En vísperas de la ejecución programada para el jueves de Ramin Hossein Panahi, joven de 22 años de la minoría kurda de Irán que fue condenado a muerte en enero, tras un juicio flagrantemente injusto y entre graves denuncias de tortura, por “empuñar las armas contra el Estado”, Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado: “El caso de Ramin Hossein Panahi es un sobrecogedor error judicial de principio a fin. Tras comparecer en su juicio mostrando, según se ha informado, señales de tortura en el cuerpo, fue declarado culpable en menos de una hora”. “Durante el periodo de investigación le negaron el acceso tanto a su abogado como a su familia, así como a toda prueba en su contra. En lo que constituyó una burla absoluta del proceso judicial, los agentes de inteligencia también le presionaron reiteradamente para que hiciera una ‘confesión’ televisada a cambio de anular su condena a muerte. Ante su negativa a someterse a esta presión, lo mantuvieron recluido en régimen de aislamiento. “Instamos a las autoridades iraníes a no agravar este vergonzoso catálogo de violaciones de derechos humanos llevando a cabo lo que constituye la negación final e irreversible de los derechos humanos. La condena a muerte de Ramin Hossein Panahi debe ser anulada ya, antes de que sea demasiado tarde.”
Información complementaria
Ramin Hossein Panahi fue condenado a muerte en enero de 2018 por “empuñar las armas contra el Estado” (baqi). Su declaración de culpabilidad se basó en su pertenencia al grupo armado de oposición kurdo Komala, pero en el juicio no se presentó ninguna prueba que lo vinculara a actividades que impliquen homicidio intencional, requisito imprescindible según el derecho internacional para imponer la pena de muerte.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
