Después de que la policía filipina haya matado a 32 personas en lo que se cree que es la cifra de muertes más alta en un solo día en la denominada “guerra contra las drogas” emprendida por el presidente Rodrigo Duterte, James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y Oceanía, ha declarado: “Estas atroces muertes son un recordatorio de que la ilegal ‘guerra contra las drogas’ emprendida por el presidente Duterte continúa imparable y, de hecho, parece estar sumiéndose en nuevas cotas de brutalidad, en una situación en la que la policía abate a tiros a los sospechosos, violando el derecho fundamental a la vida y burlando por completo el debido proceso”. “Nadie sufre tanto esta brutalidad como las comunidades más pobres de zonas como la provincia de Bulacan, punto crítico para las ejecuciones extrajudiciales desde que el presidente llegó al poder, y escenario de 21 de los 32 homicidios perpetrados ayer.” “La reciente declaración de Duterte respecto a que podría no ser capaz de resolver los problemas de drogas en Filipinas durante su mandato actual resulta sumamente inquietante. Con la ampliación indefinida de esta estrategia fallida parece no atisbarse el final de estos homicidios." “Si a esto se le une la preocupante amenaza realizada por Duterte el mes pasado de abolir la Comisión de Derechos Humanos del país, la única institución que lleva a cabo investigaciones exhaustivas sobre ejecuciones extrajudiciales, parece que los derechos humanos en Filipinas corren más peligro que en ningún otro momento desde que comenzó el sangriento reinado del presidente.” “Esto muestra claramente que no puede haber más demoras en el establecimiento de una investigación bajo dirección internacional sobre la ‘guerra contra las drogas’ y la carnicería que está teniendo a lugar a diario en Filipinas.”
Información complementaria
Desde que asumió la presidencia de Filipinas en junio de 2016, Rodrigo Duterte y su gobierno han dirigido unas violaciones de derechos humanos generalizadas en la ‘guerra contra las drogas’, en la que han intimidado y encarcelado a detractores y han creado un clima de ilegalidad.
Utilizando la máxima institución del país, Duterte ha fomentado y aprobado explícitamente actos de violencia que han provocado miles de ejecuciones extrajudiciales en la campaña del gobierno contra las drogas. En su informe de enero de 2017 “If you are poor you are killed”, Amnistía Internacional expuso con detalle cómo la policía filipina ha matado, y ha pagado a otros para que maten, a miles de presuntos autores de delitos de drogas, en una oleada de ejecuciones extrajudiciales que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
