Ante la noticia de que Ahmadreza Djalali, especialista en medicina de urgencias irano-sueco, ha sido trasladado al régimen de aislamiento en la prisión de Evin y las autoridades judiciales le han comunicado que su condena a muerte va a ejecutarse de inmediato, Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“Nos horrorizó la noticia de que las autoridades habían ordenado a la oficina encargada de dar cumplimiento de las condenas el traslado de Ahmadreza Djalali al régimen de aislamiento y la ejecución de su condena a muerte antes de que transcurra una semana a partir del 24 de noviembre.
“Es terrible que, a pesar de los reiterados llamamientos de expertos en derechos humanos de la ONU a favor de que se anule la condena a muerte de Ahmadreza Djalali y de que sea puesto en libertad, las autoridades iraníes hayan decidido, en cambio, impulsar esta injusticia irreversible. Las autoridades de Irán deben detener todos los planes de ejecutar a Ahmadreza Djalali y poner fin a su escandaloso ataque contra su derecho a la vida".
“Pedimos a los miembros de la comunidad internacional que intervengan inmediatamente para salvar la vida de Ahmadreza Djalali antes de que sea demasiado tarde”Diana Eltahawy, Amnistía Internacional
“Pedimos a los miembros de la comunidad internacional que intervengan inmediatamente, entre otros medios, a través de sus embajadas en Teherán, para salvar la vida de Ahmadreza Djalali antes de que sea demasiado tarde".
“Los órganos internacionales de derechos humanos sostienen sistemáticamente que dictar una condena a muerte tras unas actuaciones penales que violan las garantías de un juicio justo constituye una violación del derecho a la vida. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, por considerarla la forma más extrema de pena cruel e inhumana”.
Información complementaria
Ahmadreza Djalali fue condenado a muerte por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en octubre de 2017, tras un juicio manifiestamente injusto ante la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán. El tribunal se basó principalmente en “confesiones” que, según Ahmadreza Djalali, se obtuvieron bajo tortura y otros malos tratos mientras estaba recluido en régimen de aislamiento prolongado sin acceso a asistencia letrada. Entre otras cosas, amenazaron con ejecutarlo a él, y matar o hacer daño a sus hijos —que viven en Suecia— y a su madre —que vive en Irán—. Amnistía Internacional ha sostenido constantemente que el delito de “corrupción en la tierra” no cumple los requisitos de claridad y precisión que impone el derecho internacional e infringe, además, el principio de legalidad y seguridad jurídica.
En una carta escrita desde la prisión de Evin de Teherán en agosto de 2017, Ahmadreza Djalali dijo que estaba recluido únicamente por haberse negado a utilizar sus contactos profesionales en instituciones europeas para espiar para Irán.
El 17 de diciembre de 2017, una emisora estatal de televisión iraní emitió la “confesión” de Ahmadreza Djalali junto con una voz en off que lo presentaba como “espía”. Al obtener y emitir estas “confesiones” forzadas, las autoridades iraníes violaron el derecho de Ahmadreza Djalali a la presunción de inocencia, así como su derecho a no ser obligado a declararse culpable. Desde diciembre de 2017, sus abogados han presentado al menos dos solicitudes de revisión judicial de la causa que se sigue contra Ahmadreza Djalali, ambas rechazadas.
En noviembre de 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió a Irán que dejara de inmediato en libertad a Ahmadreza Djalali y le concediera el derecho exigible a una indemnización y otras formas de reparación, pues había sido detenido sin orden judicial, no había sido acusado formalmente hasta 10 meses después de su detención y se le había impedido de manera efectiva ejercer su derecho a impugnar la legalidad de su detención. También determinó que se había violado su derecho a un juicio justo con gravedad suficiente como para considerar su privación de libertad de carácter arbitrario”.
El 9 de diciembre de 2018, sus abogados supieron que la Sala 1 del Tribunal Supremo había confirmado la condena a muerte sin darles la oportunidad de presentar documentación para la defensa de su cliente.
