El proyecto de ley, que la Asamblea Nacional debatirá el 1 de octubre, reaviva los intentos que el Consejo Constitucional rechazó anteriormente en su examen del Proyecto de Ley de Vigilancia francés del 24 de julio de 2015. “Según esta nueva ley, las autoridades francesas considerarán como válidas para la vigilancia casi todas las comunicaciones por Internet, sin ningún tipo de verificación o comprobación significativa. El permitir una vigilancia masiva tan amplia, intrusiva e indiscriminada supone una violación flagrante del derecho de las personas a la intimidad y la libertad de expresión”, ha manifestado Sherif Elsayed-Ali, director adjunto del Programa sobre Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional. “La ley es tan amplia que, básicamente, da al ejecutivo y a las agencias de inteligencia carta blanca para la interceptación masiva de datos. Los legisladores franceses deben oponerse a que, mediante unos procedimientos acelerados, se arrasen derechos fundamentales.” Aunque la ley adoptada en julio ya otorga al gobierno la autoridad para utilizar técnicas de vigilancia masiva con el fin de combatir el terrorismo, el nuevo proyecto de ley va un paso más allá y permite explícitamente el uso de técnicas de vigilancia masiva en su intento de alcanzar una larga e indefinida lista de objetivos, entre ellos la defensa y la promoción de importantes políticas exteriores e intereses económicos y científicos. Hay varias cuestiones que preocupan a Amnistía Internacional respecto al proyecto de ley propuesto, entre ellas las siguientes:
- Otorga poderes muy amplios que dan lugar a una vigilancia masiva indiscriminada. El borrador de la ley permite la interceptación “no individualizada” de todas las comunicaciones electrónicas (tanto metadatos como contenidos de mensajes de correo electrónico, llamadas telefónicas y otras comunicaciones, como las resultantes de la informática en la Nube) enviadas o recibidas desde el extranjero, así como la explotación de estas comunicaciones en un conjunto de circunstancias prácticamente ilimitado.
- Contiene periodos desproporcionadamente largos de retención de la información reunida. La nueva ley ampliaría aún más el periodo de retención, ya de por sí injustificadamente largo, de la información reunida, y no parece abordar el periodo de retención de las comunicaciones en sí.
- Elimina la autorización judicial previa. Al igual que la ley adoptada en julio, este nuevo proyecto de ley no prevé la autorización judicial de la vigilancia. Además, socava aún más las garantías contenidas en la ley, ya que elimina por completo el papel de control de la autorización de las medidas de vigilancia que, aunque muy débil, desempeñaba previamente la Comisión Nacional de Control de las Técnicas de Investigación (CNCTR).
- No define las técnicas de vigilancia permitidas, que podrían incluir el uso de métodos muy invasivos para hacerse con el control total del equipo informático o el teléfono de una persona.
- Guarda silencio respecto a una serie de cuestiones fundamentales, como los posibles acuerdos de intercambio de información con países extranjeros.No deja claro si amplía o no su interceptación de las comunicaciones realizadas fuera de las fronteras territoriales francesas. No aclara en absoluto si las actividades de las agencias de inteligencia en el extranjero, incluida la interceptación de comunicaciones fuera del país, se basarían en este nuevo proyecto de ley o permanecerían esencialmente no reguladas.
- Es inherentemente discriminatorio. La ley brindaría distintos niveles de protección dependiendo de la ubicación de la persona afectada por las medidas de vigilancia. Este nuevo proyecto de ley ofrece un nivel inferior de protección de los derechos humanos por el mero hecho de que una comunicación cruce fronteras, pero además establece un conjunto aún menor de protecciones dependiendo de la ubicación de la persona en cuestión.
“Si se aprueba esta legislación, todas las personas que vivan en el extranjero y estén investigando posibles violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado francés o una empresa francesa podrían encontrarse con que sus comunicaciones están siendo sometidas a una interceptación intrusiva”, ha manifestado Sherif Elsayed-Ali.“También podría tener consecuencias devastadoras para quienes defienden los derechos humanos, incluso en países con historiales especialmente malos respecto a dichos derechos: no hay nada en el actual proyecto de ley que impida a las autoridades francesas compartir con estos gobiernos información sobre las comunicaciones de estas personas.”
Información complementaria
Este proyecto de ley francés forma parte de la peligrosa tendencia actual de búsqueda de poder para realizar vigilancia masiva internacionalmente. En septiembre, el Parlamento suizo aprobó una ley que otorgaba a los servicios de inteligencia suizos mayores poderes para vigilar las comunicaciones privadas. En Reino Unido y Países Bajos ya hay en marcha planes similares. En Estados Unidos, un grupo de trabajo del gobierno de Obama está explorando diferentes enfoques que los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden utilizar para descifrar comunicaciones encriptadas.
