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Faltan garantías de protección de los civiles

Londres.- Ante el creciente número de informes según los cuales las tropas estadounidenses e iraquíes se disponen a lanzar una importante ofensiva para recuperar el control de la ciudad de Faluya, Amnistía Internacional pide a ambos gobiernos garantías de que cumplirán las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Asimismo, la organización insta a los grupos armados de Faluya a cumplir las disposiciones del derecho internacional.

 

Las acciones militares que las fuerzas estadounidenses e iraquíes han lanzado en los últimos meses contra Faluya y otras ciudades de Irak han causado decenas de víctimas civiles y destruido bienes civiles. Amnistía Internacional  teme que muchas de estas víctimas hayan sido el resultado de ataques indiscriminados o desproporcionados.

 

La organización quiere poner de relieve que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno provisional de Irak están jurídicamente obligados a cumplir en todo momento las disposiciones de todos los tratados aplicables de derecho humanitario y de derechos humanos en que son Estados Partes, así como las normas de derecho consuetudinario internacional vinculantes para todos los Estados.

 

Estados Unidos y el gobierno provisional iraquí deben comunicar claramente a sus fuerzas lo siguiente:

 

- La prohibición de todo ataque directo contra civiles o bienes civiles (incluidos los ataques de represalia).

 

- La prohibición de los ataques en los que no se intente distinguir entre objetivos militares y civiles o bienes civiles (ataques indiscriminados).

 

- La prohibición de los ataques que, aunque vayan dirigidos contra un objetivo militar legítimo, tengan efectos desproporcionados sobre civiles o bienes civiles.

 

- La prohibición de los ataques contra bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

 

-La prohibición de los ataques en los que se utilicen armas de efectos intrínsecamente indiscriminados.

 

- La obligación de dispensar un trato humano a todos los prisioneros, los heridos y las personas que quieran entregarse; jamás se debe matar a los prisioneros ni utilizarlos como rehenes, torturarlos ni someterlos a atentados contra su dignidad personal, en particular a tratos humillantes y degradantes.

 

-La obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil de los peligros derivados de las operaciones militares, lo que supone, entre otras cosas, no situar objetivos militares en medio de concentraciones civiles.

 

-La obligación de castigar toda infracción del derecho aplicable en la guerra y de garantizar que sus autores serán puestos a disposición judicial.

 

Amnistía Internacional desea hacer hincapié en que todas las personas, sin excepción, detenidas durante operaciones militares o después de ellas deben recibir en todo momento un trato humano, que respete plenamente sus derechos, conforme a las disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra. Ningún detenido puede ser llevado fuera de Irak para su interrogatorio. No pueden utilizarse técnicas coercitivas de interrogatorio de ningún tipo contra ninguna persona detenida en el curso de las operaciones militares o después de ellas. Los detenidos sospechosos de haber cometido algún delito deben ser sometidos a juicio ante tribunales completamente independientes y competentes, en procedimientos que cumplan las normas internacionales de justicia procesal y sin posibilidad de que se les imponga la pena de muerte ni ninguna otra pena cruel, inhumana o degradante.

 

Amnistía Internacional pide a los jefes de los grupos armados de Faluya que den instrucciones similares a sus fuerzas, para que conozcan en particular:

 

-La prohibición de utilizar a no combatientes, incluida la población civil y los prisioneros, en operaciones militares, por ejemplo como escudos humanos.

 

- La obligación de garantizar que los civiles que no quieran tomar parte en el conflicto no serán sometidos a abusos contra los derechos humanos por ello.

 

-La prohibición de apostar deliberadamente a combatientes y armas entre la población civil.

 

-La prohibición de tomar rehenes.

 

-La prohibición de someter a los prisioneros a torturas, mutilaciones, tratos crueles, humillaciones y ejecuciones.

 

-La obligación de garantizar que se recoge y atiende a los heridos y los enfermos.

 

-La obligación de permitir el acceso pleno y sin restricciones de organismos humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja a los prisioneros.

 

-La obligación de permitir a las organizaciones humanitarias locales e internacionales atender las necesidades humanitarias de la población civil.

 

-La obligación de condenar públicamente las infracciones del derecho internacional humanitario y retirar de inmediato a todo combatiente sospecho de haber cometido abusos de las situaciones en que tales abusos puedan repetirse.

 

Información complementaria

Faluya lleva meses sufriendo casi a diario ataques aéreos estadounidenses. El 5 de abril del 2004, los marines estadounidenses lanzaron una operación militar en la ciudad para intentar detener a los autores del homicidio, en marzo, de cuatro guardias de seguridad de Estados Unidos. Los combates librados en la ciudad duraron días, hasta que se acordó un alto el fuego. Sin embargo, continuaron produciéndose esporádicamente durante semanas, hasta que los soldados estadounidenses se retiraron y se entregó el control de la ciudad a las fuerzas iraquíes. Según fuentes de hospitales y medios de comunicación, en los combates murieron  600 personas como mínimo, al menos la mitad de las cuales eran civiles, incluidos niños.

 

Tras un periodo de relativa calma, se reanudaron los ataque aéreos estadounidenses, dirigidos aparentemente contra “casas francas” de los insurgentes, incluidos los miembros del grupo Al-Tawhid wal-Jihad (Monoteísmo y Guerra Santa), dirigido, según informes, por el ciudadano jordano Abu Musab al-Zarqawi, quien se ha atribuido la responsabilidad de varios secuestros y atentados suicidas con bomba indiscriminados. En julio, fuentes hospitalarias afirmaron que como resultado de un ataque aéreo estadounidense habían muerto 14 personas, entre las que había niños.

 

Hubo nuevos ataques aéreos en agosto, septiembre y octubre. Al menos 17 personas, entre la que había, según informes, 3 niños, murieron a principios de septiembre. El 25 de ese mes, tras un ataque aéreo, la agencia de noticias France Press informó de que un médico había dicho: “Hemos recibido 7 muertos y 11 heridos, incluidas mujeres y niños”. En cambio, el ejército estadounidense afirmó en una declaración que se había lanzado un ataque aéreo contra “terroristas reunidos en el distrito de Yolan de Faluya”. Según informes, el 8 de octubre 11 personas murieron y 17 más resultaron heridas en otro ataque aéreo calificado por el ejército estadounidense de “ataque de precisión” contra un escondite de Abu Musab al-Zarqawi, pero que, según médicos y vecinos de la zona, impactó en una casa donde se había celebrado una boda. Al 20 de octubre, cuatro niños y sus padres resultaron muertos, al parecer, en otro ataque aéreo contra la ciudad.

 

Amnistía Internacional teme que muchos de estos homicidios de civiles hayan sido causados por ataques indiscriminados o desproporcionados de las fuerzas estadounidenses.