La decisión de ordenar medidas provisionales, tomada hoy por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en respuesta a la denuncia de genocidio que había formulado Sudáfrica contra Israel, constituye un importante avance que podría ayudar a proteger a la población palestina de la Franja de Gaza ocupada de mayor sufrimiento y daños irreparables, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
En su fallo, la CIJ ha ordenado seis medidas provisionales, entre las que se pide a Israel: abstenerse de cometer actos previstos en la Convención sobre el Genocidio, prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio y tomar de inmediato medidas para garantizar la llegada de asistencia humanitaria a la población civil de Gaza. Un aspecto de decisivo es que la Corte ha ordenado también a Israel preservar las pruebas de genocidio y presentarle, en el plazo de un mes, un informe sobre todas las medidas adoptadas de conformidad con su orden.
“La decisión de hoy es un recordatorio autoritativo de la función esencial que desempeña el derecho internacional para prevenir el genocidio y proteger a todas las víctimas de atrocidades. Transmite claramente el mensaje de que el mundo no permanecerá en silencio mientras Israel lleva a cabo una campaña militar despiadada para diezmar a la población de la Franja de Gaza y sembrar muerte, horror y sufrimiento en el pueblo palestino a una escala sin precedente”, ha señalado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“No obstante, la decisión de la CIJ por sí sola no puede poner fin a las atrocidades y la devastación que la población gazatí está padeciendo. Los alarmantes signos de genocidio de Gaza y el flagrante incumplimiento israelí del derecho internacional ponen de relieve la necesidad urgente de ejercer presión efectiva y unificada sobre Israel para que detenga su arremetida contra el pueblo palestino. El alto el fuego inmediato de todas las partes sigue siendo esencial y, aunque la Corte no lo haya ordenado, representa la condición más efectiva para aplicar las medidas provisionales y poner fin al sufrimiento civil sin precedente.
“Lo que está en juego no podría ser más importante: las medidas provisionales de la CIJ indican que, en su opinión, la supervivencia de la población palestina de Gaza corre peligro. El gobierno israelí debe acatar el fallo de la CIJ de inmediato. Todos los Estados, incluso los que han expresado críticas u oposición a la presentación de la denuncia sudafricana de genocidio, tienen el deber ineludible de garantizar que estas medidas se aplican. Los líderes mundiales de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otros Estados de la UE deben expresar su respeto de la decisión jurídicamente vinculante de la CIJ y hacer cuanto esté en su mano para cumplir con su obligación de evitar el genocidio. No hacerlo supondría un duro golpe a la credibilidad y la confianza en el orden jurídico internacional”.
Los Estados deben también tomar medidas urgentes para evitar que se sigan cometiendo crímenes internacionales, entre ellas imponer un embargo total de armas a Israel y los grupos armados palestinos.
Amnistía Internacional ha advertido del riesgo de genocidio en Gaza dados el número increíblemente alto de víctimas mortales entre la población palestina, la inmensa destrucción causada por los incesantes bombardeos israelíes y la negación deliberada de ayuda humanitaria en el marco del bloqueo ilegal impuesto, todo lo cual está infligiendo un sufrimiento espantoso a la población civil. Otros signos de alarma son el aumento de la retórica racista y deshumanizadora de algunas autoridades gubernamentales israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, y el historial de opresión y discriminación del pueblo palestino que Israel se ha labrado con su sistema de apartheid. Ante un grave riesgo de genocidio, todos los Estados tienen la obligación de derecho internacional de actuar para evitar que se cometa.
Mas de 26.000 personas palestinas, en su mayoría civiles, han muerto en los incesantes bombardeos israelíes, y se cree que todavía hay unas 10.000 desaparecidas bajo los escombros. Al menos 1,8 millones de palestinos y palestinas se han visto desplazados internamente y están privados de acceso a alimentos, agua, refugio, saneamiento y asistencia médica adecuados.
Amnistía Internacional pide a Israel y a Hamás y otros grupos armados que suspendan de inmediato todas sus operaciones militares en Gaza. Israel debe levantar su cerco ilegal e inhumano y permitir la entrada irrestricta e incondicional de la asistencia humanitaria que tan desesperadamente necesita la población palestina, cuyo sufrimiento está agravado por una hambruna provocada deliberadamente. Instamos a Hamás y otros grupos armados a dejar en libertad a todos los rehenes civiles que quedan.
Información complementaria
El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una demanda contra Israel ante la CIJ, con arreglo a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, por haberse formulado denuncias de genocidio del pueblo palestino tras los ataques llevados a cabo por Hamás y otros grupos armados en Israel el 7 de octubre de 2023, en los que casi 1.200 personas, en su mayoría civiles, resultaron muertas y unas 240 fueron tomadas como rehenes. Las vistas sobre la solicitud de Sudáfrica de medidas provisionales se celebraron en La Haya el 11 y 12 de enero de 2024.
En las 84 páginas de la demanda sudafricana se acusa a Israel de actos y omisiones de carácter genocida, pues se cometen con la intención específica indispensable de destruir a la población palestina de Gaza en tanto que parte integrante del grupo nacional, racial y étnico de Palestina.
La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. No conoce de la responsabilidad penal individual, sino que su función es dirimir, de acuerdo con el derecho internacional, las controversias jurídicas sometidas a ella por los Estados, incluidas las relativas a la interpretación, aplicación y cumplimiento de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
El artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) dispone que las sentencias de la CIJ son vinculantes para las partes en la controversia y que, si no se acatan, se recurrirá al Consejo de Seguridad de la ONU, que podrá formular recomendaciones o decidir qué medidas tomar para dar cumplimiento a la sentencia.
