Madrid.- Amnistía Internacional ha llevado a cabo un nuevo análisis de los últimos datos disponibles sobre gasto sanitario en España y ha llegado a la conclusión, preocupante, de que un año más España no prioriza la inversión en salud para hacerla progresivamente superior cada año, tal y como indican las obligaciones internacionales contraídas. Al contrario: por segundo año consecutivo se ha producido una reducción en el gasto: en 2022 el gasto público en sanidad fue un 0,94% inferior al de 2021. La atención primaria, la puerta de entrada al sistema y de la que todos los organismos internacionales coinciden en señalar su importancia para conseguir la universalidad en el derecho a la salud, es una de las partidas más golpeadas: en 13 años, el nivel de inversión no solo no se ha incrementado, sino que aún no ha alcanzado la cifra previa a las medidas de austeridad, ya que es un 0,02% inferior a la de 2009.
Una de las consecuencias de esta falta de priorización son los tiempos de espera en atención primaria. Actualmente 7 de cada 10 personas en España tiene que esperar más de 48 horas para ser atendidas por falta de disponibilidad de citas. En el año 2023 sólo se han atendido en las primeras 24 ó 48 horas el 21,43% de las peticiones de consulta en atención primaria. El 69,8% de citas se atendieron después por falta de disponibilidad, llegando, en la mayoría de los casos (más del 50%), a ser atendidas pasada una semana.
“Sin la financiación adecuada, sin la priorización del gasto público en salud, y sin que las Comunidades Autónomas lo aterricen en una inversión adecuada y progresiva en el sistema público de salud el derecho a la salud de la sociedad española estará cada vez más en riesgo", señala Teresa García del Vello, responsable del trabajo sobre derechos económicos, sociales y culturales en Amnistía Internacional España y autora del informe.
“Han pasado trece años desde que se implementaron las denominadas medidas de austeridad, que conllevaron duros recortes en el gasto destinado a la sanidad pública y provocaron sufrimiento y dolor en las personas enfermas. También han pasado cuatro desde la pandemia. Pero las autoridades no reaccionan como deberían: incrementando el gasto sanitario público para cumplir con su obligación de progresividad en la adopción, tanto de los presupuestos generales del Estado como de los autonómicos. Esto es necesario, entre otras cosas, para hacer frente a los nuevos retos como futuras crisis sanitarias, o el cambio climático”, señala García del Vello.
Por Comunidades, los datos son igual de alarmantes: todas han destinado menos en gasto sanitario público en el año 2022 respecto a 2021, excepto la Comunidad de Madrid, que lo eleva un 2,04%. Las cuatro Comunidades con mayor pérdida son Castilla-La Mancha (-6,36%), Extremadura (-3,32%), Aragón (-3,31%) y Navarra (-3,15%).
Hay seis Comunidades que gastan menos en sanidad en el 2022 que en el 2009, y por lo tanto no se han recuperado de las medidas de austeridad: Castilla-La Mancha invierte un 11,17% menos en 2022 que en 2009, le siguen La Rioja (-7,17%), Extremadura (-6,69%), Asturias (-5,46%); Galicia (-4,73%) y Aragón (-1,51%).
Amnistía Internacional ha analizado también la variación del peso que el gasto sanitario público tiene en el gasto público en general. "La conclusión es la misma: la progresiva reducción del porcentaje de gasto público dedicado a sanidad es preocupante. Podemos ver que se reduce en 2022 respecto a 2019, pero también respecto a 2021. ¿Nos encaminamos a otra década perdida?", se lamenta García del Vello.
España también sale perdiendo en la comparativa europea. En el informe de la OCDE de 2023 se refleja que mientras que la media del PIB dedicado a gasto sanitario en la UE es de 11%, en España es de 10,7% en 2021. No es una excepción: los diferentes informes de la OCDE evidencian que en todos los años analizados se situaba por debajo.
Tiempos de espera interminables
La falta de progresividad en el gasto sanitario público se muestra especialmente en la atención primaria: en 2022 España tiene prácticamente el mismo nivel de gasto que en 2009, y en 2022 se observa una caída con respecto al año anterior de 2,06% a nivel estatal. Siete Comunidades Autónomas han disminuido, desde 2009, la cantidad destinada a gasto en atención primaria: Aragón (-15,22%), Extremadura (-11,50%), Castilla y León (-11,48%), Castilla-La Mancha (-9,78%), Galicia (-7,43%), Cataluña (-4,17%) y Comunidad de Madrid (-0,01%).
Además, las citas no urgentes no consiguen ser atendidas entre las primeras 24 y 48 horas, contraviniendo así los objetivos establecidos en 2019 en el Marco estratégico para la atención primaria y comunitaria aprobado por las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad. Y es que en todas las Comunidades Autónomas han aumentado su media de días de espera después de 48 horas en la comparativa con 2018. En 2018 el tiempo de espera medio en España era de 4,77 y en 2023 se sitúa en 9,12, es decir un incremento de espera de cuatro días en cinco años. En las que mayor incremento de días ha habido son Canarias, Andalucía y la Comunidad de Madrid.
Ser o no atendido pronto en un ambulatorio en España depende de algunas cuestiones como dónde vives. En el caso de Madrid, por ejemplo, ser la única comunidad que ha aumentado su inversión en 2022 con respecto a 2021 no se refleja en los tiempos de espera en atención primaria: y es, junto con Andalucía, una de las que tiene peor resultado respecto al porcentaje de citas atendidas pasadas las 48 horas con un 74%. Andalucía presenta un 78,08% de citas atendidas pasadas las 48 horas. Otro caso paradigmático es el de Canarias, puesto que, aunque ha aumentado la inversión en sanidad, el porcentaje de citas atendidas en las 24 y 48 horas desde 2018 no ha parado de descender, situándola como la Comunidad que más citas atiende pasadas las primeras 48 horas, con un 79,20%.
Algunos datos esperanzadores
Uno de los pocos indicadores que muestran buenos resultados son las ratios de personal médico en atención primaria por cada mil habitantes, que en 2022 han tenido un ligero aumento: del 0,78 con respecto al 0,77 de 2021 a nivel nacional. También la ratio de personal de enfermería aumenta ligeramente en 2022 con respecto a 2021 (0,7 frente a 0,66) a nivel nacional.
En este análisis, que la organización ha hecho llegar a todas las autoridades estatales y autonómicas correspondientes, Amnistía Internacional señala una serie de recomendaciones. Porque es cierto que desde el inicio de la XV Legislatura se han llevado a cabo algunas iniciativas positivas, como la creación de la Comisión de Atención Primaria y Comunitaria (CAPYCO), que aprobó en junio el reparto de 172 millones de euros que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). También la creación del Grupo de Trabajo de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud. O la tramitación del Proyecto de Ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud, actualmente en fase de enmiendas en el Congreso. Pero las diferentes autoridades todavía deben implementar una serie de medidas. Entre ellas, incrementar el gasto sanitario público para cumplir con su obligación de progresividad y priorizar e impulsar el gasto en la atención primaria.
Más información
Los datos sobre los que se ha hecho este análisis son del ejercicio de 2022, últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad a octubre de 2024. El pasado mes de febrero, Amnistía Internacional publicó el análisis sobre los datos de gasto sanitario de 2021, en un informe en el que ya alertaba de la falta de progresividad en la inversión en sanidad pública frente a la inversión en sanidad privada.
La organización tiene en marcha una campaña, Defiendetusanidad.org, para exigir a las autoridades sanitarias, tanto a nivel estatal como autonómico, un mayor compromiso con el derecho a la salud.
