (609.794 €), distintos tipos de armas ligeras (208.671 €) y armas de ánima lisa de calibre superior a los 20 mm (136.734 €). En el caso de Libia, las exportaciones de armas que podrían haber sido utilizadas en la represión de las protestas contra el régimen de Muamar al Gadafi y el conflicto armado en el que desembocaron en el país se concentran entre los años 2006 y 2008 y ascienden a 3.865.168 €. El caso de Libia es ciertamente grave. Las exportaciones realizadas corresponden casi en su totalidad a bombas, cohetes y misiles. Una parte importante de dichas exportaciones corresponden a subminiciones de rácimo y proyectiles de mortero MAT-120, diseñados y fabricados por la empresa española Instalaza S.A. Este tipo de proyectil fue usado en el ataque que las fuerzas del coronel Muamar al Gadafi lanzaron contra la ciudad de Misrata. Amnistía Internacional España, como parte integrante de la coalición Armas Bajo Control, lleva años denunciando la venta de armas a los países del Norte de África y Oriente Próximo, asegurando que esta situación pone en evidencia el incumplimiento durante años de la ley de armas por parte del Gobierno español, lo cual ha podido tener consecuencias para la población civil de los países receptores. Si bien Amnistía Internacional reconoce que desde el inicio de las protestas el Gobierno español ha tomado algunas medidas de revisión y/o interrupción de las licencias de exportación hacia los países de la región, considera que han llegado demasiado tarde. Aunque la revocación de dos licencias de exportación a Libia en febrero de 2011 marcan un buen precedente que debe seguir aplicándose, Amnistía Internacional reitera su petición de que se lleve a cabo una revisión completa de las transferencias y exportaciones de armamento a la zona. Tanto de las licencias ya autorizadas como de las que se encuentren en proceso de autorización.
