Cuando se cumple el primer aniversario de la derogación del artículo 370 de la Constitución india, el gobierno debe liberar inmediatamente a todos los líderes políticos, periodistas y activistas detenidos, restablecer el acceso a Internet móvil 4G, descongestionar las prisiones y poner en marcha una investigación pronta e independiente sobre los ataques a los periodistas en Jammu y Cachemira, ha declarado hoy Amnistía Internacional India.
"En el último año, el gobierno de India ha estado desmantelando sistemáticamente todas las vías de justicia para el pueblo de Jammu y Cachemira, especialmente en este último territorio. Sus habitantes llevan un año enfrentándose a una representación prácticamente nula, prolongadas restricciones en el acceso a Internet, el uso arbitrario de algunas de las leyes más estrictas, órdenes verbales de detención y el cierre de medios de comunicación locales", ha declarado Avinash Kumar, director ejecutivo de Amnistía Internacional India.
El 5 de agosto de 2019, el gobierno de la India revocó unilateralmente el artículo 370 de la Constitución india, que garantizaba una autonomía especial a Jammu y Cachemira, y bifurcó el estado en dos territorios separados, poniendo la región bajo el control directo del gobierno central. Todas estas enmiendas y cambios se hicieron en medio de una completa restricción de las comunicaciones, restricciones a la circulación y detenciones masivas en la región.
Tras entrevistar a una docena de periodistas y reunir pruebas que corroboran los informes periodísticos y las solicitudes de derecho a la información, Amnistía Internacional ha documentado la política de mano dura del Gobierno de India en la región en una serie de actualizaciones de la situación desde el 5 de agosto de 2019.
Amnistía Internacional reconoce que el Gobierno de India puede tener preocupaciones legítimas de seguridad que pueden merecer restricciones razonables del derecho a la libertad de expresión en determinadas circunstancias. Sin embargo, estas restricciones deben ser siempre de duración limitada y demostrablemente proporcionadas, tal como se establece en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que India es Estado Parte.
Sin embargo, en una violación absoluta de las obligaciones internacionales de India, toda la población de Cachemira se ha visto privada de su derecho a la libertad de expresión y de opinión por las prolongadas restricciones a las comunicaciones durante el último año. Esto se ha visto agravado por la censura de los medios de comunicación, la continua detención de los dirigentes políticos y las restricciones arbitrarias debidas a la pandemia, con escasa o nula reparación.
A pesar de la moderada disminución de las restricciones en 2020, el control casi total del gobierno sobre la información procedente de la región se reforzó mediante el uso de leyes represivas como la Ley de seguridad pública de Jammu y Cachemira (PSA) y la Ley de actividades ilegales (UAPA). Amnistía Internacional ha documentado ataques físicos, acoso e intimidación a por lo menos 18 periodistas desde el 5 de agosto de 2019. La política draconiana contra los medios de comunicación introducida por el Gobierno en la región ha acabado aún más con los medios de comunicación independientes en la región.
Tras reunir información de diversos medios, Amnistía Internacional ha constatado que al menos 70 dirigentes políticos -de diferentes tendencias- estaban sometidos a detención administrativa. Sin embargo, no pudo encontrar ni un solo caso de detención de un miembro político perteneciente al Partido Bharatiya Janata (BJP) - el actual partido gobernante de India. Aunque la mayoría de los detenidos han sido liberados posteriormente, muchos siguen detenidos sobre la base de órdenes verbales o leyes represivas como la PSA. Esto constituye una completa violación de sus derechos a un juicio justo, garantizados por el PIDCP y la Constitución.
Su liberación, que ha sido posible gracias a la firma de documentos que les impiden dedicarse a cualquier actividad política, incluida la de dar discursos políticos, es tan problemática como sus detenciones. En virtud del derecho internacional, los discursos políticos no pueden prohibirse a menos que constituyan una amenaza directa al orden público, lo que no ha sido demostrado adecuadamente por el gobierno indio en las órdenes a las que ha accedido Amnistía Internacional.
Obligadas a pasar de un encierro a otro, las políticas gubernamentales durante la pandemia COVID-19 han marginado aún más a la población de Jammu y Cachemira y han afectado gravemente a su acceso a la justicia. Entre 2016 y 2019, Amnistía Internacional India descubrió que se presentaron más de 300 peticiones de hábeas corpus contra las detenciones ilegales ante el Tribunal Superior de la región. Sin embargo, hasta el 4 de agosto de 2020, sólo se han presentado 11 peticiones de hábeas corpus. Esta fuerte caída puede atribuirse a las medidas punitivas de emergencia invocadas por el gobierno para frenar la pandemia de la COVID-19, pero también a la falta de acceso a Internet de alta velocidad necesaria para las audiencias en línea ininterrumpidas. El cierre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, junto con otras seis comisiones, incluida la Comisión Estatal para la Protección de los Derechos de las Mujeres y los Niños, ha dejado al pueblo de Jammu y Cachemira sin ninguna reparación por las violaciones de derechos humanos sufridos.
"Los despiadados intentos del Gobierno de crear una opinión pública de 'normalidad', al tiempo que frena la libertad de la prensa independiente, encarcela a toda la dirigencia política, detiene arbitrariamente a los que pueden disentir e impone restricciones a la comunicación, han usurpado la voz de la región. Amnistía Internacional exige al Gobierno que restaure el acceso a Internet móvil 4G. También exige el fin de las investigaciones criminales contra los periodistas en virtud de la PSA y la UAPA y la retirada de la nueva política de medios de comunicación. Asimismo pide al gobierno que libere inmediata e incondicionalmente a todas las personas, incluidos los dirigentes políticos, privadas de libertad únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica, creencia o igualdad y no discriminación, ya que no deberían haber sido nunca detenidos por estos motivos. Un gobierno que respete los derechos debe saber que el fin de los abusos en Jammu y Cachemira no puede llegar sin la participación de su pueblo", concluyó Avinash Kumar.
