Mukesh Singh, Pawan Gupta, Vinay Kumar Sharma y Akshay Thakur fueron ejecutados hoy por la violación en grupo y el asesinato de una mujer de 23 años en Delhi en 2012. Estas ejecuciones son un cambio desalentador en el uso de la pena de muerte en India. “No hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial frente al delito, y su uso no va a erradicar la violencia contra las mujeres en India”, ha afirmado Amnistía Internacional India hoy.
“Desde agosto de 2015, India no había ejecutado a nadie y es lamentable que hayan sido ejecutados cuatro hombres hoy so pretexto de abordar la violencia contra las mujeres. Con demasiada frecuencia, quienes legislan en India utilizan la pena de muerte como símbolo de su determinación a abordar la delincuencia, pero lo que hace falta en realidad son soluciones efectivas a largo plazo, como mecanismos de prevención y protección para reducir la violencia de género, mejorar las investigaciones, enjuiciamientos y apoyo a las familias de las víctimas. Lo que necesitamos ahora son reformas procedimentales e institucionales de alcance”, dijo Avinash Kumar, director ejecutivo de Amnistía Internacional India.
“La pena de muerte nunca es la solución y la reanudación de las ejecuciones hoy añade otra mancha al historial de India en derechos humanos. Los tribunales indios han declarado en reiteradas ocasiones que se aplica de forma arbitraria e incoherente. Incluso el Comité Verma, en cuyas recomendaciones se basó la reforma de las leyes sobre agresión sexual y violación tras el caso Nirbhaya, se opuso a la imposición de la pena capital en casos de violación. India forma parte de la minoría de países que siguen utilizando la pena de muerte. En la actualidad, 140 países —más de dos tercios de los países del mundo— han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica”, prosiguió Avinash Kumar.
El caso de la violación en grupo de Delhi fue una violación y una agresión letal perpetradas en el distrito de Nueva Delhi el 16 de diciembre de 2012. La víctima, una mujer de 23 años, fue golpeada, violada en grupo y torturada en un autobús privado al que había subido con un amigo.
El incidente recibió amplia cobertura en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Dado que la ley india no permite que la prensa publique el nombre de las sobrevivientes de violación, la mujer fue conocida como Nirbhaya.
Ante las numerosas peticiones públicas para que se mejorara la seguridad de las mujeres, en diciembre de 2012 se creó un comité judicial para estudiar y considerar las sugerencias del público sobre la mejor manera de modificar la ley para conseguir que se investigara y procesara con más rapidez a las personas sospechosas de delitos sexuales. Tras estudiar unas 80.000 sugerencias, el comité presentó un informe que apuntaba a las actuaciones deficientes del gobierno y la policía como causa fundamental de los delitos contra las mujeres. También contenía recomendaciones sobre una amplia variedad de cuestiones que influyen en la seguridad de las mujeres y la discriminación de género: desde las leyes sobre violencia contra las mujeres, los abusos sexuales en la infancia y los homicidios en nombre del “honor”, a los principios de imposición de penas, pasando por la creación de medidas de seguridad adecuadas para las mujeres, reformas policiales y reforma electoral. El informe se oponía a castigar la violación con la pena de muerte.
“Pedimos al gobierno de India que establezca de inmediato una moratoria de las ejecuciones; y conmute todas las condenas de muerte como primer paso fundamental hacia la abolición del castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia”, concluyó Avinash Kumar.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
