El gobierno de Estados Unidos debe dejar de ignorar de inmediato el derecho internacional de los derechos humanos y de las personas refugiadas y poner fin a los vuelos de deportación y devoluciones forzosas a Venezuela, afirmó hoy Amnistía Internacional en respuesta a las deportaciones ilegales de personas venezolanas desde Estados Unidos a Venezuela.
“Más del 25% de la población de Venezuela –más de 7,71 millones de personas– ha huido de violaciones masivas de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad. Eso es una de cada cuatro personas en el país, mientras las cifras siguen aumentando. Desde mayo de 2022, hubo un aumento de 1,4 millones de personas. Amnistía Internacional pide que se prohíban todas las devoluciones forzosas a Venezuela, dado el riesgo que corren las vidas, seguridad y libertades de las y los venezolanos si son devueltos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“El gobierno de Estados Unidos debe ser coherente con su condena de las violaciones de derechos humanos en el país, así como con su reciente redesignación y extensión del Estatus de Protección Temporal para más de 470.000 personas venezolanas que están actualmente en Estados Unidos, y cesar de inmediato todos los vuelos de deportación y devoluciones forzadas de personas venezolanas a su país. Todas las devoluciones ya realizadas deben ser revisadas y revertidas en los casos en que no se haya observado plenamente el debido proceso”.
Estados Unidos es uno de los principales países que acogen a personas venezolanas en el mundo, y la población aumenta diariamente a medida que las y los venezolanos continúan siendo una de las principales nacionalidades que llegan a los Estados Unidos a través de la frontera y los programas de parole. De acuerdo con las obligaciones bajo el derecho internacional, en particular el principio de no devolución, Amnistía Internacional considera que las personas venezolanas no deben ser devueltas a su país. El ACNUR también ha llamado a los Estados a abstenerse de deportar, expulsar u obligar de cualquier otra manera a las personas venezolanas a regresar a Venezuela, instándolos a garantizar esta garantía en la documentación proporcionada a las y los venezolanos y mediante instrucciones claras a las fuerzas del orden y seguridad.
