Madrid.- Amnistía Internacional se ha dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien viajará, junto con el de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y la de Fomento, Ana Pastor, a Irán este domingo 6 de septiembre, para recordarle las preocupaciones y recomendaciones que la organización tiene sobre derechos humanos en Irán. La delegación de ministros tiene previstas una serie de reuniones con sus homólogos. Se trata de una oportunidad para denunciar que el país es uno de los que más aplican la pena de muerte en el mundo; que los derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica se han visto gravemente reprimidos tras la aprobación del Código Penal Islámico; y que muchos de los juicios que se realizan son defectuosos y se utilizan confesiones obtenidas bajo tortura. La discriminación de minorías, en la ley y en la práctica, así como el constante ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, son otras de las cuestiones sobre las que quiere alertar Amnistía Internacional. Las autoridades españolas deben demostrar un compromiso con los derechos humanos en sus relaciones bilaterales. Uno de los mayores ejecutores Irán es el segundo país que más ejecuciones lleva a cabo después de China. Las autoridades iraníes han ejecutado a más de 700 personas entre enero y agosto de 2015 (entre ellos una persona que era menor cuando supuestamente cometió el delito), la mayoría de ellas por delitos que no son considerados los más “graves” según el derecho internacional, como los relacionados con las drogas. También por otros delitos vagos e imprecisos, como los que hacen referencia al término “enemistad con Dios”, la “corrupción en la tierra” o “insultar al profeta”. También las relaciones sexuales consentidas entre dos adultos del mismo o de distinto sexo pueden estar penadas con la muerte. Amnistía Internacional ha denunciado, entre otros, el caso de Saman Naseem, sentenciado a muerte por un crimen que presuntamente cometió cuando tenía 17 años y después de haber alegado que fue torturado para obtener la confesión. Su ejecución, impuesta para el pasado 19 de febrero, no se llevó a cabo, pero fue trasladado a un lugar no revelado. Después de casi cinco meses sin conocer su paradero, su familia finalmente pudo hacerle una visita a prisión. Amnistía Internacional pide que se celebre un nuevo juicio justo para Saman. Como él, personas como Salar Shadizadi, condenado a muerte por asesinato a los 15 años, o el preso de conciencia, Mohammad Ali Taheri, esperan el el corredor de la muerte. Represión a activistas En Irán, decenas de presos políticos, presos de conciencia, abogados, periodistas, miembros de minorías étnicas o religiosas, sindicalistas o activistas, permanecen en prisión. Con las medidas impuestas en el Código Penal Islámico, adoptado en mayo de 2013, los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica se han visto restringidos. La defensora de derechos humanos, Narges Mohammadi, detenida en la prisión de Teherán en malas condiciones de salud y a la que se le ha denegado el tratamiento especializado que necesita, fue arrestada, según Amnistía Internacional, que la considera una presa de conciencia, solamente por ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, por lo que debe ser puesta en libertad de inmediato y sin condiciones. A esta represión que acaba con la detención de decenas de personas, se une la falta de juicios justos en el país, especialmente de aquellos que tienen lugar en los Tribunales Revolucionarios, con competencias para delitos contra la seguridad nacional y aquellos relacionados con las drogas. La activista Atena Daemi, de 27 años, lo sabe bien: fue sentenciada a 14 años por su activismo en un juicio que duró 15 minutos y que se realizaba al mismo tiempo que otros tres. Ciudadanas de segunda Las mujeres y las niñas son las que más sufren la discriminación en Irán, especialmente después de la introducción de dos controvertidos proyectos de Ley en el Parlamento, que, de aprobarse, reducirían su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Por un lado, el Proyecto de Ley para aumentar las tasas de fecundidad y prevenir la disminución de la población (Proyecto de Ley 446) prohíbe la esterilización voluntaria, considerado el segundo método anticonceptivo moderno más habitual en Irán, y bloquea el acceso a la información sobre métodos anticonceptivos, negando así a la mujer la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre tener hijos. Unida a la eliminación de la financiación por el Estado del programa de planificación familiar de Irán que hasta 2012 proporcionó a millones de mujeres acceso a medios anticonceptivos modernos y asequibles, esta medida tendría sin duda como consecuencia un mayor número de embarazos no deseados, lo que obligaría a las mujeres a someterse a abortos ilegales y en condiciones de riesgo. Por otro lado, el Proyecto de Ley integral sobre población y exaltación de la familia (Proyecto de Ley 315), incrementaría la discriminación, especialmente de aquellas mujeres que eligen o que no pueden tener hijos o casarse, ya que pide a las instituciones privadas y públicas que prioricen, por el siguiente orden, a los hombres con hijos, a los casados sin hijos y a las mujeres casadas con hijos a la hora de acceder a los puestos de trabajo. A estas medidas legislativas, se añade la falta de acceso a preservativos, que antes se dispensaban en consultas médicas urbanas y casas de salud rurales financiadas por el Programa de Planificación de la Población y la Familia de Irán, desembocaría también en un aumento de las enfermedades infecciosas de transmisión sexual, como el VIH. Por último, también la discriminación a las minorías étnicas y religiosas son una preocupación para Amnistía Internacional. Minorías religiosas, como la Baha'i, no reconocida por la Constitución iraní, sufren detenciones arbitrarias, juicios injustos, y persecución por practicar su fe. Amnistía Internacional pide las autoridades españolas que trasmitan estas preocupaciones y recomendaciones a los ministros iraníes, se interesen por los casos de los que alerta la organización, y contribuyan de esta manera a la mejora de la situación de los derechos humanos en el país.
