Las autoridades filipinas cada vez utilizan más Facebook para hacer campañas de etiquetado en rojo contra jóvenes activistas, incluyendo a quienes investigan presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, la policía y otras agencias gubernamentales. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El nuevo informe, titulado “Transformé mi miedo en valentía”: Etiquetado en rojo y violencia estatal contra jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos en Filipinas, expone con detalle cómo el gobierno del presidente Ferdinand Marcos hijo ha utilizado cada vez más como armas las herramientas digitales, la desinformación e imprecisas leyes antiterroristas para acosar, intimidar y reprimir a jóvenes activistas.
El núcleo de esta campaña coordinada es la práctica del “etiquetado en rojo”, a través de la cual destacadas figuras políticas y agentes de seguridad del Estado denigran a activistas de derechos humanos y otras personas a las que se considera detractoras del gobierno, calificándolas de “rebeldes comunistas” y “terroristas”.
“Los y las activistas y otras voces críticas están siendo objeto de etiquetado en rojo e identificados como blanco por el gobierno, y después sufren persecución en Internet. Sin embargo, en Filipinas, el problema no se limita únicamente al acoso online, también provoca daños tangibles fuera de Internet”, ha manifestado Damini Satija, directora de Amnesty Tech.
“A lo largo de los años, el etiquetado en rojo se ha utilizado para instigar amenazas y ataques directos contra quienes critican al gobierno y se oponen a él, y Meta está desempeñando un papel habilitador a este respecto.”
Los y las jóvenes activistas a quienes se entrevistó para este informe describieron cómo habían sufrido personalmente a causa del etiquetado en rojo, una práctica que ha provocado un clima de temor y autocensura, o ha dado lugar a que algunas personas hayan abandonado su trabajo como activistas o periodistas.
Recientemente, en agosto de 2024, desapareció la joven defensora de los derechos ambientales Rowena Dasig. Existe la sospecha de que fue objetivo de una serie de desapariciones forzadas de defensores y defensoras de los derechos humanos producidas durante el mandato del presidente Marcos hijo.
Ana*, activista estudiantil de 26 años, declaró: “Cuando te acosan en Internet o te exponen en las redes, te conviertes en objetivo. Le indican a la gente que esa persona es un objetivo, que no deben acercarse a ella [...]. Por supuesto, si aún no perteneces a una organización, pensarás que no te conviene ser activista porque pondrías tu vida en peligro”.
El etiquetado en rojo bajo los sucesivos gobiernos
El etiquetado en rojo se intensificó durante el gobierno del presidente Marcos hijo, época en la que se atacaba a opositores y opositoras mediante publicaciones en Facebook y declaraciones de prensa, a pesar de los intentos del gobierno por presentarse como más respetuoso con los derechos humanos.
Los ataques son especialmente notables en la página de Facebook de la Fuerza Especial Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Local Comunista (NTF-ELCAC), que tiene miles de seguidores.
En el momento de la publicación del informe, el gobierno filipino no había respondido a una solicitud de comentarios sobre las conclusiones del informe de Amnistía.
El etiquetado en rojo aumentó durante el gobierno del presidente Rodrigo Duterte, tras el colapso de las conversaciones de paz con el Partido Comunista de Filipinas.
La Orden Ejecutiva 70 de Duterte estableció en 2018 la NTF-ELCAC, que el gobierno ha utilizado como pretexto para emprender una represión de los y las activistas de derechos humanos y personas presuntamente disidentes.
“El etiquetado en rojo en la web se hizo muy patente durante el gobierno de Duterte porque, antes de la pandemia, eran los trolls los que publicaban comentarios y de repente, durante la pandemia, se convirtió en un etiquetado en rojo en Internet”, dijo Miguel*, activista de 26 años de la ciudad de Baguio.
El NTF-ELCAC comparte numerosas publicaciones y declaraciones de prensa en su página de Facebook, muchas de las cuales denigran sin motivo a jóvenes activistas calificándolos de “terroristas” y acusándolos falsamente de mantener asociaciones con grupos armados.
Impulsadas por la Ley Antiterrorista de 2020, que permite a policías y militares mantener detenidas a personas sospechosas durante hasta 24 días sin orden judicial ni cargos formales, las fuerzas de seguridad del Estado han presentado denuncias infundadas contra jóvenes activistas a quienes han detenido arbitrariamente.
Hailey Picayo, activista de 21 años de Tagalo Meridional, declaró: “Nos presentan como si engañáramos a la juventud.”
En agosto de 2022, el ejército filipino acusó a Hailey de ser miembro del Nuevo Ejército del Pueblo y de ser además “terrorista”. Al esos momentos, esta joven investigaba un caso en el que se acusaba a las fuerzas de seguridad de matar a un menor.
“No es normal enfrentarse a algo así a nuestra edad”, añadió, en referencia a las denuncias criminales infundadas presentadas contra ella por miembros de una sección militar local en un aparente acto de represalia contra su investigación.
Las causas se retiraron en 2023, pero el uso indebido del sistema de justicia penal para perseguir y acosar a Hailey dejó cicatrices en ésta.
“Las autoridades filipinas deben detener de inmediato su campaña represiva de etiquetado en rojo, derogar la Ley Antiterrorista y poner fin a toda forma de intimidación, acoso, amenazas o ataque contra activistas de derechos humanos. También deben abolir la NTF-ELCAC y llevar a cabo sin demora una investigación independiente, imparcial y transparente sobre sus actividades”, ha manifestado Damini Satija.
Facebook y el etiquetado en rojo
Facebook es la principal red social de Filipinas, a la que se conectan cada mes un 95% de quienes usan las redes sociales en el país, lo que la convierte también en un punto clave para el etiquetado en rojo y el acoso online.
En sus conversaciones con grupos de la sociedad civil y jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos, y en su propio análisis sobre los contenidos y anuncios publicitarios de Facebook, Amnistía Internacional encontró fallos sistemáticos por parte de Meta a la hora de hacer cumplir sus normas comunitarias y eliminar el contenido de etiquetado en rojo que incita al odio y a la violencia.
“Intentamos denunciar estas páginas (de Facebook), pero no cesa”, declaró Miguel*, de 26 años y de la ciudad de Baguio.
“Resulta muy difícil pedir rendición de cuentas, porque [Meta] dice: ‘tenemos unas normas comunitarias.’”
Meta no ha respondido a la solicitud de comentarios sobre las conclusiones de Amnistía Internacional. En una respuesta anterior a una carta de investigación enviada por Amnistía Internacional en julio de 2024, la empresa dijo: “Evaluamos las acusaciones de etiquetado en rojo en función de una serie de políticas, incluida nuestra política de Organización de actos dañinos y fomento de actividades delictivas. En virtud de esa política, eliminamos los contenidos que exponen la identidad de alguien que presuntamente pertenece a un grupo ‘de riesgo’, si esas acusaciones pueden provocar daños en la vida real”.
El equipo de investigación de Amnistía Internacional también analizó anuncios publicitarios aprobados y publicados por Meta en su plataforma de Facebook, utilizando la Biblioteca de anuncios de Meta, y encontró indicios de deficiencias en la diligencia debida en materia de derechos humanos por parte de la empresa. Aunque la empresa es muy consciente del etiquetado en rojo y prohíbe utilizar la plataforma para estos propósitos, había numerosas cuentas que podían etiquetar en rojo y “etiquetar como terroristas” repetidamente a jóvenes y otros grupos mediante anuncios publicitarios para enviar mensajes que a menudo conducen a amenazas directas y ataques fuera de Internet.
“Unos mecanismos inadecuados para la moderación de contenidos y la aprobación de anuncios, junto con la incapacidad de supervisar la eficacia de sus medidas de mitigación de riesgos, han convertido a Facebook en un entorno propicio para cometer graves violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Wilnor Papa, director de activismo y movilización de Amnistía Internacional Filipinas.
Amnistía Internacional insta a Meta a llevar a cabo una revisión exhaustiva y una reforma de sus procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos, para garantizar que somete a un escrutinio adecuado las publicaciones de etiquetado en rojo señaladas por defensores y defensoras de los derechos humanos y para eliminar el contenido de pago de etiquetado en rojo antes de hacerlo llegar a los usuarios y usuarias de su plataforma.
*Se ha cambiado el nombre para proteger la identidad.