El Departamento de Carreteras de Kenia (KENHA) ha dado un satisfactorio giro a su anterior postura al admitir que fue un error desalojar a la fuerza a más de un centenar de personas de un asentamiento temporal, y ha prometido resarcir plenamente a todos los afectados, ha declarado Amnistía Internacional en vísperas del Día Mundial del Hábitat.
KENHA reconoció haber actuado indebidamente justo antes de la aparición de un informe muy crítico que Amnistía Internacional ha publicado hoy.
El informe, titulado Driven out for development: Forced evictions in Mombasa (Expulsados por el progreso, desalojos forzosos en Mumbasa) explica el impacto de un proyecto de desarrollo vial sobre los asentamientos informales de Jomvu y Bangladesh. También pone al descubierto que tres de las entidades financiadoras del proyecto –el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Alemán de Desarrollo (KfW)– no han cumplido con sus responsabilidades. "La admisión por parte de las autoridades de que las demoliciones de Jomvu fueron desalojos forzosos es una importante victoria para la comunidad, pero sólo será significativa si KENHA proporciona rápidamente una reparación efectiva a quienes perdieron sus viviendas y sus medios de vida", ha dicho Justus Nyangaya, Director de País para Amnistía Internacional Kenia. "A medida que el proyecto de desarrollo vial avanza, nos va dejando importantes lecciones que aprender. Las comunidades afectadas no deben ser sometidas a nuevas violaciones. KENHA no puede ignorar las salvaguardias para evitar los desalojos forzosos y las entidades financiadoras internacionales deben garantizar que se actúa con la diligencia debida en materia de derechos humanos."
En concreto, el informe de Amnistía Internacional se centra en un desalojo forzoso llevado a cabo por KENHA el 17 de mayo de 2015.
“Han acabado con nosotros; han destruido todo lo que teníamos" Aproximadamente a las 11 de la noche del 17 de mayo, mientras la mayoría de los habitantes de Jomvu dormían, la policía entró en el asentamiento junto con excavadoras que comenzaron a demoler decenas de viviendas y comercios. No se había hecho ninguna consulta significativa con los residentes ni se les había avisado adecuadamente y fueron pocos los que tuvieron tiempo de sacar sus pertenencias de sus viviendas antes de que comenzaran a derribarlas.
Saidi Juma, de 38 años, describió cómo derribaron su vivienda y su tienda de alimentación. “Demolieron unas 30 viviendas. Todo sucedió en unas tres o cuatro horas. Pudimos salvar los uniformes escolares, los libros y otras cosas, pero mi hija de seis años resultó herida en el revuelo: se cortó la pierna con unas planchas de hojalata derribadas."
Isaac Masungo, un hombre de 23 años con discapacidad física, se despertó con el sonido de la demolición. Como no podía correr para ponerse a salvo, seguía dentro de su vivienda cuando la excavadora comenzó a derribar las habitaciones delanteras. Aunque consiguió salir con ayuda de unos vecinos, no pudo salvar sus pertenencias.
La demolición acabó a las 4 de la madrugada. Al irse las excavadoras, a los residentes les dijeron que derribaran sus propias viviendas y comercios, ya que las tareas de demolición continuarían la noche siguiente. Desesperadas por conservar material de construcción que pudiera servir para edificar de nuevo, muchas personas desmantelaron ellas mismas sus casas y comercios.
El desalojo forzoso de Jomvu creó un clima de temor e incertidumbre en el vecino asentamiento informal de Bangladesh. KENHA había dicho a sus residentes que los desalojarían, pero no sabían dónde los iban a reubicar, ni siquiera si iban a hacerlo.
Aunque Amnistía Internacional puso en conocimiento del Banco Europeo de Inversiones el problema de los desalojos forzosos en un momento en el que KENHA no había tomado ninguna medida para facilitar a las víctimas un recurso efectivo, la entidad bancaria aprobó la financiación del proyecto. Admisión de irregularidades y compromiso de enmendarlas A pesar de su firme postura inicial de negarse a aceptar la responsabilidad de las demoliciones, KENHA admitió haber llevado a cabo los desalojos forzosos casi tres meses después del incidente, en una reunión pública en Mombasa.
En una reunión de consulta celebrada el 17 de septiembre con las entidades financiadoras del proyecto, KENHA accedió a compensar a las personas que habían sido sometidas a desalojo forzoso en Jomvu y también prometió abstenerse de llevar a cabo más desalojos forzosos en cualquier otro lugar de la zona del proyecto. KENHA también se comprometió a enmendar los errores del desalojo forzoso en una carta enviada a Amnistía Internacional el 28 de septiembre.
Las entidades financiadoras del proyecto dijeron a Amnistía Internacional que sólo se liberarían fondos una vez que KENHA proporcionara recurso efectivo a los residentes de Jomvu y actualizara el plan de reasentamientos para toda la zona del proyecto, en cumplimiento de las políticas de salvaguardia de los bancos.
“Es fundamental que KENHA cumpla su promesa y ofrezca una compensación a todas las víctimas del desalojo forzoso, incluidas las que desmantelaron sus propias viviendas por temor a que las demolieran las excavadoras", ha dicho Justus Nyangaya.
“Los desalojos forzosos son ilegales; esperamos que este incidente siente un importante precedente. Las autoridades de Kenia deben aprender esta lección y asegurarse de que los desalojos forzosos, tan habituales en el país, se convierten en algo del pasado. Este caso demuestra cómo las comunidades que se organizan y actúan colectivamente pueden hacer frente a las injusticias y reclamar sus derechos."
