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Kinshasa debe asumir su responsabilidad de proteger a los civiles

Londres.- Amnistía Internacional ha declarado hoy (8 de febrero) que aunque los líderes de los grupos rebeldes armados de las provincias de Katanga y Kivu Septentrional de la República Democrática del Congo (RDC) deben rendir cuentas de los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por sus fuerzas, el gobierno del país es igualmente responsable de la ausencia de protección de los civiles de estas regiones. "El gobierno de la RDC no ha creado un ejército profesional y realmente unificado, y eso está contribuyendo en gran medida a que continúe la inestabilidad en la región oriental del país y poniendo innecesariamente en peligro vidas de civiles”, afirmó Kolawole Olaniyan, director del Programa de África de Amnistía Internacional. Tanto en Katanga como en Kivu Septentrional, la población civil no recibe protección suficiente del ejército gubernamental frente a los rebeldes armados, y es también a menudo objetivo directo de ataques, tanto de los rebeldes como de las fuerzas gubernamentales. En ambas provincias, la acción militar está obstaculizando los esfuerzos de ayuda de las organizaciones humanitarias, lo que está causando la muerte de miles de personas por la violencia directa o por hambre o enfermedades evitables. En la provincia de Katanga, los combates entre la milicia mayi mayi y el ejército gubernamental han provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas. Los rebeldes han atacado pueblos, han violado y matado a civiles y han incendiado y saqueado viviendas. Al combatir a los mayi mayi, el ejército de la RDC también está siendo responsable de violaciones, saqueos y otras violaciones de derechos humanos. En el territorio de Rutshuru, en la provincia de Kivu Septentrional, los combates entre el ejército gubernamental y soldados que al parecer están bajo las órdenes del comandante renegado Laurent Nkunda han provocado el desplazamiento de al menos 37.000 personas. En el curso de estos combates, todas las fuerzas han sido responsables de abusos contra los derechos humanos. "Los civiles de la región oriental del país están buscando la protección de su gobierno –declaró  Kolawole Olaniyan–. Pero en muchos casos los soldados del gobierno actúan poco mejor que los grupos rebeldes.” "Los rebeldes armados tienen la obligación de respetar el derecho internacional humanitario, y cuando no lo hagan, deben comparecer ante la justicia– añadió Kolawole Olaniyan–. Sin embargo, por su parte, el gobierno de la RDC debe poner todos los recursos y la voluntad política necesarios para profesionalizar las fuerzas armadas congolesas a fin de que respeten las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, permitan el acceso de las organizaciones humanitarias a las poblaciones vulnerables y actúen en todo momento para proteger a los civiles.” Pese a la implantación en curso de un programa nacional de unificación y reforma del ejército, poco se ha hecho para inculcar una cultura de profesionalidad en el ejército gubernamental. No se ha expulsado de sus filas a presuntos autores de abusos graves contra los derechos humanos, el personal militar no ha recibido formación adecuada en sus obligaciones con arreglo al derecho internacional, las unidades del ejército –incluso entre las brigadas recién integradas– reciben equipos, salarios, ropa y comida insuficientes, y las cadenas de mando suelen ser confusas. El gobierno de la RDC ha dado recientemente luz verde a un plan de la Unión Europea para la reforma del sistema de remuneración y de suministro de alimentos del ejército. “Este plan es bienvenido –ha manifestado Kolawole Olaniyan–. Pero también hay que abordar de forma prioritaria problemas fundamentales relativos a la disciplina, la instrucción y la rendición de cuentas de las brigadas integradas.” Las provincias de Kivu Septentrional y Katanga están habitadas por diversos grupos étnicos con relaciones históricamente conflictivas que viven en zonas de intersección controladas por diferentes grupos políticos armados congoleses, en su mayoría de base étnica. Algunas comunidades, manipuladas por sus líderes, siguen mostrándose profundamente recelosos ante el proceso de unificación del ejército, por temor a la pérdida de protección de los grupos armados locales.  Ciertos líderes políticos y militares continúan mostrando una reticencia extrema a desmantelar sus estructuras militares en favor de un ejército nacional unificado, porque estas estructuras son la base de su poder. "Hay que tranquilizar a las diversas comunidades y garantizarles que el ejército unificado actuará como una fuerza imparcial. A tal fin, los presuntos autores de abusos contra los derechos humanos deben ser excluidos de sus filas y comparecer ante la justicia. El ejército debe demostrar que es capaz de actuar para la protección de todos los civiles con independencia de su etnia, su comunidad o su filiación política”, afirma Kolawole Olaniyan.  Amnistía Internacional ha pedido también a la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) que aplique su mandato enérgicamente, declarando que la MONUC “debe ser reforzada en las regiones que corren más riesgo de sufrir una escalada de la violencia y ser capaz de garantizar el acceso humanitario a quienes lo necesitan." 

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