Amnistía Internacional ha publicado un informe donde pone de relieve violaciones de derechos humanos pasadas y presentes en el centro de detención de Guantánamo, cuando se entra en el vigésimo año de las detenciones allí y un nuevo presidente se dispone a entrar en la Casa Blanca.
“No trata sólo de las 40 personas que aún están recluidas en Guantánamo, sino también de los crímenes de derecho internacional cometidos en estos 19 años y la permanente ausencia de rendición de cuentas por tales crímenes. Tiene que ver también con el futuro, ya que este año se cumple el 20 aniversario de los atentados del 11-S y la lucha por una justicia duradera”, ha dicho Daphne Eviatar, directora del Programa de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional Estados Unidos.
El informe documenta un catálogo de violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas recluidas en el campo, donde las víctimas de tortura permanecen recluidas indefinidamente sin asistencia médica adecuada y sin un juicio con las debidas garantías.
Los traslados desde sus instalaciones se han paralizado, e incluso personas cuya liberación había sido autorizada han continuado encarceladas durante años. Las detenciones de Guantánamo surgieron de la decisión de enmarcar la respuesta estadounidense a los atentados del 11-S en una “guerra global contra el terror”, eludiendo protecciones de derechos humanos en la búsqueda de información. Se cometieron crímenes de derecho internacional como tortura y desaparición forzada contra personas que fueron deliberadamente recluidas al margen del escrutinio judicial en Guantánamo o en centros secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en otros países. En su informe, Amnistía Internacional insta a abordar este asunto con renovada urgencia y un genuino compromiso con la verdad, la rendición de cuentas y la reparación, así como el reconocimiento de que no debe permitirse que continúen las detenciones indefinidas en Guantánamo.
“Son detenciones que durante años han estado indiscutiblemente ligadas a conductas ilegales del gobierno en múltiples niveles: traslados secretos, interrogatorios en régimen de incomunicación, alimentación forzosa en los casos de huelga de hambre, desaparición forzada y ausencia total del debido proceso”, ha dicho Daphne Eviatar.
En su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2009, el entonces vicepresidente y actual presidente electo, Joe Biden, declaró: “Haremos respetar los derechos de las personas a las que llevemos ante la justicia. Y cerraremos el centro de detención de Guantánamo”, y recalcó que “los tratados y las organizaciones internacionales que establecemos han de ser creíbles y eficaces”. Ahora que se dispone a ocupar el cargo de presidente, una docena de años después, tiene la oportunidad de cumplir con su palabra. Debería aprovecharla.
