El gobierno recién formado en Irak debe garantizar que los derechos humanos ocupan un lugar central en su agenda, y debe revertir el curso de décadas de impunidad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en una nueva carta abierta.
En un escrito dirigido al nuevo primer ministro, Mustafa al Kadhim, después de que el gobierno tomara posesión de su cargo ayer (7 de mayo), la organización destacó los motivos constantes de preocupación respecto a la falta de rendición de cuentas por la violenta respuesta de las autoridades a las protestas del año pasado y de principios de este año, respecto a las secuelas del conflicto contra el grupo armado autodenominado Estado Islámico, y respecto a la COVID-19 y la violencia intrafamiliar.
“Este nuevo gobierno tiene la oportunidad de garantizar que la promoción y protección de los derechos humanos recibe prioridad tras años de atroces violaciones de estos derechos”, ha manifestado Razaw Salihy, investigadora de Amnistía Internacional sobre Irak.
“El pueblo iraquí ha pagado un precio demasiado alto por décadas de impunidad y por lo que hasta ahora han sido promesas reiteradamente huecas de las autoridades. Nos satisface el compromiso expreso del gobierno de hacer rendir cuentas a los responsables de homicidios de manifestantes, y de dar prioridad a abordar las necesidades de las personas internamente desplazadas.”
“Ahora, el gobierno debe traducir estas promesas en una acción inmediata y significativa, que incluya abordar los agravios socioeconómicos sufridos desde hace mucho tiempo por la población de Irak.”
COVID-19 y la violencia intrafamiliar
En respuesta a la actual pandemia de COVID-19, Irak está en una situación de confinamiento parcial que ha dado lugar a un aumento de los casos de violencia intrafamiliar.
La carta añade: “El repunte de los casos de violencia intrafamiliar de los que han informado los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, y que en algunos casos han provocado la muerte de mujeres y lesiones graves de una niña, exige la acción inmediata del gobierno para garantizar que las mujeres y las niñas pueden acceder a servicios y protección esenciales.”
Respuesta a las protestas
Las protestas celebradas en el país a finales del año pasado y principios de este año recibieron una respuesta brutal de las autoridades, que causó el homicidio ilegítimo de cientos de personas y heridas a miles más.
Según la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad —incluidos miembros de las Unidades de Movilización Popular y hombres armados no identificados— respondieron a las manifestaciones básicamente pacíficas con munición real, rifles de caza, fuego real que coincidía con el uso de francotiradores, gas lacrimógeno y cañones de agua.
Amnistía Internacional pide al gobierno que refrene urgentemente a las fuerzas de seguridad y que inicie investigaciones exhaustivas e independientes sobre los homicidios. La carta añade: “Las autoridades han tenido meses para apartarse de la represión violenta. Deben asegurar a los manifestantes que tienen derecho a esperar que las fuerzas de seguridad los protegerán y no los matarán y mutilarán arbitrariamente, y que su gobierno abordará los agravios que han sufrido, especialmente sus reclamaciones de que se hagan realidad sus derechos sociales y económicos.”
Secuelas del conflicto con el “Estado Islámico”
La carta aborda asimismo varias cuestiones relativas al conflicto contra el autodenominado Estado Islámico, cuestiones que incluyen el castigo colectivo de iraquíes desplazados internamente a los que se considera afiliados al Estado Islámico, la suerte de miles de hombres y niños que fueron víctima de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad durante el conflicto, la impunidad por los abusos contra los derechos humanos cometidos por todas las partes en el conflicto, y los delitos cometidos contra minorías étnicas y religiosas en el norte de Irak.
