David Castillo, ex gerente de la empresa Desarrollos Energéticos, y responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, fue declarado culpable como coautor de participar en el asesinato de la defensora de los derechos humanos hondureña Berta Cáceres en 2016.
"El tan esperado procesamiento de David Castillo, inculpado como coautor en el asesinato de Berta Cáceres, es un paso importante hacia la justicia y el resultado de los incansables esfuerzos de su familia y del COPINH para asegurar la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, no habrá nunca una completa justicia para Berta hasta que todos los que participaron en el crimen, incluidos los que lo planearon, sean llevados ante la justicia", ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.
“Hasta que todos los responsables rindan cuentas, otras personas defensoras de los derechos humanos seguirán perdiendo la vida por alzar la voz y defender a las personas más vulnerables”
"Instamos a los fiscales a seguir descubriendo la verdad. Hasta que todos los responsables rindan cuentas, otras personas defensoras de los derechos humanos en Honduras seguirán perdiendo la vida por alzar la voz y defender a las personas más vulnerables. Las autoridades hondureñas deben poner fin a la impunidad".
El Tribunal de Sentencia aún no ha sentenciado a David Castillo, a la espera de que las apelaciones previas interpuestas por sus abogados sean resueltas. Según el COPINH, la defensa ha adoptado tácticas dilatorias en múltiples ocasiones, ralentizando el proceso judicial hasta la fecha. La justicia tardó casi un año en sentenciar a las siete personas declaradas culpables del asesinato de Berta el 28 de noviembre de 2018.
Durante el juicio de Castillo, el tribunal no tuvo en cuenta pruebas que los abogados de la familia de Berta presentaron contra otras personas presuntamente implicadas en la orden de su asesinato. El GAIPE, un equipo independiente de abogados internacionales contratado por la familia de Berta, sacó a la luz graves fallos en la investigación oficial en 2017. Su informe incluía pruebas que implicarían a altos ejecutivos empresariales y agentes del Estado en el crimen.
Las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras siguen sufriendo ataques con impunidad. Por ejemplo, cuatro activistas garífunas, miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), fueron víctimas de una desaparición forzada a manos de cinco individuos que llevaban chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) el 18 de julio de 2020. Su paradero sigue siendo desconocido. Con 20 asesinatos el año pasado, Honduras es el tercer país más mortífero del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos, según el último informe de Frontline Defenders. También es el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Catorce personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas allí en 2019, lo que da a Honduras la mayor tasa per cápita de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en el mundo, según el informe de Global Witness de 2020.
A pesar de este contexto, Honduras no ha firmado el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente y que entró en vigor el 22 de abril de 2021.
"El gobierno de Honduras parece mirar hacia otro lado cuando las personas defensoras de los derechos humanos son atacadas en vez de cumplir con su obligación de protegerlas. Las autoridades deben tomarse esto en serio y hacer lo que sea necesario para mantener a las defensoras y los defensores de los derechos humanos a salvo de cualquier daño, para que nunca se repita un crimen como el asesinato de Berta Cáceres", ha declarado Erika Guevara-Rosas.
Información adicional
El 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres, valiente defensora del medio ambiente y de los derechos de los indígenas, fue asesinada a tiros por hombres armados en su casa de Intibucá, Honduras. Era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH) y hacía campaña contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca y el impacto que tendría en el territorio del Pueblo Indígena Lenca.
Berta Cáceres y otros integrantes del COPINH habían sufrido amenazas y agresiones antes de ser asesinada y eran beneficiarios de medidas cautelares ordenadas por la CIDH desde el 29 de junio de 2009. Más recientemente, el 3 de abril de 2021, el COPINH denunció la detención de Bertha y Laura Zúniga, hijas de Berta Cáceres, y de Camilo Bermúdez por parte de la Policía Nacional de Honduras en Santa Rosa de Copán, tres días antes de que comenzara el juicio de David Castillo.
